Las verdaderas ganas de Trump

La noche del 2 de febrero de 1962, en vísperas de firmar la Proclama Presidencial 3447 que impuso el bloqueo a Cuba, John F. Kennedy pidió a su secretario de prensa Peter Salinger comprar todos los puros cubanos que encontrara en la ciudad de Washington. “Por lo menos mil”, dijo.

El entonces presidente de los Estados Unidos se había aficionado de muy joven, prefería los petit upmann, pero sus humidores atesoraban una variada colección de vitolas y marcas.

Cuando Salinger llegó a su oficina en la Casa Blanca en la mañana del 3 de febrero, el teléfono directo con el mandatario ya estaba sonando. De inmediato se presentó en la oficina oval e informó que la compra de mil 200 puros. Solo entonces Kennedy sacó el largo pliego que guardaba en una de las gavetas de su escritorio y firmó. Era el decreto que hacía ilegales los tabacos y cuanto producto cubano se comercializaba en EE.UU.

La historia fue contada por  William M. Leogrande y Peter Kornbluh en el libro Diplomacia encubierta con Cuba. Historia de las negociaciones secretas entre Washington y La Habana, editado en el 2015 por el Fondo de Cultura Económica de México.

Cincuenta y ocho años después solo hay perdedores en esa batalla. Entre ellos, en primerísimo lugar, los cubanos. Los habitantes del más grande archipiélago del Caribe fuimos convertidos en víctimas de una política que optó por potenciar la inconformidad interna como vía para derrocar a la Revolución.

Desde 1964 un informe de la Casa Blanca, desclasificado medio siglo después, reconoció que la estrategia empleada contra la mayor de las Antillas estaba errada: “Observábamos a Cuba equivocadamente y (…) la considerábamos controlable. (…) estábamos tan acostumbrados a pensar que existían ‘inmensas reservas de buena voluntad’ (…) y estábamos tan convencidos de la dependencia (…), que no pudimos reconocer la fuerza del orgullo nacionalista cubano, y, al parecer, nos resultó difícil tomar en serio tanto a Cuba, como a Castro”.

Impulsados más por las pasiones que por la jurisprudencia, EE.UU. se convirtió en violador de los principios básicos del derecho internacional al aplicar estrategias de guerra sin haberla declarado, pues el “bloqueo es un acto de guerra” y su empleo es posible únicamente entre Estados beligerantes, tal como quedó establecido en 1909 por la Conferencia Naval de Londres.

La Ley de Comercio con el Enemigo cuya aplicación Donald Trump prolongó un año más el pasado 10 de septiembre —igual han hecho los mandatarios precedentes desde que Kennedy firmara aquella proclama en 1962— habilita al mandatario para imponer medidas de emergencia económica en tiempo de guerra o ante la existencia de una amenaza a los intereses de seguridad nacional.

El bloqueo contra Cuba, codificado hoy en un amasijo de leyes y decretos por los legisladores Jesse Helms y Dan Burton, es una sanción unilateral de marcado carácter extraterritorial que contraviene tres principios y derechos fundamentales del Derecho Internacional: el de igualdad soberana, el de no intervención y el derecho a la nacionalización.

Este último, tan apelado cuando se trata de Cuba, es una expresión del derecho a la autodeterminación de los Estados, reconocido desde los albores del Derecho Internacional, y que fue refrendado por la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados de 1974, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas.

La resolución número 3281 o Carta Echeverría como también se le conoce por haber sido propuesta y promovida por el entonces presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, establece en su artículo 2.2 inciso c que “Todo Estado tiene derecho de nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros”. Añade que el que “adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado considere pertinente”.

Cuba ha reiterado su disposición a compensar a los propietarios estadounidenses siempre que se le permita comerciar con ese país y pagar con las ganancias derivadas de ello.

Esta semana el presidente Donald Trump hizo un guiño,  otro, al voto hispano (eso creen sus asesores) al anunciar ante los 23 sobrevivientes de la brigada mercenaria 2506, cuya derrota en Playa Girón sigue siendo una piedra en el zapato yanqui, que el Departamento del Tesoro prohibirá a los viajeros estadounidenses alojarse en propiedades cuyo propietario sea el Gobierno cubano. “También estamos restringiendo aún más la importación de alcohol y tabaco cubano”, afirmó.

We thank God for the blessings we share as citizens of the Greatest Country on earth – and we hope, pray, and work for the day when the people of Cuba can finally reclaim their glorious destiny! pic.twitter.com/GM5KA6DTZW

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2020

Esa la “megapenalización” a importantes sectores de la economía cubana no sorprende. Desde mucho antes Trump había incorporado a su retórica propagandística la idea de que “el tabaco y el ron financian a la dictadura”, por lo que algunos de los consumidores optaron por comprarlos directamente en la isla, sin fines comerciales, gracias a ciertas licencias aprobadas por su predecesor Barack Obama.

A pesar de la promesa del magnate de nunca negociar con el gobierno de “Castro”, según discurso pronunciado en la Florida en 1999, el 3 de marzo del 2010 Donald solicitó registrar la marca Trump (expediente CU /M/2008/000571) ante la Oficina de la Propiedad Industrial de Cuba.

La petición —a nombre de Donald J Trump, radicado en 725 Fifth avenue, New York 10022, Estados Unidos de América, representado legalmente por la abogada Leticia Laura Bermúdez Benítez— incluía el ámbito de los servicios financieros; negocios de bienes inmuebles; compra, venta, arrendamiento, financiación, administración, operación, alquiler de apartamentos, condominios y propiedades de tiempo compartido, comunidades de turismo; etcétera.

Según ese registro también le interesaba abrirse paso en el mundo de la educación (no autorizado por la ley cubana de inversión extranjera), el entretenimiento y  las actividades deportivas; además de campos de golf, galerías de arte, programas de televisión, juegos de casinos, así como servicios hoteleros, de restaurantes, café, cocteles y similares. En fin, una amplia cartera de potenciales y lucrativos negocios en Cuba.

El lunes 29 de octubre del 2018 expiró, de forma natural, ese registro de Trump sin que su propietario solicitara nunca la cancelación.

Así como Kennedy no pudo consumir todos los habanos comprados aquella noche de febrero de 1962 debido a un terrible magnicidio, Trump también se ha quedado con ganas de Cuba.