Brasil: renace la esperanza

Brasil, y gran parte de Latinoamérica, inician el año 2023 con la esperanza de que Luiz Inácio Lula da Silva, investido de presidente, pueda sanar al gigante surameri­cano. El desafío es grande para el fundador del Partido de los Traba­jadores (PT).

Con 77 años, y tras haber sufri­do en carne propia el poder impla­cable de la derecha, Lula sigue cre­yendo en el amor y en la fuerza de esa media nación que lo respaldó en las urnas. Recibe un país distinto al que gobernó en dos mandatos (2003-2011) y condujo hasta ocupar el sex­to lugar de la economía mundial.

Apenas una década después, Brasil ha caído al puesto decimo­segundo en ese ranking, muestra índices crecientes de pobreza y desempleo, mientras la proyección del producto interno bruto (pib) es poco alentadora para una de las naciones de mayor peso en América Latina.

Tras 19 meses de injusta prisión, y una vez exonerado de los cargos, Lula anunció que optaría por la presidencia una vez más. Llegó dis­puesto a reconstruir, a transformar al país. Sus promesas de campaña van de la mano de profundas refor­mas que buscan resolver, en primer lugar, el problema del hambre que, según la Red Penssan (profesiona­les de instituciones educativas y de investigación con sede en diferen­tes regiones de Brasil) podría afec­tar a los 125 millones de personas que hoy se encuentran en situación de inseguridad alimentaria.

Los mandatos del PT –Lula y Dilma Rousseff– impulsaron los programas Hambre Cero y Bolsa Familia, claves para sacar de la mi­seria a millones de brasileños. En el 2015 la Organización de las Nacio­nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao) eliminó al país del Mapa del Hambre. Seis años más tarde volvió a incluirlo.

Un reciente reporte de la Fao registró que 61,3 millones de brasi­leños (la tercera parte de la pobla­ción) no sabe cuándo podrá comer. De ese total, 15,4 millones pasa hambre y ha estado un día, o más, sin disponer de alimentos.

Tales cifras son, en gran medida, resultado de la decisión de Bolsona­ro y la derecha carioca de eliminar todo lo que recordara al PT, inclui­dos los programas sociales. Poco después se vieron obligados a ins­taurar un subsidio mensual para po­bres (600 reales, equivalentes a unos 115 dólares). Mantenerlo fue una promesa de campaña del mandata­rio saliente, aunque al parecer no pensaba cumplirla pues esa partida está ausente del presupuesto que ha dejado aprobado para el año 2023.

Ello explica por qué la prime­ra acción de Lula, aún antes de asumir, fue pedir al Congreso una enmienda destinada a suplir tal déficit en el gasto social. La ne­gociación avanzó en el legislativo durante el mes de diciembre y tam­bién fue respaldada por la Corte Suprema. Varios analistas conside­ran que su aprobación, tras no po­cas negociaciones, fue una primera e importante victoria para Lula.

Desafíos emancipadores

Pero no habrá miel sobre hojuelas. Da Silva asume en un contexto de crisis económica mundial, agrava­da por el mal manejo que hizo el Gobierno brasileño de la pande­mia. Hereda un país dividido, ex­tremadamente polarizado y des­estructurado en su política social, económica y de exteriores, al que se le ha desmantelado la participación de las organizaciones sociales en el Gobierno, declaró a Trabajadores Arlei Medeiros, secretario general de la Federación de Sindicatos Quí­micos de Sao Paulo (Fetquim).

El nuevo presidente tiene el de­safío de conservar la unidad del frente amplio que le dio el triunfo en las urnas: “Le corresponde ha­llar una solución con perspectiva emancipadora que le permita go­bernar y responder a las demandas del pueblo”, afirma Medeiros.

“Desde el punto de vista polí­tico y estratégico debemos reinser­tarnos en los grandes centros urba­nos, combatir el conservadurismo de derecha, llegar con presencia política a los servicios y programas sociales a través de una amplia or­ganización popular que propicie generar ingresos y reproducir la vida a partir de la creación de em­presas autónomas, sociales y creati­vas que se articulen en una amplia red de economía solidaria”, añadió el también miembro de la Central Intersindical de Brasil.

El perjuicio medioambiental es otra de las cuentas que Bolso­naro deja pendiente. Brasil ate­sora el 60 % de la Amazonía, ho­gar de millones de indígenas y una de las mayores reservas naturales del mundo. Poco hizo por prote­gerla. La plataforma del PT asegu­ra, en cambio que su “compromiso estratégico es buscar la cero defo­restación en la Amazonía y la cero emisión de gases de efecto inverna­dero en la matriz eléctrica”.

“Bolsonaro apostó por la agro­industria, mientras desarticulaba el sector industrial –agregó Me­deiros, quien también se desempe­ña como coordinador de la Red de Alimentos Agroecológicos–, ahora es preciso producir alimentos de forma asociativa y cooperativa, que lleguen directamente a la mesa de los trabajadores, sin veneno y sin destruir a la naturaleza”.

Sindicatos respaldarán el cambio

La estrategia anunciada por Lula devuelve protagonismo a las or­ganizaciones sindicales: “Seremos independientes y autónomos. Or­ganizaremos el apoyo a Lula para sostener los cambios, pero no acep­taremos ocupar cargos en el Go­bierno”, explicó Medeiros.

En su opinión, “los sindicatos no deben limitarse a sus intereses corporativos, tienen que pensar como clase y, especialmente, en aquellos que están fuera del merca­do laboral formal. Es necesario ge­nerar trabajos e ingresos, fomentar una economía creativa y solidaria basada en la articulación de redes con incentivos y recursos públicos, así como garantizar la sanidad, la educación y la seguridad social y pública con programas de amplia participación popular”.

En los últimos años varias agru­paciones denunciaron la criminali­zación de la protesta social-sindical, así como las nefastas consecuencias resultantes de la erradicación del Ministerio de Trabajo y del desmon­taje de los espacios de interacción del Estado con las centrales obreras, fe­deraciones y sindicatos.

La reforma laboral impulsada en el 2019 reforzó medidas de cor­te neoliberal tomadas por el ex­presidente Michel Temer dos años antes. La promesa de flexibilizar el mercado laboral y disminuir el desempleo no se hizo realidad. En cambio, debilitó la recaudación fiscal destinada a la seguridad so­cial y a programas como Seguro-desempleo.

El Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioe­conómicos aseguró que esa reforma benefició a empresarios, pero afec­tó a más de 12.5 millones de per­sonas, redujo la actividad sindical, facilitó el despido y limitó el accio­nar de los sindicatos.

Lula ha defendido la necesidad de revocar la ley laboral y otros marcos jurídicos regresivos que propician el despojo del patrimo­nio de las empresas estatales. Se ha opuesto, por ejemplo, a la privatiza­ción de Electrobras y ha dicho que buscará eliminar la política de pa­ridad de los precios internos con el mercado internacional que utiliza Petrobras, al que concede un rol es­tratégico en el cambio de la matriz energética con que sueña el nuevo Gobierno.

La banda presidencial que ha recibido Lula representa el rena­cer de la ilusión, pero solo los he­chos podrán mantenerla viva.