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De acuerdo con Juan Pablo Pizarro, vocero de la Unión Portuaria de Chile que cuenta con más de seis mil afiliados, la paralización es el resultado de una serie de problemas acumulados desde el gobierno anterior y el actual.
El gremio reclama la aprobación de una Ley General de Puertos, exigida desde hace una década, con el fin de contar con un marco regulatorio para eliminar los abusos laborales en las terminales marítimas.
También pide atención en salud para las enfermedades profesionales y mayor seguridad, tras recordar que en los últimos meses perdieron a siete compañeros en accidentes de trabajo.
En un comunicado publicado aquí, abogan, además, por la modernización de los puertos para aumentar su capacidad competitiva y medidas para paliar el desempleo debido a la transición energética.
La paralización tuvo un impacto significativo en el puerto de San Antonio, el principal del país, ubicado en la región de Valparaíso, donde manifestantes quemaron neumáticos e instalaron barricadas que cortaron temporalmente el tráfico en algunas calles.
