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La Autoridad de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), reunida en sesión extraordinaria en Guadalupe, aprobó una Declaración de condena a la reciente escalada de presiones de Estados Unidos contra la Mayor de las Antillas.
El documento denuncia “la renovada intensificación en la aplicación de la Ley Helms-Burton por parte del Gobierno de los Estados Unidos a través de la decisión de levantar la suspensión del su Artículo III”, lo cual permitirá que demandantes de propiedades nacionalizadas luego del triunfo de la Revolución, puedan “entablar juicios contra entidades cubanas”.
Tal decisión de los Estados Unidos equivale a intensificar el “bloqueo económico y financiero” y “la amenaza de juicios por parte de entidades y personas (…) servirá como elemento disuasorio para las empresas internacionales que hacen negocios en Cuba”, asegura el texto.
“El mantenimiento por parte de los Estados Unidos del bloqueo económico y financiero contra Cuba socava la estabilidad, la paz y la seguridad de la región del Caribe”, aseguran los Estados miembros, lo cual les lleva a reiterar “el llamamiento que ha recibido un respaldo mundial para que se levante el bloqueo en su totalidad”.
“Si sumáramos la superficie de todos los países de la OECO—declaró a Trabajadores años atrás el entonces embajador de San Vicente y las Granadinas en La Habana, Dexter E.M. Rose—, tendríamos una extensión territorial de 3 mil 147 km cuadrados, menos que Cienfuegos, y una población de 636 mil habitantes. Nuestra fuerza está, por lo tanto, en la unidad”.
Tal unidad se ha reiterado a lo largo de los años de relaciones con Cuba, que ha sido “un amigo leal, comprometido y de principios, de nuestra Comunidad (…) nunca ha pedido nada a cambio y esto, señoras y señores, es la esencia de la amistad”, reconoció en 1995 el entonces primer ministro de Santa Lucía, Kenny D. Anthonym.
La OECO tiene como precedente a la Federación de Indias Occidentales de 1958. Años más tarde, el 18 de junio de 1981, los estados miembros firman el Tratado de Basseterre, ciudad capital de San Cristóbal y Nieves, donde se llevó a cabo la ceremonia inaugural.
Actualmente la OECO está integrada por siete países miembros plenos —Antigua y Barbuda, Mancomunidad de Dominica, Granada, Santa Lucía, Federación de San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Monserrat (colonia británica)— y dos asociados —Anguila e Islas Vírgenes Británicas (también colonias del Reino Unido)—.
El propósito fundamental de la OECO es consolidar su esquema de integración económica subregional a través de la implementación de los mecanismos contenidos en el tratado fundacional, cuya versión más actualizada entró en vigor el 21 de enero de 2011.
El nuevo pacto (Tratado Revisado de Basseterre) complementó el proceso de concertación política e integración de la OECO con el establecimiento de una “unión económica” que incluye una moneda común (dólar caribeño) y el diseño de un espacio financiero y económico para discutir y facilitar cambios constitucionales, políticos y económicos que permitan la participación efectiva de sus miembros en el sistema económico regional e internacional.
Entre los objetivos de la OECO también se halla lograr la armonización de las políticas exteriores de sus Estados miembros, promover la cooperación funcional entre estos, así como asegurar la seguridad y estabilidad en sus territorios.
