Asamblea Nacional debate sobre distorsiones y reimpulso de la economía

Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se inició este miércoles el Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del #PoderPopular, en su X Legislatura, el cual tendrá lugar hasta el próximo 20 de julio.

El orden del día para esta primera jornada contempla la toma de posesión de nuevos diputados, una información sobre la marcha del Plan de acción del Gobierno en la implementación de las medidas para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el año 2024, así como sobre la marcha de la economía al cierre del primer semestre de este año.

Asimismo se abordará la actualización de la marcha de la ejecución del Presupuesto del Estado para este 2024 y la liquidación del Presupuesto del 2023.

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Plan de acciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía

El Primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó a los diputados un informe sobre la marcha del plan de acción del Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el año 2024.

A partir de las distorsiones identificadas en el 2023 se trabajó en la identificación de las causas internas y externas, dentro de las cuales se incluyen insuficiencias propias y el impacto del bloqueo de Estados Unidos, política genocida que ha perfeccionado sus daños en todas las esferas, especialmente en las finanzas, y afecta exportaciones de bienes y servicios, la inversión extranjera, el acceso a créditos externos y las remesas.

En esta etapa se ha trabajado por incrementar la producción de alimentos y el autoabastecimiento de diversos productos, así como controlar la economía desde los Gobiernos municipales. En cuanto a la inflación, Marrero Cruz reconoció el impacto que tiene la disminución de los ingresos externos, insuficientes para satisfacer la demanda del país.

Para corregir distorsiones se activó el Grupo Económico de Gobierno, sistema de trabajo que cada semana evalúa las medidas con el Presidente y con estructuras de Gobierno; y mensualmente rinde informe a los consejos de Estado y de Ministros. También presenta sus resultados de manera sistemática al Buró Político y al Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

El plan de acción aprobado por el Grupo Económico de Gobierno incluye ocho objetivos, entre ellos la estabilización macroeconómica, enfrentamiento a la inflación, política de subsidios, incremento de la producción nacional, desarrollo de las empresas estatales, normas jurídicas para regular las formas de gestión no estatal, el desarrollo territorial, transformar el entorno institucional y desarrollar la política social.

Identificó 100 proyecciones de trabajo, 43 de ellas aprobadas; así como 220 acciones previstas, y cuatro aplazadas (nuevas tarifas para el abasto de agua, la transportación de pasajeros, el gas licuado, y precios mayoristas del combustible), hasta que existan condiciones para su implementación.

El Primer Ministro reconoció que el programa de acciones no ha avanzado a la velocidad deseada pues muchas veces faltan condiciones y  se ha decidido evitar que las medidas agraven las condiciones de vida de la población.

Sobre las proyecciones  de estabilización macroeconómica informó que la decisión adoptada meses atrás de eliminar la exención por pago de impuestos a los actores por cuenta propia permitió recaudar, en 6 meses, más de 10 mil millones pesos. Asimismo, el establecimiento de una tasa de cambio de 1 por 120, aportó 3 mil 400 millones de pesos, cifra que al cierre del año podría superar los 9 mil millones

La medida de disminuir el subsidio a servicios y productos (combustibles, generación eléctrica, medicina verde, cigarros y tabacos) representaron ingresos al presupuesto de varios miles de millones de pesos, lo cual impulsó acciones de establecer 29 servicentros para venta de combustible en divisa (aportó más de 13 millones pesos), se amplíe a 47 establecimientos en todo el país.

Marrero Cruz reflexionó acerca de la exención arancelaria a la importación de alimentos y medicamentos por personas naturales. La medida ha sido utilizada de manera inescrupulosa para comercializar esos productos en el mercado interno y anunció que las tiendas estatales se están preparando para incrementar la oferta de tales productos.

Con el propósito de perfeccionar el quehacer de la Oficina Nacional Tributaria (Onat) la entidad pasará a estar adscrita al Consejo de Ministros y no al Ministerio de Finanzas y Precios como hasta ahora.

