Concluye hoy Asamblea Nacional luego de una jornada de leyes (Cobertura Especial)

Tras una amplia agenda legislativa, finaliza hoy el décimo período ordinario de sesiones de la IX legislatura del Parlamento cubano en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, dio inicio este martes la segunda jornada del décimo período ordinario de sesiones de la IX legislatura en el Palacio de Convenciones de La Habana

Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político y presidente del Parlamento cubano, preside la cita y se encuentra presente también Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República.

Este día la Asamblea Nacional de Poder Popular tendrá una intensa labor legislativa, con la discusión de cuatro proyectos de leyes, y escuchará la rendición de cuentas que por primera vez realiza el Consejo de Estado ante el Parlamento.

El programa prevee el debate y aprobación de los proyectos de leyes de Fomento y Desarrollo de la Ganadería; de la Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social; de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Superior de los Fondos Públicos y la Gestión Administrativa; así como la de la Fiscalía General de la República.

El secretario del Consejo de Estado y de la ANPP, Homero Acosta Álvarez, aseguró que la presente es la última Sesión Ordinaria de una legislatura que «ha tenido una amplia agenda legislativa, con una actividad parlamentaria y constituyente de gran calado”, de la que resultan 30 nuevas leyes y 65 decretos leyes en casi 5 años de ejercicio.

Ayer se supo que antes de que concluya esta IX Legislatura (abril del 2023) habrá, por lo menos, una Sesión Extraordinaria más, a la cual fue diferida, a propuesta del Consejo de Estado, la discusión y aprobación del proyecto de ley de Comunicación Social.

La Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano de la República con potestad constituyente y legislativa. (Yimel Díaz)

Legislan sobre proceso y alcance de la expropiación en Cuba

Como parte del papel de la ANPP de desarrollar en leyes el contenido de la Constitución aprobada en el 2019, el parlamento evaluó y aprobó en la tarde de este martes la Ley de la Expropiación Por Razones De Utilidad Pública o Interés Social, texto que fue presentado por la ministra de Finanzas y Precios Meisi Bolaños Weiss.

En su fundamentación, la norma cita el artículo 58 de la carta magna, donde dice que “La expropiación de bienes se autoriza únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización (…) La ley establece las bases para determinar su utilidad y necesidad, las garantías debidas, el procedimiento para la expropiación y la forma de indemnización”.

Los antecedentes de la nueva ley nos remiten a códigos españoles, vigentes en Cuba durante la etapa colonial, y a otras leyes y decretos emitidos en la primera mitad del siglo XX, incluida la Constitución más progresista de esa etapa, la del 1940.

“Luego de 1959, reconoce el texto, la expropiación forzosa ha operado en la historia de la Revolución cubana, especialmente en la primera década de vida revolucionaria, como instrumento del Estado para la transformación socio-económica y política, y para asegurar la satisfacción de determinados objetivos y fines de interés general”.

Hasta ahora, el tema de la expropiación forzosa se encontraba disperso en varias herramientas. El nuevo régimen jurídico “establece las bases para determinar su utilidad y necesidad, las garantías debidas, el procedimiento para la expropiación y la forma de indemnización”; y complementa la Ley No. 142, del Proceso Administrativo, recientemente aprobada por la ANPP, el cual introdujo importantes regulaciones en torno a los órganos facultados para expropiar (los tribunales) y al proceso judicial en sí mismo para disponer la expropiación.

La norma establece las entidades que tienen competencia para reconocer que un bien es de “utilidad pública o interés social con fines expropiatorios” y se puede promover un proceso ante el tribunal. Esas entidades son cinco: el Consejo de Ministros y su Comité Ejecutivo; los jefes de Organismos de la Administración Central del Estado; el Gobernador provincial; el Consejo de la Administración Municipal; y los directores de las Oficinas de las Zonas Especiales de Desarrollo.

Varias son los argumentos a partir de los cuales podría promoverse un proceso de expropiación por “utilidad pública o interés social” de un bien, entre ellos, “el establecimiento, explotación o conservación de un servicio público; el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales y el manejo sostenible del ambiente; la construcción de centros educativos, de salud, deportivos, culturales, de recreación u otras obras o infraestructuras destinadas al bienestar colectivo o el desarrollo urbano o rural; la construcción, ampliación o alineamiento de las vías públicas”.

