En la base naval de Estados Unidos en Guantánamo lo realmente indocumentado es el mismo enclave militar, pues durante más de un siglo ha ocupado de forma ilegal una porción del oriental territorio cubano. A pesar de ser una zona reclamada por sus legítimos dueños, el mandatario Donald Trump decidió convertirla en cárcel para migrantes ilegales: “De allí es difícil salir”, dijo.

La opinión pública desconoce la cifra exacta de personas trasladadas a tan árida zona. Algunos hablan de medio centenar. Abogados de derechos civiles aseguran que podrían ser más de 200, mientras la presidencia hace cálculos para albergar allí no menos de 30 mil “criminales extranjeros de alto riesgo”.
El Gobierno estadounidense no ha divulgado información específica sobre los transferidos. No se sabe si son criminales condenados por algún tribunal, si simplemente fueron acusados o cayeron en alguna de las redadas de las últimas semanas. Lo que sí consta es que esta es la primera ocasión en que se retiene fuera del territorio a extranjeros por cargos relacionados con la inmigración civil.
En el último cuarto del siglo XX, la Base Naval de Guantánamo se utilizó como centro de reclusión para refugiados cubanos y haitianos interceptados en alta mar. Más tarde, comenzando el año 2002, se habilitó allí un centro de detención y tortura para personas que podrían tener vínculos con Al-Qaeda y el terrorismo islámico.
Las historias de horror divulgadas por abogados, carceleros y presos impulsaron una campaña internacional que exigía el cierre de la cárcel, iniciativa acogida positivamente por la Administración de Barack Obama pero que el demócrata no consiguió ejecutar. A Trump, en cambio, le resulta conveniente contar con Guantánamo en su “batida masiva contra indocumentados”.
La poca transparencia y precipitación con que se han ejecutado detenciones, traslados y deportaciones de indocumentados figuran entre los argumentos de los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu) que han iniciado acciones procesales contra Trump y su Administración:
Hasta el momento han impugnado algunas de las políticas migratorias por considerarlas violatorias de derechos constitucionales y humanos, en especial las que “autorizan” la separación de familias en la frontera, prohíben la entrada de nacionales de ciertos países y obstaculizan la asistencia legal a los indocumentados.
La organización representa además casos relacionados con el derecho a la libre expresión de individuos y grupos que han enfrentado represalias por críticas al Gobierno; así como aquellos vinculados al derecho de los detenidos a tener una comunicación sistemática con abogados y familiares.
Varias de las demandas entabladas por la Aclu refieren que las transferencias a Guantánamo violan el derecho al debido proceso garantizado por la 5ta. Enmienda de la Constitución de EE. UU. y la ley federal de inmigración que prohíbe el traslado de migrantes no cubanos hacia territorio cubano.
Un investigador de Naciones Unidas que visitó el centro de detención militar en el 2023 reportó que las condiciones habían mejorado, aunque los reclusos aún enfrentaban vigilancia casi constante, remoción forzada de sus celdas y uso injusto de restricciones, lo que generaba “un tratamiento cruel y degradante según el derecho internacional”.
El actual centro de migrantes de Guantánamo opera de manera independiente al militar, mas Lee Gelernt, abogado de la Aclu, sostiene que las condiciones son igualmente inhumanas.
“Al precipitar a los inmigrantes a una isla remota, aislados de sus abogados, familiares y del resto del mundo, la Administración Trump está enviando su señal más clara hasta ahora de que el estado de derecho no significa nada para ella”, sentenció Gelernt, quien se desempeña como representante principal de varios de los deportados.
Las autoridades estadounidenses estiman que unos 11,7 millones de personas indocumentadas han traspasado sus fronteras. Trump ha prometido deportar a la mayor parte. Hasta el primero de marzo habían arrestado a unos 20 mil, cifra que superaba en 627 % la registrada por ese concepto durante el mandato de Joe Biden.