¿Inversiones frustradas o sangría legalizada?

Por Sergio Ferrari, colaborador de Prensa Latina

En los últimos 30 años ha aumen­tado la presión de los inversores extranjeros sobre los Estados lati­noamericanos y se multiplicaron los juicios por “incumplimientos” de parte de estos. De seis casos conoci­dos en 1996, pasaron a mil 190 en la actualidad.

En dicho período, los Estados fueron condenados a pagar 33 mil 638 millones de dólares, que se esfu­maron así del erario público. Según el Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam, Países Bajos, esa cifra representa un tercio más que las pérdidas por causa del im­pacto de las catástrofes climáticas en el continente entre 1970 y 2021.

Según el reciente informe elabo­rado por Bettina Müller y Luciana Ghiotto, del equipo de investigado­ras del TNI, Argentina, Venezuela, México, Perú y Ecuador, con 211 demandas en su contra promovidas por empresas multinacionales, son los países que han soportado una mayor presión jurídica en estas últi­mas tres décadas.

Los Tratados Bilaterales de In­versiones (TBI) son los instrumen­tos que permiten tramitar estas demandas. Tienen como objetivo proteger la seguridad jurídica de los inversores pero, como lo explica la organización española Ecologistas en Acción, suelen incluir una serie de disposiciones siempre favorables a las transnacionales y que impi­den, por ejemplo, las expropiacio­nes directas o indirectas y rara vez incorporan alusiones a los derechos humanos.

Sin duda, la disposición más perniciosa es la relativa a la Solu­ción de Diferencias entre Inversores y Estados (SDIE). Si una empresa considera que un Estado no ha cum­plido con una u otra cláusula de un acuerdo, puede esquivar la justicia de dicho país y denunciarlo ante tri­bunales internacionales.

Las instancias a que suelen re­currir las grandes empresas son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que es el más solicitado; la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacio­nal; y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDM).

Las tres pueden dictar senten­cias de indemnizaciones a favor de los inversores, que en la mayoría de los casos incluye el lucro cesante, es decir, los beneficios que los em­presarios estiman que han dejado de percibir debido a cualquiera de las medidas tomadas por el país de­mandado y que el acusador conside­ra lesiva a sus intereses.

Estos acuerdos, calificados por la organización ecologista española como “una herramienta fundamen­tal para la globalización liberal”, tienen al menos tres elementos a su favor: enunciados sumamente va­gos, lo que permite enjuiciar a un Estado casi por cualquier motivo; métodos opacos y para nada trans­parentes utilizados para resolver los procesos y; como señala Ecologistas en Acción, “la unidireccionalidad y exclusividad del SDIE”, ya que los inversores pueden denunciar a los Estados, pero no sucede a la inversa.

Según el informe del TNI, en los últimos 30 años, las 327 demandas contra Estados latinoamericanos y caribeños representan una cuarta parte del total de las acusaciones promovidas por las multinacionales en todo el mundo. En el continen­te, la gran mayoría (86,8 %) fueron iniciadas por inversores estadou­nidenses, canadienses y europeos. Entre los europeos, principalmente originarios de España, Países Ba­jos, Gran Bretaña y Francia. Tres de cuatro demandas fueron presenta­das ante el CIADI, que es una de las cinco organizaciones del Grupo del Banco Mundial.

Los resultados hablan por sí mismos: las empresas les han gana­do a los Estados en el 62 % de los casos resueltos, ya sea por un laudo favorable o por haberse beneficia­do de un acuerdo de partes. De los 42 países de América Latina y el Caribe, 23 han experimentado el rigor del sistema internacional de arbitraje. Particular saña se expre­sa contra Argentina (62 demandas); Venezuela (55); México (38); Perú (31) y Ecuador (25).

Este mecanismo de enjuiciar a los Estados de la región se intensi­ficó entre el 2011 y 2021, período en el cual se duplicaron las demandas. Estas corresponden mayoritaria­mente a multinacionales que operan en los sectores de la minería y la ex­tracción de gas y petróleo. También tocan de forma significativa a em­presas que lucran con gas, electrici­dad y manufactura en general.

Argentina, con el 87 % de sus juicios perdidos, es el país del con­tinente que sufrió más derrotas ante ese tipo de tribunales. Tiene el récord de lo que pagó en una sola causa: 5 mil millones de dólares a la empresa española Repsol en un acuerdo de partes. Las demandas resueltas en su contra han significa­do 9 mil 222 millones de dólares que debió entregar a los inversores.

Venezuela, la segunda nación más sancionada del continente por los tribunales internacionales ha visto que el 64 % de las deman­das en su contra se han resuelto en su contra. Tiene a su haber el lau­do más costoso de la región: en el 2019 el Tribunal del CIADI le or­denó pagar 8 mil 366 millones de dólares a la transnacional Conoco Phillips.

El Transnational Institute ha constatado que los Estados casi siempre resultan perdedores. Aun en los casos en los que los tribunales de arbitraje fallan a su favor deben desembolsar millones de dólares para contratar firmas de abogados defensores que pueden cobrar has­ta 1 000 dólares por hora de aseso­ramiento. Caso emblemático el de Ecuador, que hasta el 2013 había gastado 155 millones de dólares para garantizar su defensa jurídica y pagar gastos producto del arbi­traje.

Hasta el momento los tribuna­les han condenado a las naciones del continente latinoamericano a desembolsar 33 mil 638 millones de dólares. Según cálculos de las Naciones Unidas con ese dinero se podría resolver el drama de la ex­trema pobreza en 16 de las naciones del continente: “El monto represen­ta más que la deuda externa de El Salvador, Nicaragua y Belice juntos (valores del 2020) y un tercio más que el total de las pérdidas que so­portó la región entre los años 1971 y 2021 debido a las catástrofes climá­ticas”, argumenta el TNI.

En cuanto a las demandas pen­dientes (solo se conoce lo que las empresas reclaman en 44 de los 96 casos abiertos) les podría significar pérdidas adicionales por 49 mil 626 millones de dólares a América Lati­na y el Caribe. Realidad contunden­te y dramática de un combate insti­tucionalizado desigual.