Evalúan temas de la industria alimentaria y comercio interior en el Parlamento

La segunda sesión del plenario del Tercer Período Ordinario de la Asamblea Nacional del  Poder Popular en su X Legislatura comenzó con la presentación del informe del ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal), presentado por Ramón Osmani Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Permanentes de Trabajo Agroalimentaria.

Este proceso dio cumplimiento a uno de los acuerdos del Segundo Período Ordinario de Sesiones (diciembre /2023) y participaron, además de los diputados de la Comisión Agroalimentaria, los de Asuntos Económicos, Industrias, Construcciones y Energía, así como los de Educación Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

El Minal tiene el encargo estatal de proponer, dirigir y controlar la ejecución de las políticas y estrategias para garantizar la producción industrial de alimentos para la circulación mercantil, el consumo social, la canasta familiar normada, programas especiales, el turismo, las cadenas de tiendas y la exportación, explicó Aguilar Betancourt.

Uno de los asuntos evaluados estuvo relacionado con la implementación de la Ley de pesca (129/ 2029). Según el informe, se ha avanzado en la aplicación de medidas aprobadas por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros para flexibilizar la actividad pesquera no estatal, entre ellas permitir la prestación de servicios de construcción y reparación de embarcaciones por entidades especializadas; autorizar la importación (por personas naturales y sin carácter comercial) de motores de hasta 60 HP de potencia; consentir la construcción e inscripción de embarcaciones a personas naturales; crear en los territorios condiciones para la venta mayorista y minorista de artes de pesca y medios de protección; y el reconocimiento de las bases pesqueras como Puertos pesqueros de interés local.

Aguilar Betancourt informó que a pesar de haberse incrementado en un 48 % el otorgamiento de licencias de pesca con respecto al 2022, ello no ha redundado  en una mayor contratación (más bien ha decrecido) de los pescadores comerciales no estatales con las empresas pesqueras u otras entidades que pudieran transformar y comercializar sus producciones.

La captura de productos pesqueros realizada por actores económicos no estatales en el 2023 ascendió a mil 29, 3 toneladas. Hasta el cierre de abril de este año reportaban 214, 4 toneladas. De toda esa producción solo llegaron a las empresas pesqueras 104, 7 toneladas (48, 8 %).

Otro asunto pendiente es la afiliación de los pescadores comerciales privados al régimen de seguridad social, tal como regulan las leyes laborales del país. En este ámbito se espera un mejor accionar de los Consejos de la Administración municipal, tal como los que exhiben Antillas y Gibara, de Holguín; y el villaclareño Sagua la Grande.

A pesar de las acciones realizadas en el sector pesquero, la captura total hasta el mes de abril de este año solo alcanzó el 68 % de cumplimiento.

 El informe reconoció que dentro de las problemáticas que limitan el avance del Programa Acuícola están el no completamiento de las plantillas de pescadores y la necesidad de que se mejoren sus condiciones de vida.

En el ámbito de los programas productivos definidos en la Ley de Soberanía Alimentaria y de Seguridad Alimentaria y Nutricional (148/ 2022), el documento reconoce que persisten dificultades en la contratación económica de las empresas lácteas y cárnica con sus productores, mientras que 9 mil 100 de ellos han incumplido los niveles de producción contratados.

Sobre las producciones alternativas de las Empresas Alimentarias Locales precisó que la Cadena Cubana del Pan, por ejemplo, produjo (hasta marzo/ 2024) 23 mil 842 toneladas con el empleo de extensores como calabaza, yuca y boniato.  

Como parte del ámbito de acción del Minal, se insistió en la responsabilidad que le corresponde en la evaluación y control de dos requisitos obligatorios para los productores industriales de alimentos y bebidas: Inscripción en el Registro Nacional de Productor Industrial de Alimentos y Bebidas; y Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para garantizar productos inocuos y de calidad.

Durante las comprobaciones realizadas por los diputados se identificaron varias dificultades. Sobresale la falta de organización en algunas panaderías para la elaboración de producciones alternativas que emplean extensores, la deficiente iluminación y ventilación para procesar esos extensores, la carencia de envases y las dificultades en el mantenimiento y categorización de la industria.

La estrategia económica y productiva diseñadas para dinamizar la producción de alimentos no ha logrado los resultados esperados, fundamentalmente en torno a precios e incentivos que buscaban aumentar la contratación económica de productores.

