Bolivia, el desafío mayor (Especial)

El 47 % de la población de Bolivia mayor de 15 años pertenece a identidades originarias de América, mayormente quechuas y aimaras, pero también hay otras, lo cual explica por qué en el 2009 la nación se constituyó en Estado Plurinacional.

Pero no fue hasta finales del 2005 que un representante indígena, orgulloso de esa herencia ancestral, arribó a la cúspide del poder en un modelo político de república impuesto desde afuera y que ha terminado por consolidarse como norma casi universal.

Se trata de Evo Morales, quien llegó a la política desde un afluente transversal, los sindicatos. Su marco de referencia cultural e ideológico lo vincula de manera insoslayable con los oprimidos, los silenciados, los negados… Y en función de ellos gobernó.

El 10 de noviembre del 2019 tocó fondo la crisis interna que se venía gestando desde años atrás y que enfrentó en sucesivas y desgastantes batallas a defensores de un proyecto más justo e inclusivo para todos con los dueños tradicionales del capital económico y político.

En ese contexto, Evo se vio obligado a renunciar y exiliarse, primero en México, luego en Argentina, donde permanece aún. Las hordas derechistas amenazaron no solo su integridad física y la de sus familias y aliados, sino que fueron con todo contra el MAS-ISSP y la carga simbólica de una nación que mostraba su valía y competencias, ya no solo en el ámbito de la cultura, sino también en el de la ciencia, la economía, el desarrollo sostenible.

Casi un año después, nadie duda del tamaño favor que prestó la OEA del reversible Luis Almagro, ni que oscuras fuerzas nacionalistas y racistas optimizaron los rencores y temores de una parte de la población boliviana contra lo que estaba demostrando ser la mejor opción para el pueblo.

Nacionalizar para tener

Uno de los primeros decretos aprobados por Evo al asumir la presidencia en enero del 2006 fue el # 28701, conocido como Héroes del Chaco, donde hizo valer la voluntad popular expresada en el referendo del 18 de julio del 2004 a través del cual Bolivia recuperaba el control total de los hidrocarburos. Fue la tercera nacionalización de los mismos recursos en menos de un siglo.

La primera tuvo lugar en 1937, cuando se supo que la Standard Oil, una de las petroleras más grandes y poderosas del mundo, contrabandeaba petróleo boliviano a Argentina para venderlo a Paraguay durante la Guerra del Chaco. La compañía estadounidense robó de esa forma más de 9,2 millones de barriles y la confiscación de sus bienes se convirtió en el primer proceso nacionalizador del sector petrolero en el continente, poco después tuvo lugar el de México.

Años después, el 26 de octubre de 1955, el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro, aprobó el Código de Hidrocarburos o Davenport (por el nombre de la oficina de abogados de EE. UU. que lo elaboró), donde se establecía que “para superar las persistentes dificultades financieras que sufre el país y crear las condiciones necesarias para un amplio desarrollo de la economía nacional, es indispensable la explotación inmediata y en gran escala de nuestra riqueza petrolera”.

El Código Davenport venía de la mano de un paquete estabilizador del Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluía a la Gulf Oil Company como supuesto mecenas. Gracias al entreguista acuerdo, la empresa recibió los yacimientos petrolíferos y gasíferos más productivos de Bolivia, por los cuales pagó la regalía más baja del mundo (11 %). Pero no les bastó, estafaron sistemáticamente al fisco: nunca tributaron por utilidades pues decían que equivalía al gasto en “inversiones” y tampoco por el factor “agotamiento” del recurso natural.

El exceso imperialista fue tan brutal que condujo a la segunda estatalización, ocurrida el 17 de octubre de 1969 bajo el gobierno del general Alfredo Ovando Candía, quien días antes había llegado a la presidencia a través de un golpe de Estado. En sus afanes nacionalistas estuvo recuperar para Bolivia el 90 % de las reservas de gas que manejaba la Gulf Oil.

Se suceden años de férrea dictadura militar, etapa en la que sobresale el mandato del general Hugo Banzer (1971-1978), quien promovió el retorno de voraces transnacionales. Más tarde, entre 1993 y 1997, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada impulsa varias leyes de perfil entreguista, entre ellas la de Capitalización y la de Hidrocarburos (# 1689), esta última define que los yacimientos bajo tierra son propiedad de Bolivia, pero los recursos, una vez extraídos, son propiedad de las empresas.

