Cargando...En una semana, sin haberse recuperado aún del estupor que ha provocado la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio, más de 13 millones de ecuatorianos estarán nuevamente ante las urnas con la esperanza de recuperar la Patria. Vivirán un proceso electoral adelantado para elegir a quienes desempeñarán la función Ejecutiva y Legislativa hasta el 2025.
Estos comicios no estaban previstos en el calendario electoral, fueron el resultado de una movida táctica del actual presidente Guillermo Lasso, quien el pasado 17 de mayo suspendió a la Asamblea Nacional del Ecuador, justo cuando esa institución se alistaba para destituirlo.
De un plumazo el mandatario ganó tiempo y consiguió eludir, al menos por ahora, el proceso judicial que le venía encima por corrupción y otros delitos. Pero la jugada, prevista en la Constitución, no resolvió los graves problemas del país que finalmente ha derivado en lo que el expresidente Rafael Correa califica como “Estado fallido”.
Ese camino, tortuoso y oscuro, conduce al venidero 20 de agosto, cuando los ciudadanos ecuatorianos votarán por el binomio presidencial y 137 asambleístas. El proceso incluye además dos consultas populares: una de carácter nacional para decidir sobre la explotación petrolera prevista en el bloque 43 del Yasuní ITT, y otra local (distrito metropolitano de Quito) acerca de la minería metálica en la zona del Chocó Andino declarada Reserva de la Biosfera.
Varios observadores cifraron sus esperanzas en que el debate de este 13 de agosto entre los presidenciables influenciara el voto desde la confrontación de programas de gobierno y no por ataques personales, mal que ha acompañado los más recientes procesos eleccionarios en Ecuador.
Según analistas, experiencias similares anteriores devinieron ejemplos de “espectacularización de la política” y expusieron la falta de preparación y desconocimiento de leyes orgánicas y funcionamiento del Estado por parte de varios políticos. Otros investigadores opinan que el voto de los indecisos se define en el debate que tiene lugar en las redes sociales, virtuales y presenciales, de la sociedad ecuatoriana.
¿Quién mató a Don Villa?
Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia fue periodista y político, al morir tenía 59 años y una decena de libros publicados. Inició su vida laboral en la empresa estatal Petroecuador, donde fue dirigente sindical. Luego trabajó como periodista en varios medios de comunicación y también fue asesor político. Como profesional de la prensa destapó un supuesto entramado de corrupción del gobierno del entonces presidente Rafael Correa que lo catapultó a la fama.
Integraba la Asamblea suspendida por Lasso. Ante al llamado a comicios adelantados pactó con el movimiento Construye, a cuyos líderes también había acusado de corruptos, y se presentó como candidato a la presidencia.
Durante toda la campaña, Don Villa hurgó y profundizó el cisma que separa hoy a la sociedad ecuatoriana (correistas vs anticorreistas); mientras restaba importancia a otros males medulares de los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso. También denunció los supuestos vínculos entre los gobiernos municipales y los narcotraficantes, lo que le granjeó poderosos enemigos.
Es justo reconocer la firmeza y voluntad con que mantuvo sus recorridos de campaña por todo el país a pesar de las amenazas de muerte y el endeble aparato de seguridad que le proporcionara la fuerza pública.
En el cruce de acusaciones postcrimen no han faltado quienes pretenden señalar al movimiento de la Revolución Ciudadana, fundado por Rafael Correa, como parte del entramado intelectual del suceso, argumento que resulta doblemente absurdo si se toma en cuenta que la candidata Luisa González marchaba al frente de la lid por la presidencia con un 44 % de las intenciones de voto, según encuestas realizadas antes del 9 de agosto.
Lasso, en otra entreguista decisión, ha pedido ayuda al Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) para esclarecer el hecho. Hasta el momento hay seis sicarios colombianos arrestados, varios teléfonos móviles ocupados y numerosos indicios (entre ellos videos de testigos presenciales) que revelan evidentes fallas del cordón policial que debió garantizar la custodia del candidato.
