Más de 60 mil asambleas deberán tener lugar en los colectivos laborales del país durante este mes de julio para analizar con los trabajadores las propuestas del plan y el presupuesto del 2023.
José Antonio Pérez Pérez, miembro del Secretariado Nacional de la CTC, enfatizó en la relevancia de este momento de la planificación económica, en el cual empresas y unidades presupuestadas proyectan las cifras iniciales para el siguiente año.
El impulso a la producción de alimentos y el desarrollo territorial, el incremento de las exportaciones y de bienes y servicios que beneficien a la población y disminuyan la inflación, son propósitos esenciales a lograr mediante la movilización de las reservas de eficiencia del sistema empresarial y con el uso más racional de los recursos en el sector presupuestado, dijo el dirigente sindical.
La mayor autonomía que ahora detentan las empresas —explicó Pérez Pérez— requieren de un protagonismo superior del sindicato en la base para incidir mejor en este proceso de elaboración del plan y el presupuesto. “Ya no existen cifras directivas ni límites impuestos desde arriba, algo que antes motivaba muchas quejas. Lo que pueda hacer cada colectivo dependerá de su nivel de gestión y la exigencia de cada entidad”, valoró.
Entre los elementos esenciales que se deben discutir con los trabajadores están las ventas previstas, el monto de las utilidades y sus destinos, los aportes al Presupuesto del Estado, el salario, los sistemas de pago y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, en reuniones cuya óptima preparación es responsabilidad de las direcciones administrativas y sindicales en todos los niveles de dirección.
Este análisis contempla además la evaluación del cumplimiento del plan y la ejecución del presupuesto en el presente año, y cómo se cumplen las 43 medidas que flexibilizan el funcionamiento del sistema empresarial, para enfrentar las difíciles circunstancias económicas que atraviesa el país.
Pérez Pérez añadió que no es preciso restringir este debate solo al ámbito de la tradicional asamblea sindical, sino que cada entidad, consejo de dirección y centro laboral pueden auxiliarse de otras vías de comunicación institucional para enriquecer este ejercicio de previsión económica, en el que deben primar la transparencia, la rendición de cuenta y la participación de los trabajadores.
“Lo que sí no debe ocurrir es que se presente una propuesta de plan o presupuesto para el 2023 sin que antes se discuta esa proyección con el colectivo, algo que debe exigir el sindicato en cada lugar”, concluyó.