Estudiosos aseguran que el proceso de capitalización costó al país unos 21 mil millones de dólares y expandió la pobreza a niveles galopantes. Es precisamente contra esa página neoliberal que se rebela Evo Morales al proclamar, en el 2006, la tercera nacionalización de los hidrocarburos, que en los primeros 10 años generó el mayor ingreso de toda la historia económica nacional: 33 300 millones de dólares, solo por renta petrolera.

La redistribución de esas ganancias permitió financiar bonos y rentas sociales (Juancito Pinto, niños y jóvenes; Juana Azurduy, madres solteras; y Renta Dignidad, tercera edad), crear una red de cobertura de salud, educación, infraestructura vial y otras obras que redujeron la pobreza y mejoraron la calidad de vida de los bolivianos. En términos macroeconómicos, el pib boliviano evolucionó de 10 mil millones de dólares en 2005 a más de 40 mil millones en 2018 y 2019.

El falso amigo que siempre está

Según fuentes bolivianas, el gobierno de EE. UU. ha otorgado, de manera sistemática, asistencia financiera y militar a la nación suramericana desde 1946. El monto de la supuesta cooperación, canalizada a través de agencias y el Programa Estadounidense de Cooperación (USAID), supera los 5 mil millones de dólares.

Con la llegada del indio al poder, la relación neometrópoli-neocolonia comenzó a cambiar de matices hasta que en septiembre del 2008 ocurrió la ruptura total al conocerse de los vínculos de los agentes de la Agencia Antidrogas (DEA) y el embajador Philip Goldberg por con los secesionistas de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija que intentaban boicotear el gobierno de Morales y balcanizar el país.

En 2002, el embajador de EEUU, Manuel Rocha, dijo que si Bolivia elegía a Evo, no habría ayuda (económica) para el país. Hoy, el Departamento de Estado de EEUU me dice que renuncie a la candidatura. La historia de injerencia se repite. pic.twitter.com/dn65nUclB2

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 30, 2017

La lucha contra las drogas había sido identificada como asunto de   seguridad nacional para EE. UU. en 1968 por el presidente Richard Nixon. Se incorporó a la agenda militar en 1989, cuando George Bush declaró que el Departamento de Defensa lideraría esa batalla en el exterior. Casi una década después, en 1998, William Clinton la definió como primera prioridad en el hemisferio.

Desde entonces la presencia de agentes de la DEA en Latinoamérica y el Caribe se hizo habitual, en algunas naciones parecen actores naturales de la sociedad y no intrusos, pero tener al enemigo en casa conlleva, entre otros perjuicios, tolerar la aplicación extraterritorial de leyes estadounidenses y condicionar el ejercicio de la soberanía nacional a los intereses de EE. UU.

La táctica asumida por la DEA de erradicar los campos de coca convirtió a Bolivia en epicentro pues allí el cultivo es tradicional debido a sus múltiples y ancestrales usos. Documentos desclasificados posteriormente confirman que tales operativos sirvieron de pantalla para probar en la zona la llamada “guerra de baja intensidad”.

Tras esa fachada operaba el embajador Goldberg, quien por cierto ha mostrado el rostro más feroz del imperio en varias partes del mundo. Fue jefe de la misión en el ensangrentado Kosovo durante la guerra que desmembró Yugoslavia; luego estuvo en Bolivia hasta que Morales precipitó el fin de su misión. A Filipinas llegó en el 2013, donde tuvo fuertes controversias con el entonces mandatario Rodrigo Duterte.

De febrero a julio del 2018 encabezó la embajada en La Habana con la misión, bien cumplida, de continuar obstaculizando el acercamiento entre Cuba y EE. UU., misión en la cual resultó vital su respaldo a la absurda historia de los ataques sónicos. Desde el 2019 es embajador en Colombia, donde años atrás fue coordinador del Plan Colombia, que con el pretexto de combatir el narcotráfico amparó acciones militares y de espionaje en territorio suramericano.

La expulsión de Goldberg, la DEA de Bolivia y la USAID en el 2013, fue una medida soberana, valiente y oportuna que multiplicó el margen de gobernabilidad del presidente Evo Morales, y le ganó simpatías entre los antimperialistas de la región. En solidaridad, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, echó al embajador de EE.UU. en su país y pronunció la memorable frase de “Váyanse al carajo, yankees de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Váyanse al carajo 100 veces».