El grupo interinstitucional para identificar evasores fiscales estimó en 159 mil millones de pesos los recursos que han dejado de ingresarse al presupuesto nacional, un 10 % superior al previsto. Para enfrentar esa realidad se realizaron 122 mil acciones de fiscalización. Por evasión fiscal se decidió retirar, de manera temporal, la licencia a 109 actores no estatales, y de manera definitiva a 79.

Para fortalecer la ejecución del plan y el presupuesto en las condiciones de “economía de guerra” en que vive Cuba, se reajustaron varias partidas y se establecieron nuevas reglas del juego para la gestión de los recursos financieros, donde prima el principio de que no se puede gastar lo que no se ha generado. En aras de perfeccionar los controles, se decidió que los presupuestos sean asignados mensualmente, en correspondencia con los ingresos de cada sector.

A partir de un estudio al cobro de impuestos sobre las ventas se confirmó que la evasión fiscal, solo a partir de la importación realizada por actores privados, es de 50 mil millones de pesos, un tercio del total del déficit fiscal.

Los precios y la dolarización parcial de la economía

Sobre el tema de los altos precios a los productos básicos, el Primer Ministro comentó el impacto que ha tenido la medida adoptada recientemente de topar los precios de 6 productos de alta demanda (pollo, aceite, leche, salchichas, pastas alimenticias y detergente), la cual estuvo acompañada de la exoneración de aranceles a su importación.

Esos precios no reflejan la realidad en cuanto a respaldo en salario que recibe el pueblo, reconoció Marrero Cruz. «Ese no es el precio justo, pero sí el posible de acuerdo a los precios en el mercado exterior y sus costos de importación», acotó. Informó que la decisión se adoptó tras un profundo proceso de más de 4 mil consultas a actores de las formas de gestión no estatal.

Para evaluar la aplicación de esa medida se efectuaron 11 mil inspecciones entre los días 12 y 13 de julio, las que detectaron 4 mil 954 violaciones. A los infractores se les aplicaron más de 4 mil multas (13 millones de pesos), se realizaron 354 ventas forzosas, se retiraron varias licencias y 21 decomisos de mercancías a quienes realizaban actividades comerciales de manera ilegal.

Se continuará con ese enfrentamiento a todos los niveles, principalmente al nivel municipal, aseguró, para lo cual se han habilitado 7 mil 300 inspectores del Gobierno y de otros de organismos nacionales, cifra que podría llegar a 20 mil en los meses venideros.

Es injusto comparar los precios de las tiendas recaudadoras de divisas con los de las formas no estatales de gestión, pues estas últimas pueden importar desde mercados más cercanos. Las empresas estatales, en cambio, deben pagar precios y fletes más costosos, a pesar de ello se han comprometido a evaluar el tema, comentó.

No hay intención en el Gobierno de dolarizar la economía, aunque hay sectores en los que resulta inevitable, reconoció. No obstante, existen entidades que emplean formas de pago no conectadas al Gobierno, que violan regulaciones vigentes y forman parte de ese entramado que ingresa al país y por donde circulan unos 2 mil millones de dólares.

En 2023 las formas no estatales importaron recursos por un monto de mil 300 millones dólares. Al cierre de junio, la cifra superaba los 936 millones de dólares, y presentaba una tendencia al crecimiento que superaría lo previsto para el 2024. Esta actividad tiene una importancia tributaria extraordinaria, y si no se controla genera una espiral que conduce incremento del precio de las divisas en el mercado ilegal.

En aras de controlar la dolarización de la economía anunció nuevas medidas, entre ellas el establecimiento de un nuevo mecanismo para la asignación y gestión de las divisas a las empresas e instituciones del Estado, el cual deroga la Resolución 115 del 2020. A partir de ahora todas las transacciones hacia lo interno de la economía se realizarán en moneda nacional, exceptuando las operaciones en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel y otras entidades centralmente aprobadas.

Marrero Cruz se refirió además a otras acciones que buscan sanear y transparentar las cuentas en divisa de entidades estatales. Dijo que comenzarán a aplicarse esquemas cerrados de financiamiento a las importaciones en determinados sectores, el cobro de aranceles en divisas al sector no estatal, y el cobro en efectivo en entidades específicas, como las del turismo.

