Alina Martínez Triay
El presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, presentó el Anteproyecto de Ley de Código Penal, el que, resaltó, impacta profundamente en todas las esferas de la sociedad y en los intereses individuales. Sustituye al actual Código vigente durante más de treinta años y fue resultado de una amplia consulta con especialistas vinculados al tema, profesionales de diversas ramas e instituciones, los diputados y la población. Es por tanto, dijo, un texto fruto de la elaboración colectiva, plural y enriquecida desde la base. Además tiene un alto componente científico y de innovación.
Precisó que se recibieron 140 criterios y se admitieron 706 propuestas. Los diputados aportaron 112 opiniones y se aceptaron 97. Algunas recomendaciones surgieron de tesis de doctorado y maestrías. Se realizaron 253 acciones de comunicación para generar su conocimiento entre el pueblo.
Entre los aspectos novedosos del proyecto está la reelaboración del delito de propaganda enemiga que pasa a denominarse propaganda contra el orden constitucional, se agrega el de desórdenes públicos, perfecciona las acciones que integran el delito de actos en perjuicio contra la actividad económica o de la contratación, reformula el delito de contrabando, se refuerza el enfrentamiento a la corrupción administrativa y económica, y crea el título de los delitos contra la integridad de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y sus servicios y por ende el uso ilegal de señales satelitales, televisivas y radiales, servicios de telecomunicaciones u otros similares, entre otros aspectos.
Se crea el delito de actos contra la intimidad o la imagen, voz, datos, identidad de la persona y se agrava la sanción cuando el hecho se comete por el responsable de los soportes de esta información y se condena igualmente la violencia de género y familiar..
El proyecto se apoya en 25 convenciones internacionales relacionadas con la justicia penal vigentes para nuestro país.
Se establece la responsabilidad penal a partir de los 16 años con múltiples previsiones para el tratamiento diferenciado de los que tengan de 16 a 18 años. Explicó Ferro que en toda la comunidad europea, excepto Portugal, prevé sanciones a menores de menos edad y en Estados Unidos un niño de 9 años puede estar sancionado incluso a cadena perpetua y muchos menores permanecen confinados a las cárceles durante años.
La sanción de pena de muerte se mantiene solo para los casos de hechos delictivos de extrema gravedad, como los cometidos contra la Seguridad del Estado, el terrorismo, el tráfico internacional de drogas y el asesinato, y se añade a los marcos penales la de privación perpetua de libertad.
El límite máximo de la sanción de privación temporal es de treinta años y se puede extender hasta cuarenta.
El texto que se sometió a los diputados busca atemperar las sanciones al nuevo escenario político, económico y social del país, incorporar nuevas y concordar las pertinentes con otras medidas que se regulan en la nueva Ley de Proceso Penal, en el Código de Procesos, en la Ley Electoral, en las normas jurídicas administrativas y laborales y con las que están propuestas en el anteproyecto de Código de las Familias..
Lejos de tener un sentido represivo el Código busca la reeducación de las personas y muestra de ello es que las dos terceras partes de las sanciones no exceden los cinco años de privación de libertad.
Como se señala en el título I del Proyecto, el Código tiene como objetivos proteger a la sociedad, las personas y al orden político económico y social establecido en la Constitución; salvaguardar las formas de propiedad reconocidas y contribuir a formar en todos los ciudadanos la conciencia del respeto a la legalidad socialista, del ejercicio adecuado de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, del orden y la disciplina, así como la correcta observancia de las normas de convivencia social.
El diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la comisión de asuntos Constitucionales y Jurídicos tuvo a su cargo la presentación del dictamen. Señaló que este es el quinto texto legal de este tipo en el país y de conjunto con la Ley de Proceso Penal constituye la máxima expresión normativa del derecho penal.
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Colegiar para legislar
Yimel Díaz Malmierca
Desde abril del 2019 hasta la fecha, la Asamblea Nacional del Poder Popular ha aprobado 19 leyes, incluido el proyecto del Código de las Familias, y 77 decretos leyes. Cuando concluyan las jornadas de la actual sesión extraordinaria habrá ocho leyes más.
