Cargando...Por Osvaldo Rodríguez Martínez, especial para Trabajadores
La Corte Constitucional escuchó la voz de parlamentarios, obreros, indígenas y otros muchos ciudadanos de Ecuador y admitió, en parte, la solicitud de un juicio político al actual presidente del país, Guillermo Lasso, por el presunto delito de peculado, que podría finalizar su mandato.
Las primeras repercusiones a favor del acto reconocieron su efecto en el futuro de la nación: Este juicio es un símbolo para un país desesperado y desesperanzado, para los miles de desempleados y los millones de ecuatorianos que dejaron de creer en la democracia, expresó el parlamentario andino Virgilio Hernández.
El movimiento Revolución Ciudadana subrayó que el juicio político es una expresión democrática frente a un país destrozado y sentenció: “hoy renace la esperanza”, reportó Prensa Latina.
La asambleísta Viviana Veloz, encargada de las investigaciones y una de las solicitantes del juicio, afirmó que ahora el Presidente tendrá que responder por sus horrores e incompetencias. “No podíamos darle la espalda al pueblo ecuatoriano”, agregó.
“Que la Corte haya dado paso al proceso en contra del gobernante demuestra que siempre hubo motivación y sustento para plantearlo. Ahora el proceso recién empieza. Que triunfe la ley, las aspiraciones del pueblo y la Constitución”, escribió la también parlamentaria Paola Cabezas.
En la acera opuesta, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado en el cual manifiesta que respeta la decisión de la Corte a pesar de no coincidir con ella y aseguró que el planteamiento de la Asamblea nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico ni político alguno.
En la reciente Cumbre Iberoamericana celebrada en República Dominicana, Lasso negó enfáticamente su vinculación a los hechos que le imputan y denunció que se está tramando un “golpe de Estado parlamentario”, originado en sectores de izquierda del “correísmo” (seguidores del expresidente Rafael Correa) y el derechista Partido Social Cristiano.
En los días venideros la Comisión de Fiscalización del Parlamento tiene 30 días para recomendar o no el procedimiento, y una vez listo el trámite, el jefe del legislativo convocará al pleno para el enjuiciamiento, donde el mandatario puede tener equipo defensor, mientras que para aprobar su destitución deberán votar 92 de los 137 asambleístas de ese órgano.
La Corte, con 6 votos a favor y 3 en contra, rechazó dos delitos de concusión (exacción arbitraria hecha por un funcionario público en provecho propio, según la RAE) por considerar que la solicitud “no cumple las exigencias de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional». Bajo similar criterio admitió el de peculado.
Un funcionario público comete peculado cuando utiliza un bien del Estado en beneficio propio o de terceros, delito tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. También es causal de juicio político, según la Constitución del 2008, por tanto la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente o vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros.
Los hechos imputados
A Lasso lo acusan de ser responsable político de una presunta trama de corrupción en empresas públicas, en la que aparece su cuñado, el empresario Danilo Carrera.
La solicitud de juicio político la motivó una investigación periodística del medio digital local La Posta, en enero pasado, la cual revela la existencia de una presunta red de corrupción en las empresas públicas de Ecuador, que estaría liderada por Carrera.
El caso lo investiga la fiscalía general del Estado en la causa Encuentro, aunque mediáticamente se conoce como El Gran Padrino. La tesis es que están involucrados las corporaciones Nacional de Electricidad y Eléctrica del Ecuador y Petroecuador.
Al mandatario le imputan, además, una supuesta protección a algunos integrantes de ese entramado y que influyó para archivar una investigación de la policía antidrogas sobre probables nexos del empresario Daniel Chérres con una red de narcotráfico.
La Posta denunció que una investigación fue archivada por la Fiscalía porque no se encontraron elementos de convicción y en ese informe aparecen los nombres de los empresarios Rubén Chérres (ecuatoriano), Gjika Dritan (albanés) y Danilo Carrera (cuñado de Lasso).
El 13 de febrero, el periodista Andersson Boscán entregó documentación a una comisión parlamentaria sobre posibles vínculos de Chérres con la mafia albanesa, la cual opera en Ecuador desde el 2011, según el legislador y periodista de investigación Fernando Villavicencio.
La fuente aseguró en Twitter: “Rubén Chérres, conoció a miembros de la mafia albanesa, mientras purgaba una condena por narcotráfico en la Penitenciaría. Tras salir en libertad, en 2014, empezó a constituir varias empresas con Gjika Dritan”.
En un intento por descalificar tales imputaciones, el Presidente declaró el pasado miércoles que “estamos luchando también contra las mafias de las drogas y todas esas mafias, con mucho dinero, tienen voceros propios y también tienen asambleístas propios”, publicó el diario local El Comercio.
“Pero ya con calma, con tranquilidad y con cabeza fría le iré dando un detalle a todos los ecuatorianos, de cada uno de aquellos asambleístas para que sepan del listado de sus fechorías, su prontuariado», dijo.
De inmediato, diputados de la Izquierda Democrática (correístas), Partido Social Cristiano y Pachakutik, lo interpretaron como una amenaza y emplazaron a Lasso para que acuda a la Fiscalía con las denuncias concretas.
Escenarios posibles
En la incertidumbre de continuar o no el juicio político, el gobernante tiene la opción de arriesgarse a que, como sucedió en junio de 2022, no haya la mayoría calificada para sacarlo de la silla presidencial.
Algunos expertos y funcionarios gubernamentales refieren también la opción de “la muerte cruzada”, un artilugio legal de la Constitución que permite al mandatario disolver la Asamblea Nacional y gobernar ocho meses por decretos, mientras se convocan a nuevas elecciones.
Entre las causales que son prerrogativas presidenciales que puede esgrimir Lasso para este paso extremo sería “Por una grave crisis política y conmoción interna”, explicó el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, citado por El Comercio
La anterior salida para mantenerse en el poder es vista desde ángulos contrastantes por la oposición política, pues mientras unos piensan que la disolución del Parlamento coincide con un clamor popular, otros consideran que sería un cheque en blanco al mandatario y su bloque para conservar el poder.
Algunos asambleístas consideran que lejos de disminuir la crisis, tal decisión podría provocar masivas manifestaciones y protestas de incalculables consecuencias.
Esto es pare de la estrategia para dar mas combustible a la crisis, hay que dar seguimiento a la situacion en ese hermano pais, recientemente se trasmitió por telesur el programa enclave politica y el exaspirante a vicepresidente de la republica explicaba los errores cometidos por el movimiento correista y por el propio Lasso, realmente es de cuidado el tema