Cargando...Los integrantes de organizaciones diversas de la alianza Pueblo Unido por la Vida marcharon en la jornada hacia las inmediaciones del Legislativo para reiterar su repudio a la iniciativa presentada por el Gobierno, de la cual el presidente de la República, José Raúl Mulino, es su más ferviente defensor.
En declaraciones a Prensa Latina, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, comentó que la propuesta es debatida ahora por los diputados en consultas ciudadanas en el interior del país en territorios como Bocas del Toro y Chiriquí; y lo que se observa es un gran rechazo al documento.
Esa ley, dijo, no resuelve las necesidades de los trabajadores y sus familiares, impulsa la privatización con las cuentas individuales que solo aportarían pensiones de miseria.
Andrade se refirió a declaraciones de Mulino este jueves en su habitual conferencia de prensa semanal, en la que dejó claro que ahora pasa la responsabilidad al Legislativo de adoptar una decisión salomónica cuando se agotan los tiempos- sesiones extraordinarias concluyen el 31 de diciembre.
El dignatario subrayó ante los comunicadores que en manos de la Asamblea está la vida del pueblo y el futuro económico del país. “Hacia allá apunta la presión, no hacia mí”, remarcó.
En ese conversatorio también indicó que aunque podría aceptar modificaciones al Proyecto de Ley 163, todavía no ha escuchado ninguna que desvirtúe los números de la matemática que plantea la propuesta del Ejecutivo, lo que niegan los colectivos.
«Tenemos que pasar la ley y salvar al seguro social. Dejemos de echarle cuentos al país y que cada quien afronte su responsabilidad política. Ya yo cumplí, ahí está la ley. El que me muestre a mí que el Ejecutivo está equivocado en la problemática de ese proyecto, cambiamos», recalcó.
Sobre este asunto, el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, Fernando Ábrego, criticó esa postura y condenó la intención de elevar la edad de jubilación y las cuotas obrero patronales.
Asimismo denunció que el proyecto otorga al actual directos de la CSS, el empresario Dino Mon, poderes que le permiten manejar los fondos de los asegurados con la clara intención de entregarlos a empresas privadas internacionales y locales, las mismas que son morosas en los pagos o evaden el fisco para quedarse con la plata de los obreros y los jubilados.
