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La víspera, la policía motorizada disparó balas de goma contra decenas de personas, durante el segundo día consecutivo de manifestaciones contra la conocida como Ley Ómnibus que dispone la privatización de empresas públicas, la atribución de facultades legislativas al Ejecutivo y la declaración de un período de emergencia.
Además, los efectivos usaron bastones, gases lacrimógenos y camiones hidrantes para sacar a los ciudadanos de las calles y obligarlos a subir a plazas y aceras.
“Desde Sipreba repudiamos la represión contra quienes se manifestaban mientras se discutían reformas regresivas para la sociedad. Asimismo, rechazamos los ataques deliberados de las fuerzas de seguridad a profesionales de prensa que sufrieron heridas por hacer su trabajo”, señala un comunicado de esa organización.
Desde el sindicato contabilizamos más de 30 compañeros de medios públicos, privados y autogestionados con impactos de balas de goma, golpes y daños provocados por gases lacrimógenos. Muchos de ellos tuvieron que ser atendidos por personal médico, añade.
Asimismo, precisa que entre los lesionados se encuentran Víctor Carreira y Alfredo Luna, de la agencia Télam; Lorena Tapia, de la Televisión Pública; Bernardino Ávila (Página 12) y Hernán Nucera (canal C5N), quien recibió cuatro balazos.
Sipreba también indica que el reportero de La Izquierda Diario, Kresta Pepe, recibió un balazo de goma en la cara; Jerónimo Rojas (Télam) fue golpeado en las costillas y la fotógrafa Paula Acunzo fue baleada en las piernas y sufrió quemaduras por gas con productos químicos.
El sindicato también rechazó “el intento del Gobierno de privatizar los medios públicos, cerrar la Defensoría del Público y terminar con programas de fomento, entre otras decisiones, que afectan directamente a la libertad de expresión y al derecho a la información”.
Llamamos a cesar el accionar represivo y exigimos que nuestros compañeros puedan realizar su tarea periodística en paz, sin agresiones ni impedimentos. La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia que debe ser defendido, garantizado y respetado por todos los poderes del Estado y los sectores políticos y económicos que forman parte de nuestra sociedad, concluye.