Se relaciona además el interés para “la ejecución de programas agropecuarios; la urbanización de zonas o lugares o construcción de viviendas con fines sociales o de desarrollo económico; el embellecimiento, ampliación saneamiento y conservación de los centros poblacionales o espacios públicos; la creación de reservas territoriales que satisfagan las necesidades del suelo urbano para la fundación, conservación y crecimiento de los centros de población; el establecimiento o ampliación de zonas especiales de desarrollo económico o zonas de interés turístico; construcciones de oficinas o establecimientos públicos destinados a prestar servicios de beneficio colectivo; la conservación del patrimonio natural, histórico y cultural, nacional o local; la conservación de lugares u objetos por su valor natural, histórico, artístico, cultural, turístico, ambiental, arqueológico, económico o patrimonial”.

La ley refuerza el derecho de propiedad contenido en la Constitución y precisa que “ninguna persona, por razones de utilidad pública o interés social, puede ser privada, en todo o en parte, de su propiedad, si no es de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en las leyes”, que en su artículo 4.1. establece que “Las inversiones extranjeras dentro del territorio nacional gozan de plena protección y seguridad jurídica y no pueden ser expropiadas, salvo que esa acción se ejecute en concordancia con lo dispuesto en la Constitución, los tratados internacionales suscritos por la República de Cuba en materia de inversiones y la legislación vigente”.

Aclara demás que “Para iniciar cualquier actuación que tenga como finalidad la expropiación de inversiones extranjeras se requiere la aprobación previa del Consejo de Ministros”.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular José Luis Toledo Santander aclaró que figura legal de la expropiación es en Cuba una herramienta y no un fin en sí mismo.

Hasta ahora, el expropiado solo podía reclamar acerca de la indemnización, mientras la nueva norma brinda especial respeto y protección al derecho a la propiedad, refrendado en la Constitución del 2019.

Si transcurridos tres años de la sentencia de expropiación, no se ha ejecutado el propósito que generó el proceso, el expropiado puede reclamar la reversión.

Esta ley no busca acrecentar procesos expropiatorios en el país, sino ampliar y fortalecer el régimen de garantías para las personas y al Estado, garantizando un proceso transparente.

Resulta oportuno recomendar a los ministerios de Finanzas y Precios y de Justicia, propiciar el acceso de los ciudadanos a esta ley.

El proyecto legislativo suscitó la intervención de una decena de diputados, como Idaliena Díaz Casamayor, de Guantánamo, quien propuso varias enmiendas, entre ellos, los de precisar los tiempos de ejecución de los proyectos de utilidad pública o interés social que motivaron el proceso de expropiación.

Ana Teresa Igarza explicó algunos de los procesos de este tipo vividos en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, que se resolvieron a través de acuerdos satisfactorios para las partes que evitaron llegar al proceso de expropiación en los tribunales. Recordó que como parte de construcción de la ZED Mariel se reubicaron 120 pobladores, 30 de ellos propietarios: “Solo 1 caso se llevó a los tribunales, el resto fue resuelto de otras formas, pues el interés de la Revolución nunca es, ni será, afectar a las personas”, dijo.

Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado y del Parlamento cubano, recordó la universalidad de la capacidad regulatoria del Estado para, frente a una necesidad colectiva, expropiar y defender la utilidad pública o el interés social de un bien. (Yimel Díaz Malmierca)

Unirnos más para combatir lo incorrecto

Cada día tenemos que y divulgar las experiencias positivas, expresó Gladys Bejerano Portela, Contralora General de la República, al presentar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular la rendición de cuentas de ese organismo.

Explicó Bejerano Portela que las características de la labor les mantiene en constante intercambio con administraciones y colectivos, para enfrentar y resolver los problemas de control que existen.

Félix Martínez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, reconoció el trabajo cohesionado de la CGR con las autoridades territoriales para hacer su trabajo.

