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Cargando...Por: Ángel Rafael Ferro Martínez, vicepresidente de la Unión de Juristas en Guantánamo
Los hechos asociados a la violencia social, doméstica y de género, siguen cobrando vidas y dejando secuelas de todo tipo, hoy un mínimo incidente tiene respuestas agresivas y violentas fuertes e injustificadas que terminan en ocasiones con el bien más sagrado: la vida.
La violencia ha adoptado formas y matices diversos en la sociedad. Establecer la diferencia entre la violencia de género y la familiar, es medular. La primera tiene como base la cultura patriarcal que se asienta en la desigualdad de poder entre el hombre y la mujer, se ejerce como un mecanismo de control y se sustenta en estereotipos sexistas.
La segunda, se produce en el seno de la familia, ya sea dentro o fuera del hogar, es el abuso o maltrato que se da entre los miembros de la familia, e implica un desequilibrio de poder que se ejerce desde el más fuerte hacia el más débil, ya sea por acción u omisión, directa o indirecta.
Estudios a nivel mundial revelan que el 80 por ciento de las víctimas de la violencia de este tipo corresponde a la mujer, como principal víctima doméstica y a las niñas y ancianos en segundo y tercer lugar, respectivamente. Es un fenómeno extendido y de gran preocupación a nivel global.
En Cuba su comportamiento en las niñas y ancianos, no es así, hay políticas públicas orientadas a su protección. No obstante, son preocupantes las cifras actualizadas recientemente, donde se evidencia que cerca de 5 mil 600 familias viven en situaciones de violencia, y en ellas conviven más de 16 mil mujeres y niñas, lo que impone retos y desafíos importantes desde la academia para la determinación de causas y condiciones en tan sensible y delicado asunto.
Sin dudas, es un fenómeno social cuya principal causa es que vivimos en una sociedad con rasgos patriarcales y machistas pese a los esfuerzos de la Revolución por superar las desigualdades, pero dentro de la familia aún subsisten esas diferencias y el sexo masculino es quien ejerce el poder real a veces de manera agresiva.
La violencia contra la mujer tiene muchos rostros y conductas, abarca un amplio espectro, que va desde presiones psicológicas, insultos, humillaciones, silencios prolongados, chantaje económico, la desatención a los hijos, la violencia física (pegar, empujar, tirar objetos y hasta una mirada o un gesto puede ser violento) son algunas de sus expresiones más comunes en la actualidad. Pero dejo establecido que es un problema cultural, no propiamente jurídico.
Este flagelo no es resultado de conductas desviadas o enfermizas, en mi modesta opinión es una práctica aprendida consciente y orientada. Es el resultado de las relaciones desiguales de poder producidas por el género y la edad, como sus principales determinantes.
Hay políticas públicas y legales orientadas a enfrentar con energía este fenómeno desde la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3 y la Constitución de la República desde varios artículos: 43, 84, 85 y 86, da respuesta al tema.
A causa de ello se derivan consecuencias jurídicas en cada institución. En el orden sucesorio no tendrán derecho a heredar quien haya ejercido violencia contra la persona que estaba a su cuidado. El violento tampoco podrá adoptar o ser tutor. En materia de alimentos se prevé también el cese de la obligación cuando el alimentista incurre en algún comportamiento que atente contra la solidaridad familiar, es decir contra el alimentante; son algunos ejemplos.
Ahora bien, el enfrentamiento legal no es únicamente desde la Constitución de la República, existen cinco normas de rango superior que dan salida al tema con rigor y amplitud, tal es el caso del Código de las Familias, el Código de Procesos y el Penal, también se aborda en el Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer, que en mayo de 2021 salió publicado como Decreto Presidencial No. 198, que resume el sentir y la voluntad política del Estado, se complementa con la Estrategia Integral para la prevención y atención a la violencia de género que le confiere un tratamiento transversal al fenómeno.
Desde todos los ámbitos del derecho hay un enfrentamiento ya sea penal, civil, familiar o laboral.
Han pasado dos años desde la aprobación de la estrategia y no es suficientes con todo el marco jurídico amparante que garantiza la respuesta integral para la prevención y la atención efectiva a la violencia social y de género, todo ello sustentado en el trabajo cooperado entre los órganos, organismos, empresas, los diferentes prestadores de servicio y los agentes sociales en la comunidad con la amplia y necesaria participación ciudadana. Hay que hacer más en este empeño.
El sistema de tribunales, por su parte, a través de los protocolos de actuación con una articulación en su gestión y ejecución, trabaja para dar la respuesta que exige el momento, ha desarrollado cursos de post grados sobre el tratamiento a la violencia en los asuntos familiares, talleres sobre delitos de trata de personas con un enfoque integral, entrenamientos en materia civil, familiar y penal, incluido puertas abiertas en centros laborales.También se trabaja desde las oficinas del juez de ejecución en la reinserción social con los sancionados que extinguen penas en condiciones de libertad, por este tipo especial de delitos.
La leyes vigentes fortalecidas con la reforma judicial y procesal reforzaron las respuestas para quienes cometen delitos asociados a la violencia de género, discriminación por razón de odio, identidad sexual, color de la piel, religión, orientación sexual y en las sentencias prima el rigor y la severidad en la imposición de la pena que dispone el Tribunal frente a estos actos y los marcos sancionadores oscilan de 20 a 30 años de privación de libertad o la muerte, siempre con el debido respeto a los derechos y garantía de los acusados.
El tema es muy sensible y actualmente genera alta preocupación en nuestra población, dada su alta lesividad.
Se imponen estudios de rigor, en un país que ha invertido tanto en la educación y la formación de sus ciudadanos. Hay que pensar unidos en la búsqueda de soluciones para enfrentar este flagelo, hay que movilizar recursos para la prevención y control de la violencia que estimulen una cultura de convivencia tolerable. Urge una cultura de paz, de respeto a los derechos humanos para aprender a convivir en armonía.
