Cargando...Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, encabezó esta semana en el Palacio de la Revolución una reunión de chequeo al Programa de Prevención, Asistencia y Trabajo Social, que puso especial énfasis en el funcionamiento de los Centros de Protección Social para la Atención a las Personas con Conducta Deambulante.
Según detalló la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feitó Cabrera, en seis provincias del país existen instituciones sociales de este tipo, que “se dedican a la atención integral a las personas con conducta deambulante, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en estado de abandono o carecen de familiares obligados a prestar ayuda”.
Estos centros tienen un carácter temporal, aclaró. En ellos se hace una caracterización social de las personas, se les asegura protección, asistencia médica y rehabilitación, e incluso aseo y ropa. Entre sus misiones, agregó la titular, está garantizar la reinserción al medio social y familiar.
Esas instituciones no se nos pueden convertir en albergues, apuntó Feitó Cabrera. Cada caso tiene que llevar una solución, que puede ser el traslado a un hogar de ancianos, a un hospital siquiátrico o al seno de la familia obligada a la protección.
El funcionamiento de esas instituciones no ha sido homogéneo en todas las provincias, reconoció la Ministra. De ahí que en esta reunión de chequeo — que se realizó mediante videoconferencia con todos los territorios — se presentaran los principios generales para que cada uno de los Centros de Protección elabore sus reglamentos de funcionamiento.
Feitó Cabrera detalló cuestiones generales relativas a la estructura, las funciones de sus trabajadores sociales, las características del servicio médico y de enfermería, los medicamentos que allí se utilizan y el expediente social que debe conformarse para cada una de las personas.
Al respecto, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda consideró que cada provincia tiene que hacer un reglamento de funcionamiento que se ajuste a sus realidades. Asimismo, destacó el trabajo que en cada lugar debe realizarse, caso a caso, para dar la respuesta más oportuna y que sean menos los reincidentes que regresan a los Centros de Atención.
En el intercambio con los cuadros de los territorios, se conoció que la mayor de esas instituciones está en La Habana. Según detalló Reinaldo García Zapata, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, el centro capitalino tiene una capacidad para cerca de 500 personas, aunque el promedio ronda los 250, que provienen también de otras provincias. Este es un tema que se atiende con prioridad, aseguró, y está montado todo el sistema de trabajo con el Ministerio del Interior, con Salud Pública y los trabajadores sociales.
En la reunión también se abordaron otros asuntos como la incorporación al trabajo de los reclusos, la prevención del consumo de drogas en las escuelas cubanas y la atención a los jóvenes que abandonan los estudios en la universidad.
En este último aspecto, el Presidente cubano indicó aligerar los trámites que deben hacer los jóvenes, por ejemplo, cuando terminan el servicio militar y solicitan tierras en usufructo, o quieren acceder a algún empleo. Que toda la información y documentación puedan obtenerla en un mismo lugar, en una especie de sistema de “ventanilla única”, indicó Díaz-Canel.
Igualmente se presentaron los principales resultados del enfrentamiento a las ilegalidades e indisciplinas sociales durante el 2019, año en que las manifestaciones mayores estuvieron asociadas a la venta y acaparamiento de productos.
A raíz de ello, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, señaló que si hay un momento en que el enfrentamiento a esas conductas tiene que ser mayor es este que está viviendo la Isla, a partir de la compleja situación económica generada por el bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba. Tenemos que ser más exigentes, dijo, con las administraciones y quienes tienen la responsabilidad de cuidar los recursos del país.
(Tomado de presidencia.gob.cu)