Insistió en la importancia de completar las plantillas de auditores, que en particular están más debilitadas en los órganos locales del Poder Popular.

Enumeró los problemas que influyen en esa falta de personal calificado, lo cual incluye carencias materiales importantes, y recomendó dar seguimiento a las dificultades reflejadas en el dictamen.

Los diputados comentaron sobre los esfuerzos de la Contraloría para formar especialistas y reconocieron la utilidad de las guías elaboradas por ese organismo para el autocontrol de diversos aspectos de la actividad económica de entidades y órganos locales.

Hay cosas que no pueden pasar de moda, la decencia, la honestidad, el compromiso con la historia, expresó otro parlamentario, al encomiar la labor de la CGR.

Aprueban nueva Ley de la Contraloría

A continuación, la propia Contralora presentó el proyecto de ley que atempera la norma a la Constitución de 2019, y fortalece el control como uno de los componentes del sistema de dirección del desarrollo económico y social.

La Ley que se propone no solo incorpora criterios de contralores y auditores, sino también las administraciones que reciben el control, explicó Bejerano Portela.

Un amplio proceso de consultas e intercambios ayudó a poner a punto la propuesta que transitó por once versiones, y que incorporó cientos de precisiones populares y expertas.

Nueve títulos y 20 capítulos integran la nueva Ley que contiene un libro sobre la CGR y otro sobre el sistema de control superior de los fondos públicos y de la gestión administrativa.

El dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos, que presentó el diputado Félix Martínez, coincidió en la importancia de actualizar la ley vigente.

Aspectos como la subordinación de la CGR, la experiencia para ejercer como auditor y contralor, y otras modificaciones que resumen la práctica de los últimos 13 años, se incorporan al cuerpo legal.

Contribuirá a una cultura del control y la prevención en las entidades, expresó el diputado, al recomendar su aprobación. (Francisco Rodríguez)

Discuten sobre envejecimiento poblacional, maternidad y migraciones

Las necesidades de los adultos mayores, la atención a la maternidad y el seguimiento a la migración interna y externa constituyen prioridades para los territorios, expresó el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, al informar este martes en la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre la situación demográfica del país.

El también diputado afirmó que las acciones para influir en ese comportamiento de la población no han logrado hasta el momento detener el deterioro de la tendencia demográfica al envejecimiento.

La población cubana mantiene un decrecimiento natural, de ahí la importancia de atender con prioridad y de manera diferenciada lo relacionado con ese programa, indicó Marrero Cruz.

La maternidad segura y adolescente, las parejas infértiles, las necesidades de vivienda y la disponibilidad de fuerza de trabajo en cada territorio, son otros aspectos que deben seguirse al detalle, dijo.

El Primer Ministro ubicó la situación de Cuba en el contexto internacional, al mantener dinámicas demográficas de países con mayor desarrollo económico, por lo cual ha sido un problema analizado desde la década del 70 del pasado siglo e incluido por las políticas del Partido.

La actualización de este tema comprende la revisión de sus principios, las medidas y su ejecución territorial y la incorporación del análisis del envejecimiento poblacional en las estrategias de desarrollo local.

Como objetivos actuales, Marrero Cruz destacó el estímulo de la fecundidad para acercarse a la tasa de reemplazo poblacional, lo cual no se logra desde hace más de 30 años; y la atención de las necesidades de la población mayor de 60 años y su participación en la vida económica y social.

Estimular el empleo de las personas aptas para trabajar, prever la significación del envejecimiento en la estrategia defensiva de la nación y atender las causas que generan la migración interna y externa, son otros propósitos expuestos.

Para el 2023 el gobierno identificó once temas que deben trabajarse, como el cuidado integral de la vida, el uso de tecnologías para atender el envejecimiento, el desarrollo de nuevos medicamentos, el perfeccionamiento del sistema de atención a las familias y la implementación de alternativas para ampliar el acceso a la vivienda de madres y jóvenes.

El Primer Ministro explicó que están constituidos los grupos y observatorios demográficos en las provincias y municipios, aunque no se logra la necesaria integralidad y transversalidad de su labor.

