“Maraña” en Tercera y Ayuntamiento

Hoy no sabría decir por cuánto tiempo alteró los precios oficiales de productos agropecuarios en su punto de venta —a su favor, ¡claro está!, ni la cantidad de dinero que se embolsilló el día en que fue sorprendido en su “maraña”. Pero lo cierto es que Darián Pérez González, representante y vendedor de la Cooperativa de Créditos y Servicios 30 de Noviembre, de Quivicán, robaba a la población inescrupulosamente.

Quien solo pensara en aquello de que una golondrina no hace verano, podría creer que una alteración de precios en un punto de venta no es algo trascendente. No es mi caso. Además, en el lugar de marras —Ayuntamiento y Tercera, municipio de Plaza de la Revolución— se sucedieron no uno, sino varios hechos significativos.

Un día antes Darián comercializaba el tomate a 4.20 pesos la libra, y a la mañana siguiente vendía el mismo producto a 2.10. Pero minutos después a 3.50. No era un producto diferente, solo que el vendedor alteraba su precio.

Esa mañana, en mi calidad de cliente, este reportero pagó el tomate a 3.50, pero advirtió al vendedor su sospecha. “Yo pagaré lo que usted dice, pero voy a comprobarlo. Ojalá nos ahorremos un problema”, dije. “Mire la pizarra, respondió aquel, somos de cooperativa y ese es el precio”.

El reportero llamó entonces a la Empresa Provincial de Mercados Agropecuarios y comprobó su sospecha: los puntos de venta de Cooperativas, tanto de Créditos y Servicios como de Producción Agropecuaria, se atienen a la Resolución del Ministerio de Finanzas y Precios del año 2016 sobre precios máximos minoristas de productos agrícolas seleccionados. El tomate se comercializa entre enero y abril a 2.10 pesos la libra, y de ahí a diciembre a 4.20 pesos.

El reportero regresó al lugar y cuestionó al vendedor. Pidió la factura de los productos que vendía y recibió un documento con datos aparentemente oficiales. Y digo aparentemente porque, además de no tener fecha, contenía el falso precio de 4.20 pesos la libra. Se trataba, sencillamente, de un documento apócrifo, con el fin de oficializar la “maraña”.

La discusión se tornó difícil y solo una consumidora apoyó al vendedor. ¡Qué lamentable! Mientras otras —solamente anoté dos nombres: Esperanza y Mayra, la primera una anciana apoyada en su bastón— cerraban filas junto a este reportero.

“Basta de multas, que decomisen la mercancía”, dijo un cliente, y otro recordó que habría que volver al tiempo en que todo aquel que era sorprendido robando, aunque fuera un lapicero, era separado definitivamente del puesto de trabajo. “No puede ser que el Estado remodele un mercado, aunque lo administre una forma productiva y se violen los precios topados”, exclamó un tercero.

Con premura llegó al lugar Nancy Wilson, subdirectora comercial de la Empresa de Mercados Agropecuarios, mas, como por arte de magia, ya la pizarra mostraba el precio correcto. A no dudarlo, el vendedor intentó pasarle gato por liebre. Pero ella no mordió el anzuelo.

La decisión de la citada empresa fue anular el convenio con la CCS 30 de Noviembre y darle el punto de venta a otra cooperativa.

Dos días después visitó nuestra redacción el compañero Javier González, comercial de la citada CCS, quien transmitió el sentir de la dirección de su entidad.

“Desde que nos enteramos del problema —a pocos minutos de producirse— separamos al vendedor de su puesto, pues no estamos ni estaremos de acuerdo con el robo a la población. Realmente es responsabilidad de la CCS que no se violen los precios, pues ese es un punto nuestro; pero ellos están aquí y nosotros allá y cuando gente como esa encuentra el más mínimo resquicio, hacen de las suyas”, refirió.

Necesaria lección

¿Será solo allí donde se suceden hechos similares? ¿Quién garantiza la no violación de precios y otras fechorías que a diario ocurren? ¿Y el cuerpo de inspectores encargados de velar por las normativas? ¿Por qué cada unidad —grande o pequeña— no pone en lugar visible y obligatoriamente el precio máximo minorista?

El jueves último regresé al lugar para comprobar las medidas adoptadas, pero estaba cerrado. ¿Otra afectación a la población?

Lo de nunca acabar. Mientras no se resuelvan esas inquietudes, los “marañeros” —que pululan en esos mercados— continuarán su muy ilegal enriquecimiento.