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Cargando...A pesar de que llevaba meses trabajándola, poco duró la presidencia de Perú a Manuel Meriño. Este domingo, luego de protestas multitudinarias y apenas cinco días en el cargo, se vio obligado a renunciar de manera “irrevocable”. El pedido le llegó del mismo Congreso que lo llevó al poder.
En septiembre pasado estuvo cerca de conseguirlo, tras el primer conato de vacancia contra Vizcarra, pero se supo de sus contactos para “organizar el traspaso” del poder con altos oficiales de las Fuerzas Armadas aun antes de que el Congreso votara contra Martín Vizcarra. El efecto sicológico de rechazo que generan los años de dictadura militar en el Perú explicó el cambio de actitud de no pocos parlamentarios que en esa ocasión dieron un paso atrás y salvaron a Vizcarra, pero solo por unos meses.
Meriño siguió labrando su camino. Diversas fuentes peruanas lo vinculan a una supuesta organización civil denominada Coordinadora Republicana en la que milita la oligarquía más conservadora, racista, machista, homofóbica, “desde el fujimorismo hasta las grandes empresas mineras, pasando por el Opus Dei”, afirma José Carlos Llerena, militante de ALBA Movimientos, Capítulo Perú y perteneciente a la organización social y política popular La Junta, quien fue entrevistado por TeleSur.
Finalmente, el 9 de noviembre, el Congreso aprobó la nueva moción de vacancia. Según las leyes peruanas, para pedirla basta que al menos el 20 % de los 130 legisladores esté de acuerdo. Si es el 40 %, se admite; y si llegan al 66 % (87 parlamentarios) pueden aprobarla automáticamente. Por la de Vizcarra votaron a favor 105.
El argumento empleado fue “incapacidad moral permanente”, figura legal que tiene su origen en la constitución de 1839 y que ha sido reiterada en las 10 posteriores, incluida la vigente, de 1993. El concepto es amplio y vale por igual para enfermedad, muerte o prestigio, y propicia el “uso constitucional antojadísimo de las leyes” que se dio contra Vizcarra, explicó Llerena.
Martín Vizcarra había asumido en marzo del 2018 luego que su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), con quien hizo dueto y ganaron en los comicios de 2016, enfrentara dos pedidos de destitución y que en el segundo renunciara para ahorrarse el mal rato ante el Congreso.
Casualmente Vizcarra también enfrentó dos procesos de vacancias. Eludió el primero pero funcionó el segundo, concebido por sus enemigos políticos tras conocerse declaraciones de “colaboradores eficaces” de la Fiscalía quienes aseguran que recibió, cuando era presidente regional de Moquegua (2011-2014), coimas por la licitación de dos obras por parte del llamado “club de la construcción”, un cártel de empresas constructoras, peruanas y extranjeras, que se dedicaban a ganar licitaciones públicas de grandes infraestructuras, muchas de ellas subastadas por el Ministerio de Transportes.
Vizcarra negó tales acusaciones —“Salgo del palacio de Gobierno como entré hace 2 años y 8 meses, con la frente en alto”—, pero sabía que la vacancia era una jugada cantada en una instancia donde tenía más enemigos que aliados y en la que más del 50 % de sus congresistas son investigados por actos de corrupción.
Es así como asume Meriño, hasta entonces presidente del Congreso, y a quien le correspondía la gubernatura según la cadena de mando. Pero el sueño hecho realidad le duró poco, tras seis jornadas consecutivas de manifestaciones cruelmente reprimidas en la que el sábado se reportaron las dos primeras víctimas mortales, y también hay un número indeterminado de heridos y desaparecidos, el mismo Congreso que lo coronó sugirió que diera un paso al lado.
Meriño tiene un largo historial político junto a Acción Popular (AP), uno de los partidos más antiguos del país. Fue vicepresidente del Congreso entre 2011 y 2012. Volvió a ser electo en septiembre del 2019 y asumió el mandato de la cámara legislativa el 16 de marzo de 2020, el mismo día que se decretó en Perú la emergencia por la pandemia de la Covid-19, enfermedad que hoy tiene allí la segunda más alta tasa de mortalidad del mundo.
El caso revela la falsedad de un sistema político pluripartidista y supuestamente democrático en el que una nación como Perú, con 30 millones de habitantes, puede llegar a la presidencia un hombre cuya agrupación política no superó los 5 mil votos en los más recientes comicios. “Parece una broma”, como bien dijo Llerena.
A pesar de la renuncia, Meriño sigue siendo congresista, presidente del Congreso e integrante de la Mesa Directiva del mismo, compuesta además por otros tres legisladores, dos de los cuales han presentado su dimisión este domingo.