Un paso adelante, tres atrás

El crecimiento económico sostenido de Bolivia bajo la batuta del MAS tuvo un brusco freno al cierre del 2019. La crisis política y la entrada en acción de un Gobierno de facto que en lugar de estabilizar al país ha intentado dar el tiro de gracia a su más importante fuerza política, ha impactado profundamente en la vida económica de la nación, paralizó muchos de los proyectos de desarrollo previstos para el corto, mediano o el largo plazo y amenaza con abrir puertas, nuevamente, a la privatización neoliberal.

En julio del presente, por ejemplo, la presidenta de facto Jeanine Añez emitió un Decreto Supremo (# 4272), que plantea la privatización del agua, la luz, las telecomunicaciones y el transporte. “A este paso van a privatizar nuestro teleférico”, alertó Evo Morales al intervenir de forma virtual desde su exilio en una Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz.

Para muchos, el Decreto de Añez confirma la intención de desmantelar el Estado, y repartir empresas, recursos y proyectos entre unos pocos. Basta recordar la denuncia realizada a finales de agosto por el diario digital independiente boliviano Kandire acerca de la subasta realizada en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) de una parte del paquete accionario privado de la empresa estatal de telecomunicaciones Entel.

Entel, radicada en La Paz y fundada en 1965, funciona adscrita al ministerio de Obras Públicas y es la principal proveedora de un servicio vital para el desarrollo. Al amparo del Añez las pirañas del capital le han dado una primera mordida, y podría no ser la última.

Otra consecuencia del golpe recordada por la economista boliviana Fátima Zambrana ha sido la afectación directa a empresas importadoras que se han visto obligadas a pagar elevadas multas por concepto de sobreestadía de contenedores en los puertos. Esta realidad expone la ineficiente capacidad organizativa y de respuesta de quienes deben coordinar una labor tan sensible para un país que desde hace mucho reclama una salida propia al mar.

Propuestas de cara al XXI

“Para generar una redistribución del ingreso, necesitamos nuevas fuentes. El impuesto a la riqueza es una de ellas. Planteamos un impuesto de los que tienen, para beneficiar a los que no tienen”, insiste Luis Arce Catacora  en una de las últimas entrevistas previas a los comicios generales.

Arce, quien fuera ministro de Economía durante la mayor parte de los mandatos de Morales, ha recibido la misión de recomponer lo que quedó del Movimiento al Socialismo luego del golpe de Estado, recuperar la presidencia y desde ahí reimpulsar el modelo de desarrollo que define como económico social, comunitario y productivo.

Durante la campaña reiteró su apuesta a la industrialización, proyecto gracias al cual construyeron y modernizaron las plantas de Separación de Líquidos, en Río Grande, y de Gas Licuado Natural, en Santa Cruz (este), la Carlos Villegas, de Tarija (sur) y la de amoniaco y urea de Cochabamba (centro), por solo citar algunos ejemplos vinculados al sector de los hidrocarburos.

La caída del pib en este momento está en -8 por ciento. Si esto sigue así y no hay medidas correctivas podemos llegar inclusive al -11 %, se ha lamentado Arce.

“Necesitamos que nuestro país recupere su economía que tenía hace años”, afirma con esa voz ancestral que distingue a los pueblos originarios de Suramérica Jorge Araujo Gutiérrez, taxista que ha puesto sus esperanzas en el retorno del MAS al Gobierno.

En los últimos meses el pueblo ha sentido un golpe muy fuerte en su economía. Vamos a reconstruir lo que se ha destrozado. Nuestro gobierno devolverá la estabilidad a #Bolivia. #VamosASalirAdelante pic.twitter.com/o0htGop5SZ

— Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 13, 2020

El economista Mauricio García, egresado de la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia y con estudios en filosofía política, ha dicho el país entró en una «tormenta económica compleja», agravada por los efectos de la COVID-19 que se suman al desplome de los precios del petróleo, a la onda expansiva de recesión en EE. UU.; así como a las dificultades internas, entre ellas el mal manejo de las expectativas de crecimiento y las limitaciones para emitir más bonos debido al bajo nivel de liquidez y reservas.

Según expertos, exceptuando la propuesta del MAS-ISSP, el resto de las fuerzas políticas que hoy operan en la nación no han presentado una alternativa integral y viable.

Esperemos que la coyuntura actual y los resultados de las elecciones del 18 de octubre del 2020 no coloquen a Bolivia en el camino de una nueva oleada privatizadora, a la cual sucederá, sin duda, una cuarta nacionalización. Tal como corean hasta las piedras en la región andina, “lo que es del pueblo, al pueblo vuelve”.