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Cargando...Aunque sea difícil de creer a estas alturas de nuestra realidad económica, todavía hay entidades estatales y organizaciones que bajo la manga prohíben, hacen resistencia o inventan restricciones administrativas a la hora de contratar o vincularse con las micro, pequeñas y medianas empresas privadas.
Por supuesto, ese rechazo no es solamente por un prejuicio hacia esas nuevas formas de gestión. Hay aspectos financieros no resueltos para que ese encadenamiento entre la economía estatal y no estatal funcione con la armonía que se requeriría, sobre todo en materia de costos, precios, o de límites presupuestarios.
Por eso es tan importante la información que recién se ofreció por nuestros medios acerca de lo abordado en la reunión de gobernadores de todas las provincias del país, en relación con la actualización de las normas jurídicas de los actores económicos no estatales y las relaciones entre entidades estatales y no estatales.
Construir esos nexos sobre la marcha no deja de ser un proceso accidentado, por lo cual constituye una buena práctica que se haya dado participación a las provincias en esas próximas decisiones, ahora en otra ronda de análisis con todos los organismos de la Administración Central del Estado, instituciones estatales y territorios, según se informó.
Algunas de las propuestas que se manejan guardan una lógica elemental con las políticas de fortalecimiento de la autonomía municipal que preconiza nuestro actual orden constitucional.
La descentralización gradual hasta el nivel de los municipios de las aprobaciones de los nuevos actores económicos resulta imprescindible para que tales decisiones estén en consonancia con las estrategias de desarrollo municipales.
De ese modo las prioridades para el fomento de las mipymes podrán ser eficazmente conducidas por las Asambleas y Consejos de la Administración en cada territorio, los cuales a la larga son los que deben controlar y medir su impacto real en la satisfacción de las necesidades ciudadanas.
Como también se explicó, lo que se buscará es que las normas jurídicas para las relaciones entre entidades estatales y no estatales, propicien una mayor integración entre los actores económicos, para dar respuesta oportuna a las demandas del mercado interno, tanto del sector productivo como de la población y propiciar encadenamientos productivos en el territorio nacional.
Se habla igualmente de aprovechar capacidades ociosas de nuestra industria, el aumento de la oferta de bienes y servicios, el incremento de los ingresos de los trabajadores de las empresas estatales a partir del aumento de los niveles de actividad, la reparación de líneas productivas que se encuentran sin trabajar, la identificación de nuevas oportunidades de negocio, así como la concertación de precios.
No obstante, para conseguir eso no bastará con tener nuevas legislaciones. Habrá que superar prácticas muy acendradas en la forma de negociar, que en ocasiones vuelven a amarrar las manos de la parte estatal ante la primera dificultad o tropiezo. Tampoco es posible admitir que el vínculo con el sector privado desnaturalice el objeto social, y el objetivo socialista, de la empresa estatal.
La medida del éxito tiene que estar, entonces, en todo lo más que se produzca, se fabrique, se oferte a la población; con esquemas de redistribución social que alivien las desigualdades económicas hoy existentes.
