De alentadora, aunque insuficiente, califican las autoridades que exista, al cierre de 2024, una contención del registro delictivo del país y una ligera disminución de varias tipicidades, con respecto al año anterior. No obstante, el objetivo principal sigue siendo reducirlo, pues se trata de un asunto altamente sensible para la sociedad, que impacta en una de las conquistas más preciadas de la Revolución: la tranquilidad ciudadana.

Por eso, en la más reciente reunión del Grupo de Trabajo para la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, que encabeza el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz; y en la que participó Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, se insistió en que no habrá impunidad y urge cerrar filas, desde la exigencia y el control, contra esas manifestaciones que laceran la nación.
De acuerdo con los resultados expuestos por autoridades del Ministerio del Interior, en el registro delictivo general destaca una ligera disminución de las modalidades de robos con fuerza, con violencia, lesiones graves, hurtos, los que afectan a la masa ganadera y otros objetivos económicos.

Desde el Palacio de la Revolución, y a través de videoconferencia con autoridades del país, en el encuentro se dijo que, si bien los números y análisis evidencian resultados, persiste insatisfacción en la población, porque no se percibe su impacto y, por tanto, hay que seguir profundizando en las causas que dan origen a estas tendencias negativas.
Además, se enfatizó en el trabajo desde la base y en la sistematicidad de las acciones de control para lograr mejores resultados. En tal sentido, Julio César Rodríguez García, jefe de la Oficina de Atención a Órganos del Estado y Sector Jurídico del Comité Central del Partido, señaló que los hechos delictivos se afrontan con rigor, firmeza y la participación de todo el pueblo.
El ejercicio nacional -realizado a inicios de diciembre del pasado año- ratifica que existe voluntad política, estatal y gubernamental para enfrentar estos fenómenos, aseguró el funcionario, quien agregó que el 82 % de la población declaró un reconocimiento y satisfacción por las acciones de enfrentamiento. «El pueblo sí quiere orden, disciplina, y la inmensa mayoría respalda todo lo que en esta materia podamos hacer».
En la reunión se detalló que, como prioridad permanente, se ha mantenido el enfrentamiento a los ilícitos de droga, pues en este frente, cada vez más complejo en el contexto mundial, aumentan los intentos de su introducción en el país. Además, trascendió que las acciones para combatir los hechos contra el ganado han influido en la disminución de los mismos en 11 provincias.
En los delitos que atentan contra el orden económico y las conductas de corrupción administrativa se corroboran elevados daños y amplias redes asociativas, defraudaciones al Presupuesto del Estado, violaciones éticas de directivos y funcionarios. Asimismo, persisten ilegalidades en las relaciones de las entidades estatales con las formas de gestión no estatal.
Rodríguez García subrayó que en ello inciden violaciones de lo que está normado para el sistema de la contratación, la licitación, el procedimiento para el arrendamiento de locales, lo establecido para la prestación de servicios de reparación del transporte, sobre todo, automotor. Pero, apuntó, las leyes son para todos en el país y no podemos violarlas.
Al respecto, Mirian Marbán González, controlara general de la República, consideró que, si no hay un trabajo efectivo sobre el comportamiento ético de los cuadros y trabajadores, no tendremos una reducción de estos fenómenos. Agregó, además, que existen problemas de preparación y también faltan habilidades en la dirección.
Señaló que no se promueve, en muchos casos, el análisis colegiado de los asuntos, ni la preparación y organización adecuada de los procesos, de manera que se pueda después controlar su ejecución; ante la detección de determinadas deficiencias no se actúa con la exigencia y el rigor que corresponde y, por tanto, esas cuestiones contribuyen a que tales fenómenos no disminuyan y, en algunos casos, se reproduzcan.

Por su parte, el Primer Ministro se refirió a la importancia de la comunicación social para visibilizar el combate contra el delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales; aludió al enfrentamiento a los precios abusivos y especulativos desde los territorios y a la urgencia de que los Gobiernos pongan en práctica las facultades otorgadas para la concertación de precios, sobre todo de los productos agrícolas, que son a los que la población accede todos los días.
A veces, comentó, te topas puntos de venta donde tienen el precio que aprobó el municipio en la tablilla, pero a las personas les cobran otro valor. ¿Hasta cuándo vamos a permitir eso?, inquirió.
La agenda del encuentro incluyó también -por vez primera- la rendición de cuenta de la provincia de Sancti Spíritus, sobre el cumplimiento del objetivo 8 del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, relacionado con la reducción del delito.
Alexis Lorente Jiménez, su gobernador, apuntó que para el presente año la provincia trabaja en la reducción de las causas y condiciones que propician las indisciplinas, y en el control interno de las instituciones estatales.
Durante la reunión, se ratificó que los órganos del Estado, el Gobierno, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las organizaciones políticas, sociales y de masas, mantendrán el enfrentamiento «oportuno, racional e integrado» a esos fenómenos sociales que inciden en el orden interior y la tranquilidad ciudadana.

Como afirmó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al clausurar el 8vo. Pleno de la organización en julio último, «los tiempos no son ni de autocomplacencias, ni de inercias que no sepamos romper. Nuestro pueblo reclama resultados, y a ese pueblo nos debemos».