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El próximo 29 de octubre será sometida a votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución 67/4, Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.
Ese día la comunidad internacional debe condenar por vigésima segunda ocasión la política agresiva de cerco económico que Estados Unidos mantiene a Cuba desde el inicio de la Revolución, hace más de 50 años.
El hostigamiento económico es la herramienta de una minoría dentro de las esferas de poder de Washington y los políticos de origen cubano más recalcitrantes, que no se resignan ante la determinación de esta isla de decidir su propio destino.
En el año 2009, el presidente norteamericano Barack Obama manifestó su convicción de que se podía llevar la relación entre su país y Cuba en una nueva dirección y lanzar un nuevo capítulo de acercamiento durante su mandato; sin embargo, durante los últimos cinco años se ha recrudecido la guerra económica.
El daño causado al pueblo cubano hasta abril de 2013 asciende a un billón 157 mil 327 millones de dólares.
El 6 de abril de 1960, el subsecretario de Estado, Lester D. Mallory, trazó los objetivos del bloqueo contra Cuba: “Provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria (…) debilitar la vida económica negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno”.
Esta es la política que han mantenido 11 sucesivos gobiernos norteamericanos, período en el que nació el 76 % de los cubanos. Como ha dicho el canciller Bruno Rodríguez: “Nuestro país nunca ha estado en guerra, ni ha realizado actos hostiles contra los Estados Unidos”.
La administración de Obama reforzó asimismo el carácter extraterritorial del bloqueo al potenciar las legislaciones Torricelli y Helms-Burton, violatorias del derecho internacional.
Se hace habitual que chantajee y sancione a empresas, ciudadanos comunes e instituciones bancarias que realizan negocios con la Isla, aunque la moneda utilizada no sea la estadounidense. Entre enero del 2009 y septiembre del 2013, multó a 30 entidades norteamericanas y foráneas a pagar más de 2 mil 446 millones de dólares.
La inserción de Cuba una vez más en la lista de países que patrocinan el terrorismo es también un instrumento para justificar la persecución de nuestras transacciones financieras. En este sentido, Washington recrudeció el hostigamiento a entidades internacionales, con el objetivo de limitar las operaciones hacia y desde los bancos cubanos, como prioridad de la política de asfixia económica contra nuestro pueblo.
El bloqueo es una política ilegal que no doblegará la decisión de los cubanos a ser libres.
