Cargando...Suntracs es el acrónimo del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, el más grande de Panamá y uno de los más combativos del movimiento social istmeño. Saúl Méndez, su actual secretario general, es parte de los rostros visibles de la lucha por la soberanía nacional que libra hoy ese pueblo.
El dirigente panameño estuvo recientemente en La Habana para participar del Encuentro Bilateral entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción de Cuba y la Internacional de la Construcción y la Madera, en la cual también ocupa un cargo directivo.
“Los oligarcas vendepatrias nos han llevado a la situación en que estamos hoy. Han pactado tratados que entregaron a los estadounidenses el derecho a construir y controlar el Canal y sus áreas adyacentes a perpetuidad”, declaró a Trabajadores.
“Por eso decimos que la patria nació en 1903, pero tutelada. El Gobierno de EE. UU. aprovechó las contradicciones que existían con Colombia, cuyas autoridades se negaron a tomar en cuenta los anhelos independentistas de la oligarquía panameña a finales del siglo XIX. Vale recordar que Colombia y Panamá fueron las dos últimas naciones, de cinco, que permanecieron unidas en aquel proyecto de Simón Bolívar de la Gran Colombia.
“En ese momento, los separatistas panameños firmaron con los estadounidenses un acuerdo (Hay-Bunau-Varilla) que lesionó los intereses nacionales, y que a fin de cuentas era similar, en términos y condiciones, al que Bogotá había rechazado”.
El Tratado Hay-Bunau-Varilla contenía cláusulas que, en la práctica, convirtieron a Panamá en un protectorado estadounidense para, supuestamente, evitar acciones militares de Colombia en respuesta a la secesión. También entregó a la potencia norteña una franja de 16 km (10 millas) de ancho por donde pasaría el Canal y que fue llamada Zona del Canal de Panamá.
“Además de ceder derechos, la sociedad panameña incorporó vicios de la estadounidense durante los años de la construcción del Canal (1904-1914), como la segregación racial, aseguró Méndez. Tuvimos buses para blancos, para criollos y para negros, por citar solo ese ejemplo. Ha sido difícil dejar atrás todo eso y, obviamente, la posición que heredamos los movimientos sociales nos compromete a seguir enfrentándolos”.
La certeza de que el Canal pertenece al pueblo panameño es el resultado de una lucha histórica cuyo capítulo más significativo tuvo lugar entre el 9 y el 14 de enero de 1964:
“Desde 1963 se había acordado que, donde hubiera una bandera de EE. UU., tenía que ondear también la panameña, apuntó Méndez. Los gringos lo incumplían constantemente y el 9 de enero de 1964 un grupo de estudiantes del Colegio Nacional (enseñanza secundaria) salieron a izar la insignia nacional en una escuela en la que ya estaba la de barras y estrellas.
“Un grupo de zonians (civiles gringos que vivían en el Canal), salieron a enfrentarlos y rasgaron la bandera panameña. Ese fue el detonante de una gran revuelta popular que se extendió a todo el país y dejó 21 panameños asesinados por el ejército estadounidense y unos 500 heridos”.
El conflicto condujo a la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países y el presidente istmeño, Roberto Chiari, dejó claro que no se restablecerían hasta que se acordara negociar un nuevo tratado. Años más tarde, el 9 de enero fue declarado feriado nacional y Día de los Mártires.
“El pueblo reclamó con firmeza la liquidación del tutelaje de EE. UU., que se pusiera fin a la presencia militar y que se devolvieran las áreas anexas. Debemos recordar que en ese momento ya había triunfado la Revolución cubana y se estaba dando el proceso de descolonización en África y en Asia. En ese contexto, el mundo conoció de un pequeño país que se llamaba Panamá que estaba reclamando algo que le pertenecía”, reflexionó el dirigente sindical.
En 1967 propusieron una actualización del tratado de 1903 con una propuesta igualmente entreguista. Ese documento, conocido como Tratado 3 en 1, fue filtrado al pueblo por el combatiente revolucionario panameño Floyd Britton (1937-1969):
“Durante la Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (Olas), efectuada en agosto de 1967 en La Habana, Britton reveló que lo negociado contemplaba la legalización de las bases militares que operaban ilegalmente dentro de la Zona del Canal y la instauración de nuevas instalaciones a lo largo y ancho del país”.
El Tratado 3 en 1 no pudo ser refrendado, pero sobrevino una etapa particularmente convulsa. La iniciativa estadounidense de la Alianza para el Progreso y los golpes militares en varios países de la región —Brasil (1964), Bolivia (1964), Argentina (1966), Ecuador, Perú (1968), Panamá (1968), Uruguay (1973) y Chile (1973), entre otros— frenaron el notorio impulso que llevaba el movimiento popular, patriótico y revolucionario en esas naciones.
En tal escenario, hacia 1977, las fuerzas conservadoras panameñas y estadounidenses consiguieron dos nuevos acuerdos: el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá.
El primer documento dispuso que a partir del 31 de diciembre de 1999, Panamá asumiera el control total de las operaciones de la vía interoceánica, como finalmente sucedió; mientras que el conocido como Tratado de Neutralidad, refrendó el derecho de EE. UU. a intervenir ante cualquier amenaza al “servicio neutral” que allí se ofrece.
“El Tratado de Neutralidad es el único pacto con EE. UU. que aún está vigente, recordó Méndez, les sirvió de pretexto para entrar el 20 de diciembre de 1989 y llevarse al general Manuel Antonio Noriega. Por eso es tan peligrosa la narrativa de Trump de que los chinos controlan el Canal. Ha inventado esa mentira de que administran los dos puertos (Caribe y Pacífico) y podrían convertirlos en bases militares para justificar una nueva intervención.
“La mayor parte de la población se ha indignado ante esa nueva afrenta. No obstante, tenemos contradicciones internas. Hay un grupo que, con razón, denuncia que el Canal solo ha beneficiado a cuatro familias. ‘Que vengan los gringos y se queden con él’, dicen y es ahí donde se equivocan, pues el tema es un asunto, primero, de soberanía nacional.
“Hoy los panameños estamos viviendo una coyuntura particularmente compleja. La movilización es permanente pues hay varios frentes abiertos: una propuesta de reforma laboral que afecta el seguro social; una iniciativa que pretende aumentar el precio del transporte; la voluntad del presidente José Raúl Mulino de reabrir la mina de cobre que los movimientos sociales cerramos en el 2023; y el anhelo de EE. UU. de volver a controlar el Canal”.
“A Donald Trump, que incluso ha hablado del tema ante el Senado de su país, le hemos dejado claro que ese activo solo pertenece al pueblo panameño. Desde 1903 lo hemos peleado duro, frente a gringos y oligarcas corruptos, y estamos dispuestos a seguir haciéndolo”.