«No contamos con mercado cambiario que permita vender divisas, pero se ha elaborado una propuesta de los pasos a seguir para establecer una tasa adecuada», refirió el Primer Ministro. La complejidad del proceso impone trabajar sin prisa para ir reduciendo la brecha cambiaria de manera gradual, administrar los desequilibrios y  impactos no deseados. «Es preciso recoger primero el exceso de circulante, y avanzar en la dolarización parcial de la economía», afirmó.

Según Marrero Cruz existe un exceso de circulante estimado en 400 mil millones de pesos, cifra que podría alcanzar 600 mil millones de pesos al finalizar el año, recursos que se concentran en un 10 % de la población.

Sobre la marcha del proceso de bancarización, el dirigente reconoció que se aprecia mayor comprensión por parte de la población, pero aún existe una alta concentración de efectivo fuera de las instituciones bancarias, así como poca comprensión de las normas jurídicas que regulan esta actividad.

Como parte del análisis se identificaron cuentas fiscales de actores no estatales en las que no se reportan movimientos, lo que habla de la poca transparencia de sus operaciones y podría conducir a su cancelación. También hallaron más de mil mipymes subdeclarantes en materia de ingresos, y actores económicos que no han abierto cuentas fiscales. Entre las acciones de enfrentamiento previstas para estos casos se anuncia el bloqueo y la suspensión de servicios bancarios.

Los gastos por concepto de subsidio están estimados en 63 mil millones de pesos, fundamentalmente destinados a la canasta básica mensual y a las tarifas de electricidad. Sobre este último, Marrero reconoció que el incremento del 25 %  en las tarifas aplicado en el 2023 a los consumidores con más de 500 MW no impactó en el ahorro como se esperaba pues, en general, esos altos consumidores permanecen en tal condición.

Para incrementar la producción y sus exportaciones se acordó implementar esquemas especiales en sectores como el de la fabricación de acero, miel de abejas y carbón, con alta demanda en el mercado exterior. En el caso del cultivo de arroz se ha previsto el pago en dólares a los productores.

De las 70 empresas autorizadas para realizar importaciones y exportaciones de las formas de gestión no estatal, quedaran 24, afirmó.

Otra de las medidas anunciadas en torno a las importaciones y exportaciones, consiste en condicionar estas actividades a la presentación de un certifico de no adeudo fiscal por parte de los actores económicos.

Se ha estado estimulando la búsqueda de inversión extranjera para incrementar producción agropecuaria, dijo, aunque persisten el bloqueo de EE. UU. y problemas subjetivos como la lentitud en las respuestas de las autoridades cubanas, sostuvo Marrero. Anticipó que se flexibilizarán trámites para los inversionistas, siempre bajo el principio de que “el país no está, ni estará en venta, no cederemos patrimonio ni soberanía”.

Sobre la recaudación de divisas reconoció que apenas se alcanzó el 83 % de lo previsto para el primer semestre del año. Esto se debe, en gran medida, a la lenta recuperación del turismo, cuyo crecimiento está muy lejos de lo que aportaba el sector antes del 2019.

Cuando se comparan los resultados de Cuba con sus competidores naturales en la región (México y República Dominicana) hay que tomar en cuenta que el mercado estadounidense, el que más ha crecido en la etapa postpandémica, está vetado para la mayor de las Antillas debido al bloqueo de Estados Unidos, explicó.

El primer ministro interpeló a socios, acreedores y proveedores de Cuba en el mercado mundial para que “tengan comprensión por el atraso en las cuentas por pagar” y ratificó el compromiso de que el país cumplirá sus compromisos en la medida que las posibilidades reales de la economía lo permitan. Pagaremos hasta el último centavo, enfatizó.

