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¿Por cuánto tiempo tendrán que coexistir la impunidad de reconocidos terroristas como Santiago Álvarez, Osvaldo Mitat y Manuel Alzugaray —sanguíneamente ligados al delincuente internacional Luis Posada Carriles—, y el injusto encarcelamiento de antiterroristas cubanos en Estados Unidos, cuyo principal objetivo era prevenir actos criminales contra su país?
La persistencia de este fenómeno contradictorio motivó que representantes de la sociedad civil norteamericana en Miami, indignados por la protección “que los Gobiernos de Estados Unidos brindan a los terroristas de la extrema derecha que viven y actúan en y desde” ese territorio, solicitaran a la CIA, al FBI y al Departamento de Estado —amparados en la Ley de Libertad de Información— detalles sobre las actividades de un grupo de mercenarios capturados en La Habana el pasado 26 de abril con intenciones de cometer atentados contra instalaciones militares.
Transcurren los días, el silencio se torna cómplice y surgen nuevas propuestas imperiales. Al mismo tiempo que el Presidente de Estados Unidos asegura que el terrorismo continúa siendo la mayor amenaza para su país y anuncia la creación de un fondo de cooperación antiterrorista de 5 mil millones de dólares, se mantiene asumiendo la tradicional postura frente a corroborados eventos criminales anticubanos: el encubrimiento y la protección de sus secuaces en la Florida.
¿Cómo entender que el Departamento de Estado mantenga a Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo, mientras ampara —públicamente— a criminales basados en su propio territorio y a ciudadanos como los capturados en nuestro territorio?
¿Acaso ese comportamiento gubernamental no clarifica el legítimo derecho de Cuba a defenderse y la imprescindibilidad de que tengamos a hombres como Gerardo, Ramón, Antonio, René y Fernando que monitoreen el movimiento de organizaciones violentas para tratar de evitar la muerte de personas inocentes?
Pero contradictoriamente en Estados Unidos, cuando gestos altruistas y humanitarios como el de los Cinco desenmascaran el doble rasero de un instrumento de dominación política, esos mismos gestos se tornan contraproducentes y derivan en las mayores crueldades: detenciones, juicios amañados, sanciones injustas, excesivas condenas, largos períodos de confinamiento en solitario, separación y duelo familiares, hasta violaciones de la Ley.
Hoy las esperanzas de alcanzar la justicia por medios legales se torna remota: el hábeas corpus sobre Gerardo, Antonio y Ramón continúa sin decisión, y la moción referente a los pagos secretos del Gobierno a periodistas de Miami —todos vinculados o pertenecientes a conocidos grupos terroristas— antes y durante el juicio contra los Cinco, parece no tener respuesta.
Si bien un caso profundamente político como este amerita en consecuencia una solución al mismo nivel, no podemos cejar en el empeño de continuar aunando voluntades alrededor del mundo, porque para lograr la liberación de estos tres hombres se necesita un jurado de millones, como dijera Gerardo.
Una buena parte de la humanidad conoce del caso de los Cinco, pero no como quisiéramos, sobre todo en Estados Unidos. Del 4 al 11 de este mes, en Washington D.C. tendrá lugar la Tercera Jornada 5 Días por los 5 Cubanos, momento oportuno para que los amigos de Cuba reunidos allí logren sensibilizar a importantes sectores de la política estadounidense e impactar en la opinión pública internacional en torno a un asunto de vital importancia para el mundo: la lucha contra el terrorismo.
Estamos en el mejor momento para transitar hacia un cambio en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y la liberación de los antiterroristas cubanos podría ser un paso firme en esa dirección. Cuba está dispuesta a colaborar y conversar sobre los más diversos y complejos asuntos bilaterales, siempre y cuando se respete la soberanía, sin presiones ni condicionamientos previos.
No hay razón para seguir prolongando el castigo contra Antonio, Ramón y Gerardo. Pensar y actuar diferente merecen respeto y tolerancia. Obama ha de escuchar a su pueblo y a importantes figuras de la vida política y social de su nación y del mundo que solicitan interponga sus buenos oficios para liberar a estos luchadores por la vida. Es una necesidad histórica iniciar el desbroce de un camino accidentado por pretéritas y anquilosadas políticas hacia nuestro país para asumir nuevas relaciones signadas por la coexistencia pacífica entre pueblos vecinos.
