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Unos 70 mil brasileños se concentraron frente a la sede del Congreso y siguieron voto a voto la decisión de la Cámara de Diputados que este domingo autorizó la instauración del proceso del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff con una votación de 367 a favor, y 137 en contra. Se abstuvieron siete y se ausentaron dos diputados.
Ahora corresponderá al Senado dar luz verde, o frenar, lo que muchos han considerado un golpe de Estado mediático a la democracia, pues no se pudo probar que la Presidenta haya cometido “crimen de responsabilidad” y la acusación orquestada se ha levantado sobre la supuesta violación de normas fiscales, en un contexto en el que, según la ONG Transparencia Brasil, el 60 % de los legisladores del gigante suramericano ha sido denunciado por presunción de sobornos, mal manejo de fondos públicos y hasta asesinatos.
Mientras tanto, los aliados del Partido de los Trabajadores (PT) y los movimientos sociales de izquierda anunciaron que habrá lucha en las calles, resistencia, huelgas generales, bloqueos de rutas, ocupaciones de tierras, invasiones de edificios y una constante movilización para evitar que el Senado apruebe el impeachment.
“La salida de Brasil es por la izquierda. La guerra de clases que quedó expuesta en este momento va a continuar. Vamos a seguir movilizados permanentemente en defensa de la democracia y de nuestros derechos adquiridos. Una posibilidad muy concreta que ya analizamos es convocar a una huelga general, con el apoyo de otros sindicatos”, declaró a la prensa Carmen Foro, vicepresidenta de la Central Única de Trabajadores (CUT).
João Pedro Sténdile, líder del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), aseguró que los bloqueos de rutas serán una manera de expresarse contra la burguesía; mientras que Guilherme Boulos, coordinador nacional del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), y el diputado Orlando Silva, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), coincidieron en que evitarán los enfrentamientos violentos, pero no las protestas.
En medio de la compleja crisis política que vive la nación se espera que el próximo paso sea que el Senado, de 81 miembros, forme una comisión de 21, la cual emitirá su opinión sobre la admisibilidad o no del proceso. Si la respuesta es positiva separaría a Dilma del poder durante 180 días, probablemente a mediados de mayo. En ese plazo el Senado en pleno evaluará el asunto y votará por continuar o archivar el caso.
Analistas aseguran que si el impeachment continuara, tendría su sesión final en el plenario del Senado, bajo la dirección del presidente de la Corte Suprema. Ahí se presentarían las pruebas que finalmente avalarían la destitución de la mandataria. Necesitarían dos tercios de los votos del Senado (54) para aprobarla. De lo contrario, esta reasumirá inmediatamente sus funciones.
El vicepresidente Michel Temer, quien en las últimas semanas lidereó el proceso contra Dilma, aparece como uno de los beneficiarios directos de la destitución pues ocuparía la presidencia hasta completar el actual mandato, el 1º de enero del 2019. No obstante, el juez Marco Aurelio Mello dictaminó días atrás que la Cámara de Diputados debe iniciarle un proceso de juicio político similar, pues enfrenta las mismas denuncias de trasgresiones a las reglas fiscales que la Rousseff.
El impeachment como proceder político avanzó hasta momentos nunca antes vividos en la historia de Brasil. La primera vez que se apeló a él fue en 1992, contra Fernando Collor de Mello, pero el entonces presidente renunció antes de que se iniciara el proceso.