Los alimentos más seguros, los que seamos capaces de producir

En cuanto al incremento de la producción nacional de alimentos -tercer objetivo esbozado por Marrero-, señaló que se incrementaron las tarifas arancelarias de algunos productos y se captaron por ese concepto 610 millones de pesos. También se avanzó en el proceso de depuración y en la evaluación del uso que se la ha dado a la tierra entregada en usufructo, comprobándose muchas violaciones.

En cuanto al control integral a la existencia de ganado mayor y su registro se informó que han visitado 107 mil propietarios con 98 % de violaciones, de ellas resueltas el 66 % de ellas. El Primer Ministro recordó que el 80 % de la producción de alimentos en Cuba es desde las formas productivas no estatales.

Esbozó que se avanza, aunque sin explotarse todas las potencialidades, el programa de agricultura urbana, suburbana y familiar. “Hay que llegar a tener un organopónico en cada circunscripción o comunidad y desde ahí generar empleo y comida”, dijo.

Reconoció que aunque se está sembrando más, las producciones agrícolas del país mantienen todavía la tendencia al incumplimiento, pues los rendimientos no alcanzan los niveles requeridos al no poder asegurarse el paquete tecnológico, productos químicos, fertilizantes y combustibles. “Los alimentos más seguros de los que podamos contar, serán los que seamos capaces de producir”, aseguró.

Un aparte en su intervención de este objetivo la dedicó a la zafra azucarera, la cual estaba prevista para que durara 83 días, pero por problemas duró más de 150 y no se alcanzó la producción de azúcar planificada para satisfacer la demanda.

“Es cierto que existieron limitaciones de recursos como combustible, lubricantes, pero también incidieron deficiencias internas por problemas organizativos. Ya empezamos a preparar la próxima zafra y habrá que importar una cantidad de azúcar para cumplir con la cuota de la población en el segundo semestre”, argumentó.

Avanzar en el desarrollo del sistema empresarial del país y la integración entre los actores económicos.

Manuel Marrero expuso que las acciones desarrolladas en este cuarto objetivo de trabajo han estado enfocadas a la elaboración de la Política para la Ley de Empresas, la actuación de las normas jurídicas para los nuevos actores económicos y en el ordenamiento de las relaciones entre los diferentes actores.

“En lo que llega esa Ley, en el segundo semestre avanzaremos en el perfeccionamiento de las estructuras y funciones del sector empresarial estatal, se prevé ordenar las Unidades Empresariales de Base (UEB), cuales pueden transitar a empresas filiales o a Mipymes estatales, así como el análisis de las empresas y las OSDE”, explicó.

Lo que debemos defender es el encadenamiento productivo de verdad entre la empresa estatal y las formas de gestión no estatal, dijo el Primer Ministro, quien llamó a la existencia de un proceso de licitación y a tomar decisiones colectivas, no personales, cuando se pactan contratos entre estos dos actores económicos.

Para ilustrar la necesidad de regular esa relación puso el ejemplo de que hasta mayo las unidades presupuestadas pagaron a personas naturales y a otras formas de gestión no estatal 4 mil 750 millones de pesos, lo cual representa un incremento de 990 millones respecto a similar período del 2023.

Ante esta tendencia se establecieron regulaciones para acotar las ganancias en las compras de productos y pagos de servicios e insumos del sector estatal al no estatal, pudiendo aceptar precios que contengan una utilidad de hasta el 30 %.

Explicó que los principales cambios en las normas jurídicas para Mipymes y Cooperativas no agropecuarias (CNA) están centrados en la descentralización de la facultad de aprobación de las Mipymes privadas y CNA a los Consejos de Administración Municipales, siempre que estén en correspondencia con las estrategias de desarrollo municipal, solucionen necesidades del territorio o sean de interés provincial o nacional.

Asimismo, comentó las regulaciones y nuevos parámetros para la aprobación de los objetos sociales, entre las que se cuenta que la apertura de establecimientos fuera del domicilio social conlleva autorización del CAM correspondiente. “Hay que presentar la declaración de la licitud del origen de los fondos, y en el ejercicio de las actividades que requieran licencia y permisos no contar con eso constituirá una ilegalidad”, precisó.