Daicar Saladrigas, diputada por Camagüey, reflexionó sobre la importancia de comunicar adecuadamente estos temas y de mejorar diversos elementos en su aplicación, lo cual requiere cuidados más personalizados y específicos para cada familia.

La necesidad de integrar saberes y cuidados para la pareja infértil fue destacada por la diputada Yailín Orta, diputada por la Isla de la Juventud, quien destacó la sensibilidad de ese programa y la ciencia que involucra.

Añadió que es importante apoyar la autoestima de las personas adultas mayores, con opciones para acompañar su espiritualidad, y también una atención diferenciada para prolongar su aporte económico y social.

La politización del fenómeno migratorio por el gobierno de los Estados Unidos para atacar a Cuba mereció el comentario de la diputada, quien resaltó logros sociales del país que no pueden desconocerse.

La diputada Teresa Marelles evaluó que el programa de la pareja infértil ha sufrido un gran impacto como resultado del bloqueo y llamó a no estigmatizar a las madres con más de tres hijos.

Insistió en el problema de los cuidados familiares, que afectan sobre todo a las mujeres; y dijo que no se avanza lo suficiente en las casas infantiles para facilitar el acceso al trabajo de madres y padres. (Francisco Rodríguez )

Rinde informe Consejo de Estado

Uno de los principales resultados del trabajo del actual Consejo de Estado (CE) es haber cumplido con el cronograma legislativo propuesto, a pesar de la pandemia de la Covid-19 y las dificultades que ello generó a la socialización y el intercambio. Esa realidad fue reconocida por algunos de los diputados que intervinieron tras la lectura del Informe de Rendición de Cuentas de esa entidad a la ANPP.

Otro orador sugirió incrementar el acompañamiento comunicativo y periodístico que recibe el CE, de manera que el pueblo conozca el trabajo que hacen como órgano representativo y ejecutivo de la ANPP.

El informe presentado por la vicepresidenta de la ANPP Ana Mari Machado evaluó el quehacer del CE entre el 10 de octubre de 2019, fecha en que fue constituido, y el 31 de octubre del 2022. En esa etapa han celebrado 25 reuniones (entre ordinarias y extraordinarias), y en todas han participado el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez y del Primer Ministro Manuel Marrero Cruz.

En ese período, el CE aprobó 65 decretos-leyes, en cumplimiento del Cronograma Legislativo, previo proceso de conciliación y análisis de los proyectos con organismos e instituciones ponentes, además de escuchar el parecer de expertos y especialistas vinculados al tema.

Igualmente, han cumplido con el encargo constitucional de analizar los proyectos de leyes presentados en la Asamblea Nacional, velando, en todos los casos, que las mismas hayan sido del conocimiento de los ciudadanos, aseguró Mari Machado.

El pasado 2021, en el Buró Político y en el II Pleno del Comité Central del Partido señaló que el Consejo de Estado había concentrado su labor en la actividad legislativa y requería ampliar su actuación en relación al resto de sus atribuciones. En correspondencia, se aprobó un Plan de Temas que ha contribuido al perfeccionamiento de la labor del órgano.

De los 25 temas previstos hasta el mes de octubre, se han evaluado 21, algunos relacionados con asuntos de vital importancia y con impacto directo en la población, entre los que destacan la Consulta Popular al Código de las Familias; el acatamiento al Decreto-Ley No. 31 “Del Bienestar Animal”, el cumplimiento de las medidas encaminadas a recuperar la ganadería vacuna, el programa porcino y su encadenamiento con la industria; así como la evaluación de la situación del enfrentamiento a la pandemia y el cumplimiento de las medidas aprobadas.

Como parte del perfeccionamiento de la labor del CE se incorporó “el control a los órganos estatales de los mandatos definidos en las leyes y decretos-leyes aprobados. Para ello, el Presidente de la Asamblea Nacional emitió la Instrucción 1 de 2021, que aprueba una metodología para ese ejercicio”, aseguró.

