En Europa, tractores para hacer política

En Europa, tractores para hacer política

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En las últimas semanas numerosas ciudades europeas han sido testigos de un singular y airado desfile de tractores. Es la forma que adoptaron los trabajadores del campo para expresar su descontento frente a varias normas impulsadas por los Gobiernos de sus respectivos países y por la Comisión Europea.

 

Marcha de tractores en La Rioja, España. | foto: EFE/Fernando Díaz

 

El tractor se ha convertido así en el símbolo de quienes reclaman ser tomados en cuenta, sobre todo en la formulación de las políticas y reglamentos que afectan su quehacer. Para otros, esta maquinaria representa la fuerza y pujanza de un movimiento que parecería espontáneo, pero no lo es.

Los productores de cada país han presentado reivindicaciones propias, aunque existen reclamos comunes como la necesidad de mantener las subvenciones al diésel empleado en labores agrícolas, así como el rechazo a los tratados de libre comercio y a algunos de los requisitos que dificultan el acceso a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Las protestas también critican la suspensión de los aranceles al trigo, maíz, colza y girasol producidos en Ucrania. Desde mayo del año 2022 esos productos pueden circular y venderse libremente en la región, algo que los agricultores europeos consideran “competencia desleal”.


España, Polonia y Francia

Este domingo, por ejemplo, agricultores y ganaderos de La Rioja, España, organizaron una multitudinaria “tractorada” en Logroño, y dejaron dicho que se quedarán allí “hasta que alguien mueva alguna ficha”.

La movilización se había decidido días antes, luego de un encuentro en Madrid del ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con organizaciones profesionales agrarias. La reunión buscaba negociar un plan de 18 puntos que no avanza al ritmo que exigen los manifestantes.

Lo sucedido en esta ciudad española es apenas un botón de muestra de las protestas que han sacado del campo a campesinos y ganaderos en 25 de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE).

En Polonia, pongamos el caso, los agricultores llevaron sus protestas hasta las calles de Breslavia, donde mantienen obstruidas carreteras y el paso fronterizo de Dorohusk. Para el 20 de febrero han anunciado una gran marcha sobre Varsovia.

En Francia, por su parte, han bloqueado el castillo de Chambord cuando solo faltan unos días para que se inicie la 60 edición del Salón Internacional de la Agricultura de París (SIA), más conocido como Salón de la Agricultura. Este evento tendrá lugar entre el 24 de febrero y el 3 de marzo, es la feria agrícola anual más importante del país y cuenta con una gran concurrencia mediática y de público.

Habitualmente, SIA ha devenido plataforma política desde la cual el mandatario francés Emmanuel Macron ha hecho promesas, muchas de las cuales no ha podido cumplimentar.

Resultados a medio tiempo

En respuesta a las demandas, la Comisión Europea adoptó la pasada semana una resolución que permite a los agricultores utilizar unas tierras que permanecían en barbecho (sin cultivar) por razones medioambientales.

Al anunciar la medida, el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, explicó que se aplicaría retroactivamente, es decir, desde el 1.º de enero hasta finales de año, pero con ciertas especificidades como la de que sean cultivos que fijen nitrógeno al suelo.

La política medioambiental de la UE está en el blanco de la protesta pues los campesinos la consideran una carga financiera que incrementa los costos de producción y, por tanto, los precios a los que pueden comercializar sus productos.

Al mismo tiempo, la UE negocia tratados de libre comercio que los productores europeos ven como una amenaza, por lo cual exigen que sean suspendidos.

Varias agrupaciones sindicales y gremiales que han tomado parte en la organización de las protestas, como la Coordinadora Europea Vía Campesina (CEVC), han alertado acerca de los “intentos de la extrema derecha de explotar y utilizar” las movilizaciones para impulsar su propia agenda, lo cual “incluye negar el cambio climático, pedir que se rebajen las normas medioambientales y culpar a los trabajadores inmigrantes de las zonas rurales”.

Esas razones no tienen “nada que ver” con los intereses de colectivos agricultores, recalcaron los voceros de CEVC.

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