Cargando...El 7 de diciembre fue un día aciago para el peruano Pedro Castillo Terrones y sus seguidores. En apenas tres horas saltó de presidente de la nación a mandatario destituido y capturado por sus propios escoltas. La primera noche en prisión la pasó en la cárcel de Barbadillo, la misma donde cumple sanción el dictador Alberto Fujimori.
Hasta el momento, la jurisprudencia peruana ha rechazado dos pedidos de habeas corpus presentados por la defensa de Castillo; y su otrora compañera de fórmula en la campaña presidencial del 2021, la abogada Dina Boluarte, se ha uncido la banda presidencial y no da muestras de querer soltarla.
Durante la jornada del pasado miércoles estaba previsto que el Congreso peruano evaluara la aplicación de vacancia por “incapacidad moral permanente” contra Pedro Castillo. Esa figura legal tiene su origen en la constitución de 1839 y ha permanecido en las 10 posteriores, incluida la vigente, de 1993. Su conceptualización es difusa, por eso se emplea por igual en caso de enfermedad o crisis de autoridad.
El académico peruano Javier Puente, profesor asociado y presidente del programa de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la universidad Smith College, ha declarado que los dramáticos eventos de esta semana son solo el último episodio de la persistente crisis que comenzó en Perú con la dictadura de Alberto Fujimori en la década de 1990: “Es una manifestación más de la falta de estabilidad institucional que se vive en el país desde hace al menos tres décadas y es uno de los legados del fujimorismo”.
“La inestabilidad política del Estado peruano en los últimos 30 o 40 años —precisa— ha favorecido al gran capital, a las corporaciones, al neoliberalismo, que triunfa, cimienta, asienta y se reafirma allí donde hay inestabilidad y falta de institucionalidad”. Es la agenda política de la derecha.
El abogado, teólogo y antropólogo Itzamná Ollantay, defensor de los derechos de la Madre Tierra y de la idea de que el nuevo modelo de democracia necesita “mecanismos de participación que no privilegien necesariamente a los partidos políticos”, había advertido meses antes que “el hecho de que todos los ex gobernantes peruanos, desde inicios de la década de los 90 del pasado siglo, estén encarcelados, procesados penalmente, o se hayan suicidado para evitar la cárcel (como Alan García), es un indicativo de que Perú no vive una crisis política, sino una crisis de Estado”.
En su opinión, “el debilitado Estado peruano criollo, aparte de no velar por los intereses de todos los y las peruanas, funciona como un apéndice patrimonial de la oligarquía. Es insuficiente una nueva elección de gobernantes. Urge un nuevo ordenamiento constitucional”.
Castillo ganó la presidencia en una reñida segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, derrotada en esa instancia por tercera vez. La base popular que le dio el triunfo soñó que el “maestro” cerraría el ciclo de tumultuosa gobernanza que ha visto pasar en el último lustro a 5 presidentes, dos Congresos, y a un pueblo descontento que ha salido a las calles a denunciar la corrupción, el mal manejo de la pandemia y un sistema político que ha estado al servicio de los funcionarios y las corporaciones.
De los presidentes electos tras el fin del régimen militar en Perú (1980), al menos siete han sido condenados, están salpicados por escándalos o tienen investigaciones en curso. A esta lista se suma ahora Castillo, acusado en principio de rebelión, y con otros expedientes ligados a corrupción que no tardarán en ser activados.
A los estragos de la pandemia y la recesión (el PIB cayó 11,12 por ciento en 2020), se ha sumado la inestabilidad política. En noviembre del 2020, Perú tuvo tres presidentes en cinco días.
Varios sectores de la sociedad peruana han llamado a un paro nacional los días 12 y 13 de diciembre. Convocan organizaciones de carácter agrario, social, rondas campesinas, pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas, organizaciones de mujeres unificadas en el Frente Agrario y Rural de Perú (FARP). Hablan de cerrar el Congreso, de una nueva carta magna (patriótica, paritaria, ecologista y plurinacional), y de convocar a elecciones bajo un nuevo contrato social y nuevas reglas del juego. Esperemos que el reclamo, finalmente, acabe de cuajar.
