Cargando...
La lucha con la necesidad básica de trasladarse de un lugar a otro desde hace tiempo condiciona el día a día de los cubanos. Pareciera que el asunto nos viene con la información genética, y que ni donativos de amigos foráneos, ni inventos criollos o las “tablas salvadoras” ahora aportadas por las mipymes pueden transformarlo.
En esas circunstancias, ni el Gobierno ni las autoridades locales se han quedado de brazos cruzados, y ensayan alternativas. Una de estas es la Resolución 207 del Ministerio de Transporte, al amparo de la cual las entidades estatales pueden prestar servicios de transportación de pasajeros y cargas a personas naturales, y arrendar vehículos subutilizados a particulares o nuevas formas de gestión.
En Camagüey existe un ejemplo de los beneficios de dicha norma, la cual con su aplicación ayudó a los choferes de la Empresa de Bebidas y Refrescos a que multiplicaran sus ingresos, hasta entonces menguados por el mal estado técnico de sus vehículos.
Allí la Resolución 207 contribuyó a que ocho camiones que estaban casi muertos volvieran a la actividad para trasladar materias primas y producciones terminadas y engrosar los fondos de salario y utilidad de la empresa. En el proceso, sus choferes se convirtieron en trabajadores por cuenta propia, arrendatarios de los equipos y responsables de su cuidado y mantenimiento.
Es necesario acotar que la ley no regaló los bienes del Estado, solo viabilizó una especie de préstamo que beneficia a ambos: la empresa asegura el movimiento de sus productos y el chofer garantiza su trabajo e, incluso, aumenta sus ingresos, pues cuando termina con su entidad puede contratarse con otros.
Aunque la normativa establece los requisitos a cumplir por arrendador y arrendatario, en la transportación de personas el control debiera prevalecer más, porque los choferes ponen las tarifas a su conveniencia y siempre en ascenso.
Esta Resolución coloca sobre la mesa opciones valederas para paliar el problema del transporte, pero sin control de lo estipulado reinará la anarquía y el afectado seguirá siendo el pueblo.
Arrendar o no, no es el problema. El cubano también necesita mejorar la movilidad urbana para trabajar, para vivir, y hacia allí deberán ir todas las buenas ideas que puedan ponernos en marcha.
si es factible arrendar lo que el arrendador debe dejar firme un buen contrato donde ambas partes salgan con beneficios,,esta claro que de la parte del arrendador es la garantia de un nivel de viajes diarios para la poblacion,con mas holgura en las tarifas,,,hay muchos medios que por su marca y modelo ya no son interes estatal