Cargando...Por: Luis Alberto Laborda, periodista de origen argentino, radicado en Canadá desde 2004.
La Argentina es referida frecuentemente como un país rico o pobre, según la visión del interlocutor de turno. Esa aparente contradicción encierra una verdad: se trata de un país desigual, tanto en la distribución de la riqueza como en las posibilidades de desarrollo y bienestar que ofrece a cada uno de sus habitantes.
La provincia de Jujuy, en el norte del territorio, es considerada como una de las menos favorecidas; aunque allí la situación se repite, con una minoría de alto poder adquisitivo, ligada generalmente a la producción agrícola ganadera y a la explotación de los recursos naturales, por una parte y, del otro lado, una franja importante de la población, en algunos casos de raíces indígenas, cuyas necesidades básicas no son cubiertas.
En ese contexto, años atrás, una militante social llamada Milagro Sala inició un trabajo para mejorar la situación de vastos sectores de habitantes históricamente postergados.
Por medio de la agrupación Tupac Amaru, creada en 2004 a partir de la iniciativa de un grupo de mujeres, se lanzó una iniciativa para la construcción de viviendas, pero en lugar de recurrir a una empresa especializada se decidió formar a los propios pobladores para la tarea.
El dinero que ellos recibían parecía que valía más que el de las empresas privadas, porque le daban más cosas a la gente. Convertida en cooperativa, la entidad generó fuentes de trabajo, brindó cursos de capacitación y produjo sus propios insumos. El proceso generó un excedente monetario que fue volcado a la creación de centros de atención sanitaria, escuelas, espacios públicos de recreación y, junto a otras organizaciones sociales, llegó a ser el tercer empleador en la provincia, detrás de la administración de gobierno y de los ingenios azucareros.
En 2016, el entonces gobernador Gerardo Morales, de la centroderechista Unión Cívica Radical, aliada del gobierno federal del empresario Mauricio Macri, reclama y logra el encarcelamiento de Milagro Sala, acusándola de haberse apropiado de fondos públicos, ya que una parte de la acción de la cooperativa se había llevado a cabo con el aporte inicial de fondos de la anterior administración nacional.
Gerardo Morales ordenó la detención de Milagro Sala y de otros dirigentes sociales y de cooperativas. A pesar de un fallo judicial que la absolvió, la militante sigue aún detenida, debido a que una cadena de acusaciones, impulsadas por el poder provincial, ha creado una maraña judicial que hasta el momento no ha encontrado resolución.
Según sus defensores y adherentes, Sala cometió el peor de los “crímenes” que se pueden cometer en una provincia como la suya: señalar que la indefensión del grueso de la población obedece a intereses económicos de la clase dominante y conservadora local.
El movimiento cooperativo se propuso demostrar que la población de Jujuy podría mejorar sus condiciones de vida, rompiendo el círculo de acumulación de los grupos económicos concentrados y no dependiendo de la “caridad” de estos para satisfacer sus necesidades más básicas.
La situación puede ser también analizada en el marco de un esquema social donde el poder es detentado por una minoría blanca que, históricamente, ha usado a la población de origen indígena como “mano de obra barata” y a la que siempre ha mirado y tratado con desprecio.
La Tupac Amaru, liderada por Sala, una mujer indígena colla, vino a poner en tela de juicio la forma de hacer política en su provincia.
En 2018, el primer ministro canadiense Justín Trudeau visitó Argentina, donde en encuentros privados y públicos se pronunció sobre la situación de Milagro Sala y reclamó que se cumpliera con la ley, aplicando la decisión judicial que la había absuelto de las acusaciones en su contra. Pero una vez retornado a Canadá, el mandatario no volvió a referirse al caso.
Los datos oficiales en Argentina dan cuenta de 82 emprendimientos mineros, muchos de los cuales cuentan o han contado con la participación de inversiones de origen extranjero. Varias de esas explotaciones se encuentran en la provincia de Jujuy, que junto con Bolivia y Paraguay constituye un reservorio de litio, mineral utilizado con fruición en la industria, sobre todo para la fabricación de baterías para teléfonos móviles.
En 2018, Canadá tenía inversiones en 49 yacimientos mineros en Argentina y, en febrero de 2020, 12 compañías mineras canadienses tenían presencia en Jujuy. Numerosas entidades y personalidades propugnan para que Canadá utilice esa situación y reclame a la Argentina el cumplimento de la ley, devolviendo la libertad a Sala. (Tomado de Radio Canadá Internacional)
