La lucha no termina aquí, dice Evo Morales

Mi pecado es ser dirigente sindical, ser indígena y ser antimperialista, dijo Evo Morales Ayma, ante las cámaras de televisión al renunciar a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, tras el golpe de Estado de la derecha opositora.

Explicó que su decisión tiene el propósito de detener la violencia incitada por los opositores Carlos Mesa (candidato perdedor en las elecciones) y Luis Fernando Camacho: “Estamos renunciando para que Mesa y Camacho dejen de perseguir y patear a mis hermanos de polleras, no queremos enfrentamientos (…). Todo por Bolivia, por la paz, y por la Patria”, afirmó.

“Duele mucho ver a bolivianos enfrentados”, sentenció.

El líder aymara recordó que el golpe de Estado comenzó el pasado 21 de octubre y que su decisión, así como la del vicepresidente Álvaro García Linera, no constituyen una traición al pueblo, “la lucha sigue, somos pueblo”.

“Estamos dejando una patria liberada, una nueva Bolivia en proceso de desarrollo”, aclaró y aconsejó a los jóvenes que “sean más humanos, más solidarios con la gente que los necesita”; mientras a los policías les recordó el origen humilde de la mayor parte de sus activos y les pidió: “No sean instrumento de la oligarquía capitalista”.

“No llegamos al Gobierno por ambiciones personales, aquí hemos llegado por la Patria, no por la plata, insistió Evo, no tengo por qué escapar, no robamos nada (…). Vuelvo a las zonas del Trópico, a Cochabamba, para estar con mis compañeros con los que continuaremos compartiendo experiencias en la lucha. Yo soy esclavo del pueblo”.

“El sistema capitalista no es una solución para la humanidad, el imperialismo es el peor enemigo —reafirmó Morales— aquí no termina la vida, la lucha sigue”.

Manifestó que Bolivia ha vivido un golpe cívico, político y policial. Convocó a la comunidad internacional a decir la verdad sobre lo sucedido y denunció que el informe preliminar de la OEA que habló de “irregularidades del proceso de escrutinio” en las elecciones del pasado 24 de octubre, priorizó las respuestas políticas frente a las técnico jurídicas que eran su real función.

Narró que días anteriores se supo que las fuerzas violentas habían ofrecido 50 mil dólares a quienes entregaran a Evo y a Álvaro. “Los hago responsables de lo que suceda”, dijo.

El vicepresidente Linera ratificó su lealtad: “Me siento orgulloso de haber sido el vicepresidente de un indígena, de un campesino”, y aclaró que: “Los grupos violentos han desconocido el orden constitucional y nosotros no vamos a restablecerlo a sangre y fuego. Estamos renunciando para que no ensangrienten nuestros campos y ciudades. El golpe de Estado se ha consumado”.

“Siempre estaremos del lado del más humilde, del pueblo, del trabajador, no los vamos a dejar solos. Más pronto que tarde Bolivia remontará esta etapa tan triste, dolorosa y perversa de ataque a la institucionalidad”, prometió García Linera.

“No destruyan Bolivia”, fue el mensaje de Álvaro “a los que nos han robado el voto”; e invocó la profecía de 1781 del cacique indígena aymara Túpac Katari: “Volveremos y seremos millones”.

El mandato de la dupla Evo Morales-Álvaro García Linera debía concluir el venidero 22 de enero del 2020, por lo cual la renuncia a la que fueron forzados representa una ruptura en el orden constitucional que empeora la actual crisis.

Según el artículo 93 de la Constitución de Bolivia, “en caso de impedimento o ausencia temporal del Presidente de la República, antes o después de su proclamación, lo reemplazará el Vicepresidente y, a falta de éste y en forma sucesiva, el Presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados o el de la Corte Suprema de Justicia”.

Pero la línea de sucesión se ha visto obligada a renunciar.  Al cierre de esta edición solo quedaba en el cargo la última opción: José Antonio Revilla, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Mientras grupos racistas celebraban la consumación del golpe  quemando la bandera Wiphala, símbolo de los pueblos indígenas reconocido como emblema patrio en la Constitución del Estado Plurinacional, personalidades del mundo, así como jefes de Estado y de Gobierno continuaban denunciando la ruptura del Estado de derecho en Bolivia y clamaban por la integridad física de Evo Morales, sus seguidores y equipo de Gobierno.

¿Quiénes son Mesa y el Macho Camacho?

Dos de las cabezas más visibles de la violenta oposición a Evo han sido el excandidato presidencial Carlos Mesa, de la agrupación política Comunidad Ciudadana, y Luis Fernando Camacho,  Macho Camacho, heredero de una rica familia santacruceña.

El 17 de octubre del  2003 mientras el entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, escapaba rumbo a Miami; Carlos Mesa, su vicepresidente, juramentaba como mandatario.

Según testimonio de medios locales, “todavía ardían las fogatas en las barricadas de las ciudades de La Paz y El Alto, y de rato en rato se escuchaban los estallidos de la dinamita de los mineros, cuando  el periodista e historiador juraba con la señal de la cruz y recibía la banda presidencial”.

Pero Mesa apenas pudo gobernar entre octubre del 2003 y mayo del 2005, siempre a la defensiva, bajo permanentes protestas sociales y con Evo Morales como principal opositor a las políticas neoliberales.

Lo que nadie ha cuestionado de los comicios de octubre del 2019 es que Mesa volvió a ser superado por el líder indígena.

Luis Fernando Camacho, apodado el Macho, es lo que en política se denomina un “emergente”  que logró aprovechar la circunstancia y organizó la oposición de Santa Cruz en torno a un Comité Cívico contra Morales.

Camacho tiene 40 años, es abogado, empresario y accionista del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., propiedad familiar con intereses, directos o indirectos, en las compañías Nacional Seguros Vida y Salud; Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas; Conecta; Tecorp; Xperience; Fénix Seguros; y el proyecto de Clínica Metropolitana de las Américas.

Según la revista digital La Resistencia Bolivia, Camacho padre compró la empresa paraguaya Fénix de Seguros y Reaseguros por 3,7 millones de dólares para expandir sus negocios y llegar a países como Paraguay, Chile y Argentina. También “era el dueño de la empresa que tuvo el monopolio de la distribución de gas en Santa Cruz, Sergas, y ciudades próximas como Montero y Warnes por 20 años, desde 1989 hasta el 2009, concesión otorgada en los procesos de capitalización y privatización por los gobiernos neoliberales”.

El pasado 31 de julio se radicó una denuncia contra  Luis Fernando Camacho, pues según el Informe de Conclusiones de la Comisión Especial de Investigación del caso Panamá Papers es intermediario y fundador de tres sociedades (Medis Overseas Corp., Navi International Holding y Positive Real Estate) creadas para  “coadyuvar a personas y empresas a esconder sus fortunas en entidades offshore, lavar dinero y establecer esquemas de evasión de impuestos”.

Su preeminencia entre el sector empresarial explica el rápido apoyo que recibió en los cabildos por parte de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

En las redes sociales se le ha acusado de tener deudas millonarias con el fisco. Se le conoce además por su fanatismo religioso que le lleva a proponer la criminalización de la homosexualidad y perpetuar la penalización del derecho al aborto.