En cuanto a los principales cambios en normas jurídicas del trabajo por cuenta propia (TCP) aclaró que se limitarán los contratados del TCP hasta 3 personas, incluidos familiares. Se establecerá la obligatoriedad de filiación de la seguridad social, y si anualmente tienen un nivel de facturación superior a la cifra que se establezca por las autoridades competentes, deben reconvertirse a personas jurídicas.

Marrero subrayó que no es una cruzada contra las formas de gestión no estatal ni es un paso atrás. “Ratificamos lo aprobado por el Congreso del PCC y lo refrendado en la Constitución. No se trata de prohibir, sino de corregir, reorientar, conducir y lograr que cada actor económico juegue el papel que le corresponde”, aseveró.

Sobre la creación del nuevo Instituto para la Atención de los actores económicos no estatales, informó que ya se acondiciona la sede y está definida su estructura y funciones para comenzar a funcionar en septiembre.

Con respecto a la aprobación de la nueva política para la transmisión de la propiedad de vehículos de motos, remolques y semirremolques, su comercialización e importación detalló lo acordado:

1.- Los vehículos de motor y carrocerías de uso que resulten disponibles dentro del país se comercializarán siempre en moneda nacional

2.-Permitir la importación de vehículos a persona diplomático, representantes de empresas en el exterior y las misiones de colaboración.

3.- Incorporar para la importación de vehículos de motor nuevos requisitos que garanticen la compatibilidad técnica

4.- Autorizar que SASA pueda importar y comercializar carrocerías de vehículos, de motor y cuadros de moto, en divisas convertibles, exclusivamente como reposición.

5.- Autorizar la transmisión de propiedad entre las personas naturales y jurídicas (excepto las diplomáticas) cumpliendo el régimen tributario correspondiente.

6.- Se acota la cantidad y tipos de vehículos a importar por las formas de gestión no estatal.

7.- Se autoriza la importación de motos de combustión y triciclos.

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Resultados y perspectivas de la economía cubana en 2024

Impulsar la actividad productiva, con énfasis en la producción de alimentos e incrementar los ingresos en divisas del país, son parte de las estrategias económicas para lo que resta de 2024, según explicó este miércoles Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, al intervenir ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El titular confirmó que en 2023 hubo un decrecimiento equivalente al 1,9% del PIB, con una incidencia negativa de la producción agropecuaria, y las industrias azucarera y manufacturera.

Como actividades que incidieron positivamente resaltó las de hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, así como construcción, cultura y deporte.

Como aspecto desfavorable apuntó que todavía hay una brecha del 10% en el crecimiento económico en relación con 2019, con una reducción mayoritaria en el sector primario y secundario de la economía, que decrecen en 43% y 21% respectivamente.

En cuanto al primer semestre de 2024, el ministro no anunció si hubo crecimiento o descenso del PIB como es usual en este ejercicio de mediados del año.

Apuntó que los ingresos en divisas por exportaciones crecieron en un 24% en relación con igual periodo del pasado año, pero solo fueron el 88% de lo planificado para la etapa, lo cual significa que se dejaron de ingresar 222 millones de dólares.

Al respecto, señaló además que resulta indispensable mejorar el cobro de las exportaciones.

No se cumplieron los planes en la venta de níquel, azúcar y ron, ni por los servicios turísticos ni de telecomunicaciones. No obstante, la cantidad de visitantes internacionales creció casi un 2% en relación con igual periodo de 2023, pero aún está muy lejana de lo logrado en 2019, antes de la pandemia.

Un indicador muy representativo de lo difícil de la situación, es la restricción de las importaciones en este primer semestre, cuyo plan solo se cumplió al 58%, lo cual es una reducción del 22% en relación con el cierre de junio de 2023.

En relación con las formas de gestión no estatal informó que hasta junio facturaron importaciones por alrededor de 900 millones de dólares, mientras que las exportaciones solo alcanzaron unos 15 millones 700 mil dólares, lo cual evidencia la falta de una vocación exportadora.

