“No revelo ningún secreto si afirmo que las consecuencias más nefastas del actual orden económico y financiero internacional, profundamente injusto, antidemocrático, especulativo y excluyente, gravitan con mayor fuerza sobre las naciones en desarrollo”, dijo el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el Palacio de la Bolsa de París, donde tuvo lugar la pasada semana una Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Global.
El evento, organizado por el presidente francés Emmanuel Macron, reunió a líderes mundiales, instituciones internacionales y organizaciones no gubernamentales para evaluar diversos temas, entre ellos la reestructuración de la deuda, la fiscalidad internacional y la financiación de la lucha contra el cambio climático.
“Estos dos días nos permitieron construir un nuevo consenso, aseguró Macron en la conferencia de prensa de cierre. Hemos concluido con un documento que detalla una visión política compartida que estructura el camino hacia una profunda reforma de la arquitectura y la gobernanza financiera internacional”.
El líder francés reconoció que se busca “construir unidad entre los miembros de la comunidad internacional” en torno al doble desafío que enfrenta el mundo hoy: “la lucha contra las desigualdades y el cambio climático”.
Hubo autocrítica, pero faltaron propuestas medulares que nos devuelvan la fe en que los culpables se conviertan, de repente, en los salvadores del planeta.
Derechos Especiales de Giro
En la declaración de clausura se afirma que los países desarrollados cumplieron en el 2021 la meta establecida en el 2015 de transferir 100 mil millones de sus derechos especiales de giro (DEG) a los países en desarrollo.
Los DEG son parte de esa arquitectura financiera de alcance universal que perpetua el poder. La herramienta surgió en 1969 para complementar las reservas oficiales de los países miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el propósito de incidir, “oportunamente”, en la liquidez de las divisas internacionales.
Inicialmente el valor de los DEG estaba respaldado en oro y por el dólar estadounidense. En 1973 la institución sustituyó tal exclusividad por una cesta de cinco monedas, composición que se reevalúa quinquenalmente. Actualmente la integran el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés, la libra esterlina británica y, desde 2016, el renminbi chino.
En teoría, los DEG permiten acceder a activos de reserva internacional y pueden cambiarse por divisas. Son los poderosos los que deciden cuándo y cuánto se asignan los DEG, algo que solo ha ocurrido solo cuatro veces en la historia: entre 1970-72, cuando se establecieron los DEG como unidad de cuenta; entre 1979-81; en el 2009 para ayudar en la recuperación de la crisis financiera del 2008 (en esa oportunidad hubo una cuota especial para las naciones que ingresaron al FMI después del 1981); y la más reciente en el 2021, que ha sido la mayor de todas.
Como parte de esa asignación del 2021, los países de ingresos altos (HIC) recibieron DEG por valor de casi 400 mil millones de dólares, los países de ingresos medios (MIC) por 230 mil millones de dólares y los países de ingresos bajos (LIC) solo 21 mil 000 millones de dólares.
Expertos del FMI reconocieron que esa emisión sin precedentes de DEG buscaba ayudar a los países más vulnerables “para hacer frente al impacto de la crisis de covid-19” y que es poco probable que los HIC utilizaran gran parte de los DEG asignados. Ante esa realidad, varios grupos económicos, incluido el G7, pidieron a la institución financiera internacional que canalizara parte de esos DEG hacia las naciones que más lo necesitan (MIC y LIC).
En la cumbre por el Nuevo Pacto Financiero Global realizada en París, las naciones del mundo subdesarrollado, representadas por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez en su condición de presidente pro témpore del Grupo de los 77 más China, reconocieron que “han visto casi duplicarse su deuda externa en los últimos diez años y han debido gastar 379 mil millones de dólares de sus reservas para defender sus monedas en 2022, casi el doble de la cantidad de nuevos DEG que les asignó el FMI”.
La voz del Sur también estuvo representada por Lula da Silva y Gustavo Petro, presidentes de Brasil y Colombia respectivamente, quienes coincidieron en que se precisan cambios medulares para que nuestros países puedan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes del 2030, meta acordada por la comunidad internacional y que evidentemente será burlada.
Y Díaz-Canel lo dejó claro: “Nuestros pueblos no pueden ni deben seguir siendo laboratorios de recetas coloniales y de renovadas formas de dominación que emplean la deuda, la arquitectura financiera internacional actual y las medidas coercitivas unilaterales, para perpetuar el subdesarrollo e incrementar las arcas de unos pocos a expensas del Sur”.