Las próximas semanas serán tensas para el Gobierno francés pues se anuncian dos nuevas jornadas de protestas (7 y 11 de febrero) contra la reforma del sistema de pensiones que impulsa Emmanuel Macron.
El pasado 31 de enero una huelga similar dejó prácticamente paralizado el transporte público en París y los trenes regionales.
La medida de fuerza impactó además en la educación pública, ya que al menos la mitad de los profesores de los diferentes niveles se sumaron al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), al que se sumaron otros seis importantes sindicatos.
Reportes de prensa coinciden en que unos 11 mil policías (4 mil solo en París), salieron a contener a los manifestantes que, según el Gobierno, no superaron la cifra de 1, 2 millones, mientras que los organizadores hablan de más de 2,8 millones.
Las acciones comenzaron el 19 de enero. Les siguieron movilizaciones el día 26 y la referida del 31. Los trabajadores franceses parecen estar dispuestos a mantener la pulseada con el Gobierno hasta hacerle cambiar de idea.
Lauren Brun, secretario general del sindicato de los trabajadores ferroviarios (afiliado a la CGT), afirmó que el proyecto en disputa no se dicta por obligación económica como asegura el Gobierno, sino que pretende reducir los aportes que pagan las empresas a la seguridad social y así incrementar sus ganancias.
En un comunicado enviado a Trabajadores, el líder sindical explicó que el mismo día en que se anunció la reforma se supo que las 40 mayores empresas francesas distribuirían entre sus accionistas, como parte de las ganancias previstas para el 2023, 80 mil millones de euros.
“No aceptaremos que se recorten derechos sociales ni que se incremente la explotación del trabajo, mientras los capitalistas se atiborran”, sustentó Brun.
Este lunes está prevista la discusión del proyecto de reforma ante el pleno de la Asamblea Nacional (cámara baja), luego de una semana de trabajo en comisiones para debatir las 7 mil enmiendas propuestas por políticos, legisladores y sindicalistas.
No obstante las voces en contra, Macron insiste en la necesidad de reformar el sistema de pensiones “para evitar un déficit futuro”.
El mandatario ha dicho que los franceses deberían “trabajar más”, en referencia a la propuesta de extender la edad de jubilación de 62 a 64 años; y que es preciso prolongar el período de cotización a 43 años (ahora bastan 42 años) para cobrar la pensión completa, medida que se haría firme en el año 2027.
Además, justifica que se eliminen algunos de los regímenes especiales de pensiones que amparan profesiones de riesgo y sectores en desventaja.
Entre los apoyos que ha recibido la polémica reforma sobresale el del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos funcionarios aseveran que los cambios propuestos permitirían reducir la deuda pública francesa.
Un sondeo del grupo OpinionWay, publicado en el diario financiero Les Echos, mostró que el 61 % de los franceses apoya la protesta, cifra que aumentó tres puntos porcentuales entre el 12 y el 31 de enero.
Desde su llegada al Gobierno en el año 2017, Macron se ha consolidado como “el presidente de los ricos” y ha sobrevivido a meses de alta tensión, como aquellos protagonizados por los chalecos amarillos, movimiento de protesta social que expresó el disgusto masivo de los ciudadanos franceses.
Según analistas, la actual reforma es clave para el mandato de un presidente de apenas 45 años con una larga vida política por delante. Por eso insiste, a pesar del rechazo popular y el del parlamento en su primera versión. El legislativo tiene una nueva oportunidad para emitir una respuesta antes de marzo. De no hacerlo, el Gobierno puede aplicar el plan tal cual lo concibieron.
La estructura que Macron pretende derribar fue construida durante más de medio siglo. Los trabajadores, a fuerza de lucha, valor e inteligencia para negociar, conquistaron derechos laborales y sociales que hoy están en la mirilla de una reforma que desconoce el pasado y ahonda en la inequidad y la desigualdad.