Un escenario participativo y democrático, una tribuna de aportes sin facilismos ni formalismos, donde el plan nace y se prueba desde un consenso colectivo, sustentado en las potencialidades tecnológicas y de sus recursos humanos, enfocado en el cumplimiento de su encargo social y la diversificación de bienes y servicios que promueva la responsabilidad social de la entidad con su entorno.

Así concibe José Antonio Pérez Pérez, miembro del Secretariado Nacional de la CTC, el proceso político de discusión del plan y el presupuesto para el 2025, que se está realizando en todo el país y del cual ofreció algunos detalles a Trabajadores.
Qué más se puede hacer en cada lugar con los esfuerzos propios, he ahí la clave de un ejercicio que no por repetirse todos los años deja de dar frutos porque se asienta en la inteligencia y la creatividad de los productores de las riquezas y fomenta la mirada por dentro para descubrir reservas todavía sin explotar, reflexionó…
Y se ha hecho énfasis en la empresa estatal socialista por ser el actor principal del modelo económico cubano y a la que se le han otorgado facultades sobre las cuales hay que discutir con los colectivos para que cumplan su papel y no existan deformidades.
Entre estas potestades está la de determinar el salario de los miembros del colectivo. En este sentido un asunto de análisis permanente en las asambleas ha sido que el crecimiento de los ingresos salariales esté condicionado al incremento de la productividad del trabajo y a los niveles de producción de bienes y servicios.
Se ha promovido en estas reuniones la identificación de nuevas propuestas que propicien recuperar capacidades productivas, encadenarse con otros actores económicos, fomentar nuevos renglones exportables sobre todo aquellos que sustituyen importaciones y crear condiciones para el fomento de áreas de autoconsumo para la producción de alimentos.
En estas reuniones —destaca José Antonio— ha salido a relucir la necesidad de una participación más activa del movimiento sindical en la utilización de los destinos de las utilidades de las empresas estatales como es el tema de la insuficiente utilización del fondo para la estimulación moral y material.
También han surgido en estos análisis que, si bien se han favorecido los ingresos de los trabajadores, en ocasiones las distribuciones han sido excesivas, mientras falta prioridad en asuntos tan sensibles como la adquisición, reparación y construcción de viviendas y para el nuevo destino aprobado que permite crear el Fondo de Responsabilidad Social el cual beneficia a los barrios en transformación donde viven trabajadores de la empresa y se asigna además al que está activo o jubilado en situación de vulnerabilidad. Esto debe conocerse y aplicarse.
Se ha promovido el análisis de las cuentas por cobrar y pagar, el fortalecimiento del control interno, la contabilidad y las acciones para el enfrentamiento a la corrupción, al delito y a las ilegalidades.
Algo positivo es que los ministerios, los organismos de la Administración Central del Estado (Oace) y las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (Osde) han participado en las asambleas de las entidades de mayor impacto en los territorios con pérdidas, que al cierre del pasado año superaban las 290. Ello posibilita encauzar mejor los planteamientos.
Insistimos en la importancia de que los principales cuadros del movimiento sindical en cada nivel de dirección y los representantes de los organismos les presten atención, control y seguimiento a las propuestas y acuerdos.
Hay que señalar que las asambleas son también un espacio para la labor político-ideológica del sindicato, en el empeño por fomentar la unidad y el compromiso para el cumplimiento de los planes.
Acerca del autor
Graduada de Periodismo. Subdirector Editorial del Periódico Trabajadores desde el …