Cargando...Remediado en parte está el problema que se reseñó en el escrito ¿De qué viven los músicos en Las Tunas?, publicado en esta sección el 8 de mayo, en el que Leptis Valentín Pérez Pérez, secretario general del buró sindical de la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos Barbarito Diez de esa provincia, denunciaba los impagos a muchos de sus afiliados, quienes además, clamaban —y claman— por espacios que defiendan la música en vivo y generen fuentes de empleo.
La respuesta que se recibió a principios de julio es remitida por la ingeniera Nilian Rodríguez Escobar, directora de la entidad, quien sugiere más investigación y muestra inconformidad con algunas cifras citadas en el trabajo periodístico, aunque admite la legitimidad del querellante.
Aclara que “la deuda con los artistas locales ascendía a 514 mil pesos y con los foráneos a 220 mil pesos, y reconoce que eran cuentas pendientes por cobrar desde septiembre del año precedente, por concepto de fiestas populares en los municipios de Las Tunas, Amancio, Majibacoa y Jesús Menéndez”, debido al incumplimiento de los ingresos.
Sin embargo, no precisa quién o quiénes adeudaban, si bien se infiere que los contratistas son los gobiernos de cada localidad, cuya actuación laceraba las finanzas de la empresa, y como consecuencia dañaba su solvencia económica y disminuía la capacidad de pago a las unidades artísticas después que estas cumplían las tareas pactadas.
Lo cierto es que, pesos más o pesos menos, nada justifica la violación de los plazos establecidos para la remuneración de los trabajadores, lo cual fue el motivo de la queja del dirigente sindical.
La funcionaria manifiesta que las autoridades del territorio dieron seguimiento a la situación, que fue imposible de solucionar por causas objetivas, pero consideró un error dar ese calificativo al mal proceder de los responsabilizados con el pago, lo que es recurrente en este sector, sobre todo en tiempo de carnaval o fiestas populares, cuando el plausible afán de animar los bailables con orquestas de primer nivel o de convocatoria nacional —como suelen denominarlas—, arrasa las maltrechas finanzas de las direcciones de Cultura y deja desprotegidas, casi siempre, a las agrupaciones locales.
En la carta expone que en análisis realizado en el consejo de dirección de febrero último se acordó solicitar crédito bancario de capital de trabajo para saldar las deudas con los artistas, lo cual no se cumplió en los plazos previstos porque la empresa poseía un empréstito similar al del año anterior que terminaba de pagar en abril.
Y no es fácil de explicar, y mucho menos de entender, que la entidad deba acudir a créditos bancarios para saldar los adeudos con sus colectivos, sin hacer uso de las prerrogativas legales que obligan a pagar en determinados plazos a aquellos que reciben las prestaciones.
La directiva escribe que el 5 de mayo determinaron “presentar al banco el crédito, que fue aprobado” y por fin abonaron todas las deudas con los artistas, 23 días después.
Desde mi apreciación, además de la solución falta información sobre las gestiones a los colectivos laborales afectados, cuyos ingresos personales, en la mayoría de los casos, son el sustento de la familia. Rodríguez Escobar asegura en la carta que “(…) para evitar que esta situación se repita (ahora) solo están contratando servicios artísticos a quienes cuentan con disponibilidad financiera”. Y es lógico que así sea.
También afirma que actualmente disponen de espacios donde se puede disfrutar de música en vivo y los enumera, pero en conversación con el dirigente sindical reclamante “estos todavía no cumplen las expectativas de los artistas”, y “las direcciones administrativas de muchos centros continúan alegando la carencia de dinero para satisfacer esa exigencia”.