Últimos presidentes peruanos defenestrados
- Alberto Fujimori (1990-2000): Tras ser electo democráticamente, devino dictador con el autogolpe de 1992. En noviembre del año 2000 escapó a Japón desde donde renunció vía fax antes de que el Congreso aprobara su destitución. En el 2009 fue condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, condena que cumple en la cárcel de Barbadillo.
- Alejandro Toledo (2001-2006): Fue imputado en el caso Odebrecht por recibir unos 30 millones de dólares. Estuvo tres años prófugo de la Justicia en California, EE.UU., donde fue arrestado en julio de 2019. Cumple prisión domiciliaria mientras espera proceso de extradición.
- Alan García (1985-1990 / 2006-2011): Afrontó diversas acusaciones de corrupción durante su último mandato. Procesado en la causa Odebrecht por presuntos sobornos en la construcción de un tren, se suicidó en abril del 2019.
- Ollanta Humala (2011-2016): En julio de 2017 fue condenado a 18 meses de prisión (preventiva) por estar implicado en un caso de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Se le acusa además de haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Se encuentra en libertad condicional. El próximo martes (20 de diciembre del 2022) la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia dará a conocer su decisión respecto a si los aportes económicos a las campañas configuran o no el delito de lavado de activos.
- Pedro Pablo Kuczynski, PPK (2016-2018): Renunció el día antes de que el Congreso votara su destitución debido a vínculos con la trama de corrupción de la constructora Odebrecht. Permanece bajo arresto domiciliario por presunto lavado de dinero. Se le acusa además de haber recibido 782 mil dólares de la empresa brasileña.
- Martín Vizcarra (2018-2020): En marzo del 2018 llegó a la presidencia tras la renuncia de PPK. En septiembre amenazó con disolver al Congreso por el boicot a sus reformas anticorrupción, las cuales llevó a referendo en diciembre, el cual ganó con el 90 % de apoyo. En julio del 2019 pide al Congreso que renuncie para adelantar elecciones presidenciales y parlamentarias. No aceptan. El 30 de septiembre disuelve el Congreso y este, a su vez, lo suspende del cargo. Finalmente, el Tribunal Constitucional da la razón a Vizcarra. En enero del 2020 Perú elige un nuevo Congreso, lo encabeza Manuel Meriño. El 9 de noviembre el parlamento aprueba su vacancia debido a “incapacidad moral permanente”.
- Manuel Meriño (presidente del 10 al 15 de noviembre del 2020). Tiene un largo historial político junto a Acción Popular (AP), uno de los partidos más antiguos del país. Fue vicepresidente del Congreso entre 2011 y 2012. Volvió a ser electo en septiembre del 2019 y asumió el mandato de la cámara legislativa el 16 de marzo de 2020. Tras la vacancia de Vizcarra asume la gubernatura presidencial que le correspondía según la cadena de mando pero, tras seis jornadas consecutivas de protestas reprimidas por la policía, con víctimas mortales y un número indeterminado de heridos y desaparecidos, el mismo Congreso sugirió que diera un paso al lado.
- Francisco Sagasti (presidente del 17 noviembre 2020 al 28 de julio del 2021). Asumió por sucesión constitucional con el fin de completar el período 2016-2021, pues ocupaba la presidencia del Congreso. Su ejecutivo se autodenominó “Gobierno de transición y de emergencia”, en alusión a la lucha contra la pandemia de COVID-19 y la crisis política en el país.
- Pedro Castillo Terrones (2021-2022): Despuntó como líder político en el 2017, en el contexto de una huelga de profesores organizada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Pública SUTEP, uno de las organizaciones de su tipo más importantes y fuertes de Perú. Asumió el cargo el 28 de julio del 2021, y se denominó Presidente del Bicentenario de la Independencia del Perú. Su mandato no estuvo exento de polémicas de polémicas desde el primer día. Finalmente, tras dos pedidos de vacancia no aprobadas por el Congreso, y en víspera de una tercera, el 7 de diciembre del 2022 declara un Gobierno de Excepción. Minutos después es apresado por su propia escolta, y destituido por el legislativo. Desde entonces se encuentra en prisión preventiva, a la espera de que se formulen cargos que pueden llegar a ser de rebelión.
