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Cargando...Por Sofía Miranda, especial para Trabajadores
El anuncio en las últimas horas del presidente Guillermo Lasso de que se hará un uso progresivo de la fuerza contra los manifestantes que participan en el paro nacional, complejiza el panorama político ecuatoriano, poniéndolo incluso en riesgo de ser destituido de la Presidencia con un mecanismo constitucional activado este fin de semana por la bancada del correísmo en la Asamblea Nacional.
En su alocución desde el Palacio de Carondelet, cuando se esperaba una propuesta de diálogo, el presidente criminalizó la protesta social al alegar que la decisión se fundamenta en una nueva ley aprobada recientemente para enfrentar la delincuencia y la inseguridad y no precisamente contra manifestantes.
El primer día del paro, el Gobierno había detenido al líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, a quien mantuvo incomunicado durante 8 horas luego de que la Policía lo apresara en un auto sin placas, acusándolo contradictoriamente de haberlo detenido en flagrancia y ser el autor intelectual de la subversión del orden interno.
Hasta el momento se contabilizan 4 muertos entre los manifestantes, lo cual ha exacerbado la movilización y acentuado la consideración en el imaginario popular de que ha comenzado a consolidarse una dictadura en el gobierno ecuatoriano.
En su alocución del 24 de junio, el presidente Lasso dio un golpe en la mesa para convidar “amablemente” a los manifestantes a regresar a sus casas “por su seguridad” y les prometió que iría a sus comunidades para resolver sus problemas. Pero ese mismo día, desde temprano, los militares estaban reprimiendo a los manifestantes en el parque de El Arbolito con camiones ”lanza agua” y bombas lacrimógenas, incluso lanzaron una al interior de la Casa de la Cultura donde se desarrollaba una asamblea de la Conaie.
Casi simultáneamente, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó en rueda de prensa que iban a pasar a otro nivel de represión, lo cual implicaría el uso de carabinas. Hay que recordar que Carrillo, al frente de la Comandancia General de la Policía en 2019, fue quien reprimió en Quito las protestas de octubre de 2019 organizadas también por la Conaie, con saldo de al menos 11 muertos, lo cual hace presumir a los analistas que se sigue el mismo guion que hace tres años, en medio de una polarización de la sociedad, azuzada desde el discurso mismo de Lasso y sus voceros.
Luego de 12 meses de la llegada del líder del Movimiento CREO a la Presidencia y de varios intentos de establecer un diálogo con el Ejecutivo, la Conaie decidió ir a las calles al no ver satisfechas sus exigencias, aunque el Gobierno asegura que sí ha atendido sus reclamos y, en un intento por salvar su credibilidad en el contexto de la crisis, aprobó el estado de excepción que establece nuevas medidas como la declaratoria en emergencia del sistema sanitario y la condonación de créditos de hasta 3 mil dólares a los agricultores.
Hay que decir que al presentar sus legítimas demandas, la Conaie contaba con el “aval” de haber promovido el “voto nulo ideológico” que contribuyó a definir el triunfo de Lasso en 2021 y remontar en segunda vuelta frente al candidato del correísmo.
El pliego petitorio de la organización indígena contempla 10 puntos, entre los cuales se encuentran el reclamo por empleo; subsidios a los combustibles; moratoria en el pago de las deudas de los agricultores; mayor presupuesto y atención a la salud y la educación y una política pública de seguridad. Esas demandas atraviesan a toda la sociedad ecuatoriana y al parecer, bajo el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso, no tendrán solución.
Agustín Burbano, sociólogo y analista político, dijo a una radio local que Lasso casi pierde las elecciones y en segunda vuelta planteó un pacto de un “Ecuador del Encuentro”, con lo cual ganó, pero el electorado que le dio el voto, más allá del plan de vacunación, solo ha encontrado “indiferencia, desidia y garrote”, lo cual explica que la Conaie esté en las calles.
La Asamblea Nacional fue convocada este sábado para la votación a fin de iniciar el proceso de destitución del presidente Lasso, aunque no se avizoraban los 92 votos necesarios para ello. En caso de que no se apruebe su destitución, este mecanismo no podrá volver a ser utilizado en todo este período legislativo, por lo que en caso de conmoción interna solo quedaría el recurso de un movimiento ciudadano para la revocatoria presidencial, el cual ya ha iniciado hace pocos meses encabezado por el abogado Pedro Granja.