Para levantar a la Mesa Directiva en pleno, como piden ya algunos manifestantes, se quieren 66 votos del Congreso. Esa instancia cobra ahora una relevancia especial pues su presidente o presidenta asumiría automáticamente las funciones de la Presidencia de la República, según explicó a la BBC el docente y abogado Heber Campos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Perú tiene previsto realizar elecciones presidenciales en abril del 2021, y el traspaso debe ocurrir en julio, pero no pocos analistas han advertido que esos comicios podrían ser pospuestas debido a la gravedad de la pandemia, circunstancia que permitirían a las fuerzas de derecha diluir el efecto organizativo y movilizador que han tenido las recientes protestas entre las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, campesinas…, entre las que va cobrando fuerza la idea de que en el país la crisis es política y también de Estado.
Entre los analistas del caso peruano que así opinan destaca el abogado, teólogo y antropólogo Itzamná Ollantay, quien defiende la idea de que el nuevo modelo de democracia necesita “mecanismos de participación que no privilegien necesariamente a los partidos políticos. El hecho que todos los ex gobernantes peruanos, desde inicios de la década de los 90 del pasado siglo, estén encarcelados, procesados penalmente, o se hayan suicidado para evitar la cárcel (como Alan García), es un indicativo que lo que el Perú vive actualmente no es una crisis política, sino una crisis de Estado. El debilitado Estado peruano criollo, aparte de no velar por los intereses de todos los y las peruanas, funciona como un apéndice patrimonial de la oligarquía peruana. Es insuficiente una nueva elección de gobernantes. Urge un nuevo ordenamiento constitucional.”
Algunos analistas opinan que en Perú crece el reclamo de una Constituyente consensuada, plural, participativa, redactada por una Asamblea que de cobijo a todos los pueblos y sectores del país. Desde el punto de vista económico, se impone el reclamo antineoliberal de tener un Estado fuerte, protagonista, que redistribuya las riquezas nacionales con justicia y ponga frenos a “la voracidad inmoral del empresariado transnacional”. También se exige acabar con los privilegios de inmunidad a gobernantes y congresistas, así como amparar y reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Tal como atestigua Llerena, el pueblo de Perú permanece en las calles, indignado: “Al inicio estuvo la movilización caracterizada en su mayor cantidad, por lo que vendría a ser la izquierda, que no tenemos la fuerza que quisiéramos tener, pero ahí estuvimos. Después (…) vino a participar la juventud que se moviliza por una narrativa de anticorrupción y antifujimorismo, que sobrepasa a la izquierda porque llega hasta grupos que no coinciden con nuestra agenda de proyecto nacional y popular, pero que es grande (…). Poco a poco se van moviendo más personas, pero no es en defensa de Vizcarra ni en un pedido a Meriño. La consigna es clara, “Fuera Meriño”, “Abajo el golpe”, y se comienza a escuchar otra consigna más estratégica: por una Asamblea Constituyente”.
Últimos presidentes peruanos defenestrados
Alberto Fujimori (1990-2000): Devino en dictador con el autogolpe de 1992. En noviembre del año 2000 escapó a Japón desde donde renunció vía fax antes de que el Congreso aprobara su destitución. En 2009 fue condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad.
Alejandro Toledo (2001-2006): Imputado en el caso Odebrecht por recibir unos 30 millones de dólares para favorecer a la constructora brasileña. Estuvo tres años prófugo de la Justicia en California, EE. UU., donde fue arrestado en julio de 2019. Cumple prisión domiciliaria mientras se espera su extradición.
Alan García (1985-1990 / 2006-2011): Afrontó diversas acusaciones de corrupción durante su último mandato. Procesado en la causa Odebrecht por presuntos sobornos en la construcción de un tren, se suicidó en abril del 2019.
Ollanta Humala (2011-2016): En julio de 2017 fue condenado a 18 meses de prisión (preventiva) por esta implicado en un caso de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Se le acusa además de haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Se encuentra en libertad condicional a la espera del juicio, pero recientemente anunció su candidatura a la presidencia de cara a los comicios del 2021.
Pedro Pablo Kuczynski, PPK (2016-2018): Renunció la víspera de que el Congreso votara su destitución debido a sus vínculos con la trama de corrupción de la constructora Odebrecht. Permanece bajo arresto domiciliario por presunto lavado de dinero. Se le acusa además de haber recibido 782 mil dólares de la empresa brasileña.
Martín Vizcarra (2018-2020): En marzo del 2018 asciende a la presidencia del país tras la renuncia de PPK. En septiembre amenaza con disolver el Parlamento por el boicot a sus reformas anticorrupción, las cuales lleva a referendo en diciembre y gana con el 90 % de apoyo. En julio del 2019 pide la renuncia al Congreso y así adelantar elecciones presidenciales y parlamentarias. No aceptan. El 30 de septiembre disuelve el Congreso y este, a su vez, lo suspende del cargo. Finalmente, el Tribunal Constitucional da la razón a Vizcarra. En enero del 2020 Perú elige un nuevo Congreso, lo encabeza Manuel Meriño. El 9 de noviembre el parlamento aprueba su vacancia debido a “incapacidad moral permanente”. Asume entonces Meriño, quien fue presidente por cinco días.
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