Debate a camisa quitada en un tema muy sensible

El diputado por el municipio de Yateras (Guantànamo) Lidier Águila Machado, presidente del Buró Nacional de la Asociación de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), recordó que la industria alimentaria sufre la obsolescencia tecnológica, frente a la cual está el aporte de los trabajadores por concepto de innovación, acciones que se traducen en ahorro y que favorece la economía circular.

Entre las sugerencias realizadas por Águila Machado estuvo el llamado a que  se organice mejor la actividad de innovación y racionalización en el sector; y que se evalúe la utilización del fondo de innovación que tiene cada empresa en programas de innovación, tal como establece la legislación vigente en el país.

Regina Balaguer, diputada por la provincia de Camagüey, abordó el tema de la inocuidad de los alimentos, enriquecido por la intervención del también diputado José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, quien reiteró que los Centros de Higiene y Epidemiología acompañan el proceso de otorgamiento de licencias a procesadores de alimentos.

Rafael González Muñoz, diputado por el municipio granmense de Yara, comentó las insatisfacciones de los trabajadores de la Fábrica de Conservas de Yara, donde se producen compotas para los niños de gran parte del país. A pesar de los cambios organizativos y estructurales implementados allí, persisten problemas con la distribución de las utilidades, que no se corresponden con la política de que los vinculados directamente a la producción sean los más beneficiados.

El diputado por Villa Clara Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria, explicó que el informe presentado ante la Asamblea refleja con justeza los aciertos y desaciertos del organismo, afectados por la falta de materias primas, deficiencias objetivas y subjetivas, y por los perjuicios que ocasiona el bloqueo de EE. UU. que impacta especialmente en el acceso al mercado financiero, a créditos, a proveedores de materias primas y en los contratos de fletes y buques.

Las dificultades han provocado que, en no pocas ocasiones, falten o lleguen tarde productos de la canasta básica normada. Solo en los últimos 18 meses resultaron afectados, por ejemplo, las entregas de yogurt de soya, pollo, café, carne en conserva, y harina de trigo para la fabricación de pan.

Otras de las insatisfacciones mencionadas por el titular del Minal están relacionadas con el poco aprovechamiento de las medidas adoptadas para favorecer el funcionamiento de las empresas estatales socialistas, así como la no implementación de sistemas de pago que favorecen a los trabajadores y la poca exigencia a los productores para que cumplan con los volúmenes pactados.

López Díaz reconoció que, en general, falta rigor en la producción industrial de alimentos; que de las mil 466 mipymes autorizadas, solo 507 están produciendo alimentos; y que es preciso recuperar los niveles de entrega de algunas industrias e incrementar las exportaciones.

También se proponen aumentar las ventas a través de plataformas digitales, incrementar las producciones destinadas al turismo y fomentar el encadenamiento productivo, empezando por los eslabones primarios.

El ministro insistió en la necesidad de avanzar en el proceso de descentralización de facultades, haciendo uso de las potestades que han recibido los municipios.

La aplicación de los resultados de la ciencia y la innovación debe convertirse en uno de los pilares del Ministerio, que también aspira a crear esquemas financieros robustos que permitan fomentar el desarrollo y la explotación de las reservas existentes, sobre todo en el ámbito de la pesca que, al cierre del 2023 había implantado récord en la siembra de alevines de agua dulce.

Sobre este sector, el titular informó que han destinado 5 millones de dólares a la compra de artes de pesca, y que se reparan más de 100 barcos y 112 botes. También dijo que se trabaja en sustituir los motores algunos de estos medios y que las autoridades del Ministerio buscan fortalecer el diálogo con los pescadores “para aprender, facilitar, e incentivar lo que establece la Ley”, dijo.

La industria alimentaria cuenta con más 4 mil 500 empresas, donde urge multiplicar las buenas prácticas y el enfrentamiento a las ilegalidades, pero cuenta como fortaleza la preparación de sus más de 70 mil trabajadores, enfatizó.

Interioridades del Comercio Interior

Las insatisfacciones de la población estuvieron en el centro del análisis sobre la gestión del Comercio Interior que tuvo lugar este jueves en la Asamblea Nacional del Poder Popular

Betsy Díaz Velázquez, ministra de esa sensible cartera, reconoció los problemas que existen con la canasta familiar normada, con ciclos de distribución irregulares, así como en la calidad de los servicios, la higiene, el maltrato a los clientes y la ocurrencia de delitos.

Explicó que prácticamente todos los productos de la canasta son importados, lo cual impacta en los problemas de su distribución, por lo cual destacó la importancia de una información oportuna a la población. Hizo referencia a que ese organismo debe controlar y exigir la legalidad de todos los actores económicos que realizan actividades comerciales, así como garantizar el uso del cobro electrónico en todos los establecimientos.

