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Este miércoles 26 de noviembre se cumplirán dos meses de ausencia de los 43 estudiantes de la escuela normalista de Iguala. Salieron a una de sus rutinas escolares y nunca regresaron. Desde ese día también faltan otros seis jóvenes cuyos cadáveres fueron localizados en una de las jornadas más trágicas de la historia reciente de esa nación.
La atrocidad del hecho catalizó la crisis de desconfianza hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto y ahogó los deseos de festejar el 20 de noviembre, fecha en que la Revolución mexicana cumplió 104 años. Ese día la Plaza del Zócalo se transformó en un clamor multitudinario en busca de justicia.
“Si yo admito que los mataron estoy reconociendo unos crímenes de estado tan graves que indican que en México no hay democracia, sino otra cosa”, denunció la diputada federal Lilia Aguilar Gil, del Partido de los Trabajadores, quien forma parte de la comisión del Congreso encargada de investigar lo ocurrido y establecer responsabilidades políticas.
“Las cosas no pueden continuar así: la movilización y la indignación de los mexicanos debe servir para investigar hasta dónde llega el crimen organizado y para limpiar las estructuras del poder (…), el Estado fue partícipe de la desaparición forzosa a través de la Policía municipal de Iguala y no ha cumplido los protocolos internacionales de búsqueda”, declaró al portal de noticias Cuartopoder tras reunirse con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios.
Comprensibles son entonces las declaraciones del representante legal de las víctimas: “Los padres están molestos porque no se avanza en las investigaciones», dijo Vidulfo Rosales al concluir un encuentro con Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad, y con Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).
Ante la ira popular las autoridades tuvieron que aceptar la presencia de un comité de expertos internacionales que tendrá acceso a los expedientes del caso y revisará además el proceder de las investigaciones y la atención dada a las víctimas y a sus familiares.
Y mientras la gente espera, el gobierno accedió a fomentar un fondo que servirá para compensar a las víctimas, tal como establece la recién aprobada Ley de víctimas; y la Cámara de los Diputados aceptó entregar un paquete extraordinario de 30 millones de dólares para las 14 escuelas normales rurales de México, siendo la de Ayotzinapa la más beneficiada.
No obstante, y mirando las imágenes que transmite la televisión, México parece anclado en el medioevo. La búsqueda de los restos de 43 estudiantes reveló otros muertos que ya nadie reclamaba. En lo que va de año se han registrado 5 mil 98 desaparecidos, la mayor cifra de la historia según la oficina del comisionado de derechos humanos en esa nación.
Pero esta vez no solo los pobres han protestado, también empresarios, líderes de opinión y religiosos. El Banco de México publicó una nota, inusual para la entidad, en la que advirtió del “deterioro en la confianza de los agentes económicos” por “los recientes acontecimientos” y los obispos, reunidos en asamblea plenaria, calificaron la situación de “crisis nacional” y pidieron premura al presidente “para recuperar la credibilidad y la confianza social”.
Conmovedor fue el discurso de la escritora Elena Poniatowska hace un mes en el Zócalo: “Ya es hora de que en México hablen los pobres, ya es hora de que los ciudadanos se manifiesten por encima de los partidos. Ya es hora de que seamos consultados”, apuntó.
La pasada semana René Pérez (Residente), compositor y vocalista de la agrupación puertoriqueña Calle 13, vistió en la Gala de los Premios Grammys, de elevada teleaudiencia en la región, una camiseta en la que se solidarizaba con los estudiantes. Este fin de semana, en el Palacio de los Deportes, de México, el músico dijo “hay una ley que me prohíbe hablar por no ser mexicano, pero ellos sí lo son y esta noche van a hablar». Fue entonces cuando cedió su micrófono a los familiares de los jóvenes desaparecidos y éstos hablaron ante una multitud que superaba las 18 mil personas.
