Diez resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios que buscan contener y reducir el déficit fiscal fueron explicadas este martes por el titular de esa cartera, Vladimir Regueiro Ale, luego de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
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Las normas complementarias a la Ley 164 del Presupuesto del Estado para 2024 agrupan medidas para contribuir al saneamiento financiero del país, la implementación del sistema tributario, la reducción de los subsidios empresariales y la restricción de los gastos.
El Ministro recordó que para el actual ejercicio fiscal se aprobó un déficit fiscal máximo equivalente al 18,5% del PIB, cifra que es necesario disminuir en todo lo posible.
Entre las adecuaciones tributarias para el periodo sobresale la eliminación de las exenciones de impuestos a los actores económicos no estatales, como las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y las cooperativas no agropecuarias, luego de dos años y medio de disfrutar de ese beneficio fiscal durante su despegue.
La incorporación de los trabajadores contratados en los proyectos de Desarrollo Local como sujetos del pago de la Contribución especial a la Seguridad Social y varias adecuaciones para el cálculo y pago de la liquidación adicional del Impuesto sobre los ingresos personales por los contribuyentes que reciben gratificaciones y los del sector agropecuario, son otros de los cambios.
Destaca también la continuidad en la aplicación del Impuesto por la ociosidad de tierras agrícolas y forestales, un tributo que no está orientado a la recaudación, sino a incidir en que los dueños y poseedores de tierras hagan un uso eficiente de este recurso.
Otras normas anunciadas tienen incidencia en el proceso presupuestario, en particular en la metodología que deben seguir las entidades y estructuras gubernamentales que operan con el presupuesto del Estado.
Al respecto, Regueiro Ale precisó que ante otras medidas ya anunciadas como el aumento del precio del combustible o del transporte público, las unidades presupuestadas deberán recibir una actualización de su presupuesto durante el año; mientras que el sector empresarial tendría que asumir esos incrementos con una mayor eficiencia, producción y control racional de sus recursos, sin descartar una actualización también de sus planes económicos y financieros del periodo.
Sobre el previsible impacto de estas medidas financieras en el incremento de los precios de venta a la población (inflación), el Ministro evaluó que es preciso trabajar en el incremento de la oferta estatal, acotar límites para los precios de compra y venta entre entidades estatales y privadas, pactar precios en producciones agropecuarias en los territorios, entre otras variantes de regulación.
el impuesto por occiosidad de las tierras es tambien aplicable al sector estatal, porque a lo largo y ancho de nuestro pais hay muchas tieras occiosas lñlenas de malezas que deben sewr utilñizadas en la produccion de laimentos tan necesarios hoy para el pueblo y la sustitucion de importaciones