A debate

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Repartir bien y mirar a quién

Francisco Rodríguez Cruz

Durante estos tres primeros meses del año los cierres finan­cieros que realizan las empre­sas son el punto de partida para un ejercicio económico de tras­cendental relevancia para los colectivos de trabajadores, el cual suele generar no poca in­quietud: la distribución de las utilidades.

Por lo general, durante las últimas semanas de diciembre comienza el empujón final para cobrar todo lo que sea posible y garantizar el cumplimiento de los planes de venta, primer requisito para que con el pos­terior cierre contable suene la caja contadora de la empresa y del bolsillo de quienes garanti­zaron esa ganancia.

Ya la gente tiene entonces más o menos un tamaño de bola, como decimos popularmente, sobre si le tocará o no ese in­greso adicional, lo que no sabe es cuánto y, a veces, asimismo surge la impaciencia sobre el cuándo lo recibirá.

Porque resulta que la agili­dad en este proceso es funda­mental para la economía nacio­nal, pero también para quienes laboran. Un enredo en las cuen­tas, una demora en los cálculos, pueden conllevar retraso en la distribución de utilidades entre los trabajadores.

El ejercicio contable y fi­nanciero conclusivo del año debe seguir las mismas reglas que primaron durante los cie­rres trimestrales, pero ahora hay que hilar fino para la de­cisión colectiva sobre los des­tinos de las utilidades después del pago del impuesto (detalle no menor para el cual las em­presas tienen hasta el 31 de marzo).

Para las organizaciones sindicales de base este es un momento crucial que exige su participación en la toma de de­cisiones en los consejos de di­rección. Es decisivo que el diri­gente sindical vaya con mucha preparación a estos debates. A veces las decisiones son inclu­so persona a persona, porque lo que no debe suceder es el igua­litarismo en el beneficio que re­ciba cada quien.

En esta repartición final es necesario también someter a ejercicio crítico todo el re­glamento que rige tal instante. Empieza un nuevo ciclo econó­mico y es cuando debe ser co­rregido lo que esté mal o no sea lo suficientemente justo. La ca­pacidad de negociación sindi­cal a partir de la preparación de sus dirigentes determinará el éxito de esa distribución de utilidades.

Los índices, los coeficien­tes, las escalas, las diferencias entre personal directo e indi­recto a la producción, el po­lémico tema de los cuadros de dirección, las evaluaciones de desempeño, en fin, cada deta­lle que determine quién recibe más o menos dinero tiene que ser transparente y sometido a discusión en el órgano colegia­do que corresponda.

Los ejecutivos sindicales harían bien si tuvieran su pro­pio análisis previo para llegar con posiciones comunes, sólidas y fundamentadas al escenario administrativo en el que al fi­nal se adoptan los acuerdos de­finitivos.

En la medida que eso funcio­ne bien será efectivo o no como estímulo al buen trabajo ese in­greso adicional que recibirán los trabajadores. No pueden quedar dudas ni andar luego en comen­tarios de pasillo lo que recibió este o aquel departamento, esta o aquella persona.

De igual modo hay que asumir con argumentos la explicación so­bre el resto de los destinos para las utilidades. Hay beneficios eco­nómicos que no tienen por qué ser solo individuales.

La posible variedad de des­tino de las reservas debe ser del conocimiento y aprobación de los trabajadores. Hay que re­partir bien, y mirar a quién.

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Decisión legal, pero injusta

Juanita Perdomo Larezada

Por dos años consecutivos la jun­ta de accionistas de las empresas mixtas bajo las que operan los ho­teles Iberostar Parque Central, en La Habana, y Royalton Hicacos, en Matanzas, decidió no aprobar la creación del Fondo de Estimu­lación Económica (FEE), y es pro­bable que suceda lo mismo en el 2025.

Como era de esperar, el des­contento se convirtió en cliente fijo de dos instalaciones claves en las operaciones turísticas en el país, tanto por su peso en el mon­to de los ingresos en divisas como por la eficiencia en operaciones concluidas con utilidades, justo de donde se nutre el mencionado FEE.

Sin embargo, no hay violacio­nes en la decisión de los socios de estas empresas mixtas, porque simplemente se han acogido a lo refrendado en la Ley 118 de In­versión Extranjera que deja a vo­luntad de las partes la creación o no de dicho fondo, algo legitima­do, aunque suene bien controver­sial.

Según la interpretación, ese derecho está contenido en el Ar­tículo 29.1 de esa ley vigente des­de el 2014, y en el que se vino a poner los ojos siete años despúes, con el inicio del ordenamiento monetario y cambiario, y la eli­minación de los estímulos en pe­sos convertibles (CUC), que en el caso de los hoteles mixtos había sido un atractivo sistema mensual de pago de un 2 o 3 % de las uti­lidades. Para ese entonces eran el lugar soñado.

Fue así como llegó el turno al Artículo 29.1, al que se recurrió por primera vez en el 2022, cuan­do se distribuyó un bajísimo por­centaje correspondiente al 2021, cantidades que por suerte tuvie­ron un aumento considerable en el 2023 y el 2024, otras empresas mixtas sí premiaron a 3 mil 784 empleados del grupo empresa­rial Cubanacán. Pese al reco­nocimiento en estos colectivos de que “nada se está violando”, hace más de dos años el sindi­cato viene promoviendo la idea de buscar alguna variante para pro­teger el derecho de ser retribuidos por las riquezas creadas.

No obstante solicitarlo en asambleas de afiliados, en las de representantes, y tribunas al más alto nivel, este periódico es fiel testigo, el asunto sigue pendien­te de solución, con el costo de un marcado éxodo de la fuerza labo­ral, y una incidencia negativa en la calidad de los procesos turísti­cos. Y si preocupa que se vayan, peor es que deje de ser el lugar soñado.

No todas son malas noticias para estas instalaciones. El con­siderado más longevo de sus plan­teamientos por la Tercera Confe­rencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo, pudiera tener alivio en la aprobación de un aumento sa­larial, una variante que, sin em­bargo, no resolverá el plantea­miento en cuestión.

El FEE es vía de los empleados de esta modalidad de inversión extranjera para beneficiarse de la parte móvil en la estructura sala­rial. Si no se aprueba su creación, se estaría impidiendo ese legítimo derecho, y negándose, además, el principio de distribución socialis­ta de cada cual según su capaci­dad, a cada cual según su trabajo.

Una solución definitiva parece tener el complejo asunto en la inclu­sión de la Ley de Inversión Extranje­ra en el cronograma legislativo de la Asamblea Nacional del Poder Popu­lar del 2026, no solo por la posibili­dad de que establezca como obligato­rio la creación del FEE, equivalente a las utilidades, sino porque la actual norma jurídica quedó en desventaja con las avanzadas transformaciones y sistemas de pago aprobados para la empresa estatal socialista.

Mientras llegue ese momento, muchos se inclinan a un cambio en el contenido de sus reglamen­tos porque no siempre lo legal resulta justo. Ahí están, para corroborarlo, los hoteles Iberos­tar Parque Central y Royalton Hicacos.

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