El ministro de Justicia Oscar Manuel Silvera Martínez conversó en exclusiva con Trabajadores sobre este tema. “Ha sido un esfuerzo importante y necesario, cuyo reto no es solo redactarlas, sino también hacerlas cumplir”.
Aseguró que así lo impuso la nueva Constitución de la República, aprobada por la inmensa mayoría de los cubanos en febrero del 2019 y refrendada en sesión solemne de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el 10 de abril de ese año.
“Una de las consecuencias es que hubo que revisar todo el ordenamiento jurídico en función de que se correspondiera con esa nueva Carta Magna; y además todo lo que ella misma mandata. Eso derivó en un cronograma legislativo que definió cuántas normas teníamos que hacer, quién las hace y en qué fecha se presentan a la ANPP.
“El Ministerio de Justicia tiene un ejercicio intenso, pero participan muchas instituciones. Es una labor colegiada y multidisciplinaria, que luego es enriquecida en las discusiones con los diputados”.
Sobre la consulta popular del Código de las Familias, Silvera Martínez señaló que “nuestro deber y compromiso es analizar cada uno de los criterios y su impacto en el proyecto”, y encomió la labor comunicacional desarrollada por juristas, estudiantes de derecho, sicólogos, sociólogos, periodistas, pedagogos y otros especialistas que se han sumado a este quehacer.
“Estamos hablando de un Código que necesariamente tendrá que recoger todos los derechos para todas las personas y para todos los tipos de familias que hoy coexisten en nuestra sociedad y que tendrá el valor añadido de ser el resultado del aporte colectivo.
“Esa posibilidad de ir a las comunidades, de que especialistas expliquen y se pueda evaluar con ellos párrafo por párrafo del proyecto, nos fortalece como sociedad, en la institucionalidad y en la capacidad legislativa de la ANPP”, refirió.
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Leyes aprobadas y proyectos de leyes por analizar
Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional
Establece el marco jurídico para alcanzar la soberanía alimentaria y fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en función de la protección del derecho de toda persona a una alimentación sana y adecuada. Regula la organización de los sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles que articulan de forma intersectorial e interinstitucional la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos. Precisa sobre la calidad e inocuidad de los alimentos, la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicios, así como la educación alimentaria y nutricional.
Ley de Protección de Datos Personales
Garantiza el derecho de las personas a la protección de sus datos personales; regula el uso y tratamiento de estos por parte de personas o entidades públicas y privadas, así como de la información de carácter público; y contribuye a la promoción, fomento y difusión de una cultura sobre su protección en la sociedad. En esencia, establece los elementos correspondientes a los derechos de los titulares sobre sus datos personales y su ejercicio, y al tratamiento de estos.
Ley del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente
Incorpora la dimensión ambiental en los planes de desarrollo económico y social; propicia una mayor integración en la implementación de la política ambiental y otras vinculadas a los recursos naturales; garantiza las bases y condiciones para el ejercicio pleno del derecho de las personas a disfrutar de un medioambiente sano y equilibrado; promueve un desarrollo resiliente y bajo en emisiones de gases de efecto invernadero; establece principios y obligaciones sobre las acciones de las personas naturales y jurídicas en materia ambiental; desarrolla el pensamiento crítico, la conciencia, la ética y la cultura ambientales, la participación y la responsabilidad ciudadana, en torno a los problemas del medioambiente y su solución.
Ley del Código Penal
Responde a la necesidad de contar con una legislación actualizada que brinde cobertura a las nuevas realidades en este ámbito de competencia, que no estaban suficientemente reguladas en el Código vigente. De igual manera, amplía los derechos y garantías de las personas en concordancia con los principios constitucionales y pondera la despenalización de determinadas figuras, así como la incorporación de sanciones que no implican internamiento, de modo que se refuerza el carácter educativo de la norma.
Ley de Ejecución Penal
No cuenta con antecedentes en el país y robustece la aplicación de métodos conciliatorios, en aras de alcanzar mayor armonía en la solución de los conflictos. A juicio del presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, la nueva normativa asume los aspectos más modernos en ese ámbito y se apropia de conceptos contenidos en instrumentos y tratados internacionales de los cuales Cuba es parte.
