Mejor libreto para actores no estatales

La publicación, la pasada semana, en la Gaceta Oficial de nue­vas normas jurídicas que regirán el funcionamiento de los acto­res económicos no estatales responde a un proceso natural de actualización y perfeccionamiento del marco legal bajo el cual operan esas formas de gestión.

Numerosos han sido, por ejemplo, los ajustes legislativos que ha requerido el trabajo por cuenta propia (TCP) desde su amplia­ción en los años noventa del pasado siglo, o más recientemente con las cooperativas no agropecuarias (CNA). En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) se planteó al instituirse en el 2021 que se revisarían sus normas transcurridos dos años.

Al respecto, el Primer Secretario del Comité Central del Par­tido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, señaló al clausurar en julio el período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular que “en el afán por cum­plir con los Lineamientos de la política económica y social del 8vo. Congreso del Partido, al destrabar procesos e impulsar la formación de mipymes no se fue lo debidamente firme en la exi­gencia de crear bases normativas suficientemente robustas e integrales para conducir el funcionamiento de estas formas de gestión, que ya operaban en la economía, pero sin un reconoci­miento formal”.

Estos cambios permiten entonces por una parte, reordenar, am­pliar e incorporar a la legislación no pocas de las sugerencias que han nacido de los propios actores no estatales durante su ejercicio económico; mientras que por la otra dan respuesta a insatisfaccio­nes con su desempeño, en beneficio de la ciudadanía.

En el primer propósito sobresale la tan solicitada descentra­lización de la aprobación de las mipymes y las CNA hacia los municipios, una decisión a aplicarse gradualmente que no solo fortalece la autonomía de los gobiernos locales, sino que debe incidir en una mayor agilidad y menor complejidad del proceso de trámites para legalizar este tipo de emprendimiento económico.

La creación del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, subordinado al Consejo de Ministros, es otro paso trascendente que responde a inquietudes y demandas de ese sector, mediante el cual será posible jerarquizar y homogenizar su atención de una forma más armónica entre todos los organis­mos que intervienen en su operatoria cotidiana.

Otro aspecto positivo para quienes se lanzan a la actividad económica privada constituye la definición más precisa de cómo debe hacerse en los territorios la licitación de un inmueble u otro activo estatal que requieran para su negocio, lo cual contribuye a la transparencia del proceso, pone a todos los aspirantes en similares condiciones y disminuye los riesgos de favoritismo o corrupción.

No menos trascendentes son las modificaciones que apuntan a proteger a la población y a los trabajadores vinculados a estos actores no estatales, ante las indisciplinas y comportamientos abusivos a los que algunos de ellos puedan verse tentados por la golosina del capital.

En tal sentido quizás lo más relevante sean las aristas tributa­rias y contables de esta actualización de la actividad no estatal, que buscan incrementar los ingresos al Presupuesto del Estado para disminuir el déficit fiscal, lo cual atenta contra los progra­mas sociales y económicos que favorecen a la población.

La eliminación de beneficios fiscales que ya cumplieron su obje­tivo, el establecimiento de los impuestos sobre bases más equita­tivas y generales, así como una contribución a la seguridad social más ajustada a las condiciones de la economía, están en esa línea de decisión, junto con el énfasis en una mejor contabilidad.

Las normas buscan además fortalecer el sistema contravencional que se aplica (las multas), un reclamo popular ante las injusticias que a veces se cometen con empleados y clientes. Pensemos, por ejemplo, en nuestras quejas constantes por la apatía o dolo en el em­pleo de los canales electrónicos de pago; o en el frecuente incum­plimiento de las garantías y derechos laborales de los trabajadores contratados por los dueños de negocios privados, asunto sobre el cual también se precisan las reglas del juego.

Por supuesto, no todo será miel sobre hojuelas para implemen­tar estas transformaciones. También hay propuestas arriesga­das y que generan cierto nivel de incertidumbre. Habrá que dar seguimiento a su aplicación, aunque de cualquier modo estos actores no estatales tendrán en lo adelante un mejor libreto para hacer su papel.