Al respecto informó que en la actualidad solo el 8% de la venta minorista en el sistema de comercio se realiza por canales electrónicos, y la proyección es alcanzar como mínimo el 15% al cierre de este año.

Con un enfoque autocrítico, Díaz Velázquez apuntó que persisten las manifestaciones delictivas e indisciplinas en el comercio, incluso con la participación de los colectivos, lo cual denota falta de integridad y valores éticos. El deficiente proceso de selección y aprobación de directivos y trabajadores, más el incumplimiento de normas y procedimientos son factores que inciden en esas problemáticas.

En relación con los actores económicos no estatales, planteó que se incrementan los que intervienen en la comercialización de bienes y servicios, por lo cual es necesario enfatizar en la actividad registral y de control y la contratación económica.

Informó sobre la licitación del arrendamiento de locales en los territorios, en los cuales hoy funcionan casi 8 mil actores económicos no estatales. No obstante, han existido desviaciones como la falta de objetividad en la selección de los establecimientos, la poca supervisión de su uso y el desconocimiento de aspectos legislados para la contratación.

De la red de servicios del país, con 11 mil 300 establecimientos, se mantienen con gestión estatal unos 3 mil 800, fundamentalmente gastronómicos.

También se han presentado indisciplinas en las ventas de garaje, en cuanto a las fechas para su realización y la oferta de artículos no aprobados para esa opción, lo cual requiere junto con el servicio de las casas comisionistas de un ordenamiento fiscal y comercial.

Sobre las bodegas, indicó que más de 7 mil han mejorado su imagen hasta el momento, y para el final de 2024 debe llegarse a unas 10 mil, el 82% del total. No se logra aún que la bodega sea el mercado de la comunidad con ofertas variadas, añadió.

La Ministra admitió que los suministros de equipos y piezas para el Programa de Ahorro Energético se mantienen afectados por las restricciones financieras. Es limitada o nula la comercialización de módulos de inducción, refrigeradores y cocinas de línea económica. Sobre ese punto, dijo que las principales insatisfacciones están en la imposibilidad de suministrar a los nuevos núcleos una alternativa para la cocción de alimentos.

Del sistema de atención a la familia, con más de mil 400 establecimientos y más de 64 mil beneficiarios, expresó que resulta imprescindible depurar a los administradores, revisar el costo y los precios actuales y definir fuentes de financiamiento y de abastecimiento municipal, para mejorar sus suministros.

También ofreció cifras sobre otros programas de alta sensibilidad como la atención a pacientes postrados e incontinentes, y para cumplir la política sobre la dinámica demográfica.

Al presentar el dictamen de la Comisión de Atención a los Servicios, la diputada Tamara Valido Benítez insistió en las deficiencias del Comercio Interior que tienen una causa subjetiva, al reclamar mayor exigencia y rapidez en adaptase a las cambiantes condiciones actuales.

En particular insistió en los problemas en el registro de los trabajadores por cuenta propia, el estado de los almacenes y la atención a los propios trabajadores del sistema. Sobre las insatisfacciones mayores con la canasta familiar normada y el delito en las bodegas también insistió la diputada, quien señaló que el sistema empresarial de Comercio Interior presenta resultados desfavorables.

Se refirió también al necesario encadenamiento con las formas no estatales de gestión, y censuró el comportamiento creciente del delito en el sector, asociado a problemas de control administrativo y deterioro de valores que es preciso revertir.

La Comisión realizó una amplia cantidad de recomendaciones para atajar los numerosos problemas existentes en el Comercio Interior, lo cual tuvo su correlato en las intervenciones de los diputados durante el debate, quienes resaltaron la importancia de este organismo para la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, realizó una breve intervención para recalcar la necesidad de producir, y en particular enfatizar las posibilidades que tienen los municipios y zonas montañosas de autoabastecerse de leche y otros alimentos. “Vamos a ser capaces de distribuir con justicia social lo que seamos capaces de producir. Y eso no se logra importando”, enfatizó.

Acerca del autor

Joel García León

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Máster en Ciencias de la Comunicación. Director del Periódico Trabajadores desde el 1 de julio del 2024. Editor-jefe de la Redacción Deportiva desde 2007. Ha participado en coberturas periodísticas de Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Copa Intercontinental de Béisbol, Clásico Mundial de Béisbol, Campeonatos Mundiales de Judo, entre otras. Profesor del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana, Cuba.