En general, “la labor del Consejo de Estado se ha incrementado, tanto en la actividad legislativa, como en el análisis de asuntos de impacto en la vida económica y social del país, y en temas relativos al fortalecimiento de la institucionalidad, en particular lo referente al perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular”, reconoció

Entre los aspectos sugeridos para consolidar la labor del CE, el informe menciona precisar qué temas serán objeto de análisis en sus reuniones, priorizando asuntos de mayor trascendencia y con impacto directo en la población. También perfeccionar los mecanismos de control del cumplimiento de leyes y decretos leyes; así como exigir mayor profundidad en los informes que presentan en sus reuniones.

El diputado y vicepresidente Salvador Valdés Mesa, quien presidió la comisión temporal de trabajo que evaluó el informe de rendición de cuentas, recordó que el CE adquiere una dimensión especial en el contexto de la Constitución del 2019, marcada por la necesidad de definir con precisión lo ámbitos de competencia de los decretos leyes y las leyes, así como revitalizar su labor como mecanismo de fiscalización y control.

Reconoció que el CE ha funcionado con regularidad y ha cumplido con las atribuciones conferidas. Significó además que debe ejercer un control más efectivo sobre sus decisiones, aumentar su vinculación con las Comisiones Permanentes de Trabajo de la Asamblea y trabajar en el trazado de una estrategia de comunicación social que imprima mayor transparencia a su gestión.

El también miembro del Buró Político del Partido propuso confeccionar un plan de temas que paute su gestión, y seguir trabajando el perfeccionamiento de los órganos locales del Poder Popular. (Yimel Díaz)

Evalúan insatisfacciones con los servicios de telecomunicaciones

Fomentar una cultura en el uso seguro y responsable de las tecnologías de la comunicación y resolver los problemas señalados por la población está entre los propósitos esenciales del Ministerio de Comunicaciones, organismo que rindió cuentas este martes ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones, hizo referencia a los intercambios con delegados municipales y diputados del Poder Popular para conocer las insatisfacciones de la población en relación con los servicios de telecomunicaciones.

También se encuestó a más de tres mil personas y se realizó un foro debate desde el sitio de la Asamblea Nacional, entre otras acciones previas a la rendición de cuentas.

La titular de Comunicaciones enumeró los asuntos más planteados por la ciudadanía y sus representantes, tales como la demora en los traslados telefónicos y arreglo de interrupciones del servicio residencial, dificultades con el acceso a los datos móviles, problemas para pagar giros nacionales y demoras en la distribución de la prensa, entre otros.

Destacó los avances en la transformación digital del país, así como el impacto que provoca el bloqueo de los Estados Unidos sobre este sector.

El aporte de las tecnologías al desarrollo económico también fue destacado por la ministra, quien expresó el compromiso de los trabajadores de las Comunicaciones con la satisfacción de las necesidades crecientes de la ciudadanía.

Entre los datos más sobresalientes sobre los resultados del sector, se destacó el crecimiento de la densidad telefónica nacional en un 27%, la cobertura poblacional de telefonía móvil del 74% en 3G y del 49% en 4G, y el acceso a Internet de más de 7 millones y medio de personas.

En materia de televisión digital, ya la señal cubre al 76% de la población en definición estándar y el 46% en alta definición.

También hubo una incorporación de entidades y gobiernos locales al espacio digital, aunque todavía es preciso generar más contenidos y proveer más servicios digitales a la población.

Se destacó la informatización del 88% de las unidades de Correos de Cuba y el insuficiente uso y habilitación de la firma digital por los organismos.

La diversificación del comercio electrónico aumentó pero todavía es preciso ampliar su uso en todas las formas de gestión económica, las personas naturales e incrementar el uso de los dispositivos móviles para la actividad comercial.

Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, resaltó la labor política del Ministerio en la preparación de la rendición de cuentas, al involucrar a todos sus trabajadores y llegar a los 168 municipios del país.

La diputada María del Carmen Concepción presentó el dictamen de la Comisión de los Servicios sobre la gestión del Ministerio de Comunicaciones, en el cual explicó las opiniones recogidas, en su mayor parte positivas, pero también críticas y sugerencias que deben ser atendidas. (Francisco Rodríguez )