El incumplimiento del plan en la mayoría de las producciones agropecuarias complejiza aún más el panorama, que se intenta revertir con la creación de sistemas agroalimentarios municipales, a partir de la creación ya de 113 empresas en 107 municipios, que se integran a la labor de los distintos tipos de cooperativas.

Valoró los problemas existentes en la generación eléctrica, por las dificultades con el abastecimiento de petróleo y las condiciones de las termoeléctricas, y la importancia de adoptar medidas que permitan disminuir las afectaciones a la población.

En relación con la inflación, el ministro afirmó que se mantiene una tendencia a la desaceleración desde el año pasado, pero con una variación acumulada hasta mayo superior al 15%, y del 31% en relación con el año pasado, lo cual no significa que bajen los precios, sino que crecen a menor ritmo.

Expuso igualmente los principales progresos en cuanto a inversiones, tales como tres parques solares fotovoltaicos más y la recuperación de capacidad de generación en algunas termoeléctricas, o lo hecho como parte del programa hidráulico, con 122 kilómetros de nuevas redes colocadas.

En materia de trabajo, resalta la flexibilización de la organización salarial en 922 entidades, lo cual abarca a más de 700 mil trabajadores, el 54% del total. El salario medio del país alcanzó los 5 mil 750 pesos, unos mil 200 más que en 2023.

El titular también  expuso las estrategias para lo que resta del año, en materia de estabilización macroeconómica, producción de alimentos, racionalidad en el gasto, mejoramiento del sistema electroenergético, incremento de los ingresos en divisas del país y atención a las personas, familias y comunidades más vulnerables.

Presupuesto en el rango de la Ley

La liquidación del Presupuesto del Estado correspondiente a 2023 fue presentada por Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, quien destacó el enmarcamiento dentro de los límites dispuestos por la Ley.

En relación con los ingresos, con un incumplimiento del 2.4%, explicó que más del 90% de los ingresos provienen del sector empresarial estatal, mientras que los tributarios rondan el 60%.

No obstante, Regueiro Ale llamó la atención sobre la evasión fiscal, y ejemplificó con el incumplimiento del 70% en el impuesto sobre las ventas correspondiente a los volúmenes importados por actores económicos no estatales. También hizo referencia a las deficiencias de la Administración Tributaria en la fiscalización y cobranza, y lo que se hace por perfeccionar su gestión.

En relación con los gastos resaltó que el 62% del total se ejecutaron en la esfera social, fundamentalmente en la salud y la educación.

La persistencia de limitaciones y deficiencias en el uso de los recursos financieros fue planteada por el Ministro, quien insistió en la necesidad de mejorar la contabilidad, el control del crédito público, el funcionamiento de la Tesorería, de la formación de los precios y de la inspección.

Exhortó además a concentrar esfuerzos en la reducción del déficit fiscal, por el impacto que ello tiene en la reducción del exceso de liquidez y consecuentemente en la inflación en perjuicio del poder adquisitivo de la población.

Adelantó que hasta mayo de 2024 el déficit presupuestario ronda el 61% de lo previsto, sobre todo por no ejecutar gastos que se planificaron. Por ese motivo se realiza un ajuste presupuestario para distribuir los recursos disponibles, y ya se comenzó a elaborar el presupuesto del Estado para el año próximo.

Los diputados debatieron esos resultados con fuerza, en respaldo a las proyecciones del Gobierno para corregir las distorsiones y las indisciplinas que se han evidenciado en la aplicación de diversas políticas.

La evasión fiscal, las irregularidades en la relación entre las diferentes formas de gestión, los problemas en la producción de alimentos o para incrementar las exportaciones, estuvieron en el centro de las preocupaciones.

Acerca del autor

Joel García León

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Máster en Ciencias de la Comunicación. Director del Periódico Trabajadores desde el 1 de julio del 2024. Editor-jefe de la Redacción Deportiva desde 2007. Ha participado en coberturas periodísticas de Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Copa Intercontinental de Béisbol, Clásico Mundial de Béisbol, Campeonatos Mundiales de Judo, entre otras. Profesor del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana, Cuba.