Ley del Proceso de Amparo a los Derechos Constitucionales
Regula el proceso para el conocimiento por los tribunales de las pretensiones en relación con la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución de la República, ante los daños y perjuicios que sufran las personas, causados por los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, y por particulares o por entes no estatales.
Se fortalece la institucionalidad del país.
Se dota de mayores garantías a las personas, a partir de la concepción de un procedimiento caracterizado por su celeridad, el papel activo del tribunal, la participación de las partes, con una adecuada simplificación de los trámites, la oralidad y la inmediación.
Proyecto de ley de los Derechos del Autor y del Artista Intérprete
Comprende la creación en los campos literario, artístico, periodístico, científico y educacional; fortalece las garantías jurídicas para el más amplio acceso a la creación literaria y artística, conjugando el interés de la sociedad por su desarrollo, con el reconocimiento a los creadores por su obra o prestación artística; actualiza la denominación de la norma, atendiendo a esos postulados y a la incorporación de derechos similares a los de autor, para los artistas intérpretes y ejecutantes. Su contenido se ajusta a los principales instrumentos internacionales suscritos por nuestro Estado en esta materia.
Proyecto de ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural
Regula de manera integral, entre otras cuestiones, la protección del Patrimonio Cultural y Natural, la importación y exportación de los bienes culturales, inscritos o no como Patrimonio Cultural, los sujetos de la gestión patrimonial y sus atribuciones generales.
Se encarga, además, del funcionamiento ordenado, racional y orgánico de los museos; así como las responsabilidades y obligaciones de los órganos, organismos y entidades del Estado, unido a los comportamientos contravencionales para la protección de las manifestaciones culturales inmateriales y los bienes culturales muebles e inmuebles.
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Las leyes en Cuba no tienen nombre, surgen del pueblo
Al iniciar el debate del anteproyecto, el diputado Jorge González Pérez, diputado por el municipio de San Miguel del Padrón, destacó la calidad del texto, recoge y actualiza los conceptos internacionales en esta materia adecuados a las condiciones de nuestro país.
Hay que destacar, dimo que en Cuba las leyes no tienen nombre, parten del pueblo, llegan al Parlamento después de un amplio y profundo análisis que las enriquecen con los criterios planteados. Hizo algunas precisiones de términos médicos que fueron aceptados por la comisión redactora.
El diputado José Castañeda Martínez agradeció a quienes no han escatimado esfuerzos y sentido de la responsabilidad para la redacción del documento y pondera el amplio ejercicio democrático que se realizó en torno a su contenido. Refleja, añadió la voluntad de que es a través del trabajo preventivo que se pueden evitar o controlar los delitos y sugiere una estrategia de comunicación para que la ley se incorpore a la cultura jurídica del pueblo.
La diputada Doraime Linares Jiménez por Camagüey, se suma al reconocimiento y da fe de los encuentros en el proceso de consulta y la respuesta a los criterios no aceptados. Considera que para conseguir una uniformidad en el ordenamiento jurídico se debe establecer la edad límite para sancionar por un delito la de 18 años. Propone en total modificaciones a 6 artículos, entre ellos eliminar la posibilidad de la multa penal administrativa a los que incurren en venta, compra y tráfico de menores de edad.
Remigio Ferro explicó que el tema de la edad límite ha sido profunda y ampliamente debatido, se tomaron en cuenta las convenciones internacionales y la situación concreta nacional. En el Código vigente es 16 años. Los instrumentos internacionales no impiden esa edad, aunque con un grupo de tratamientos especiales. Las manifestaciones delictivas en el país reflejan que en no pocas ocasiones menores de esas edades participan en acciones de mucha gravedad lo que se justifica que se les penalice, en julio pasado, por ejemplo protagonizaron con especial agresividad los actos vandálicos. Tengamos en cuenta, aseguró, que entre los segmentos de la población que el enemigo trata de utilizar para promover la subversión está este grupo de edad. Sugiere que ningún funcionario puede incurrir en la difusión ilegal de señales satelitales, televisivas y radiales, lo cual está contenido en la ley, aunque se pueden hacer precisiones.
Estrella Sánchez de Cárdenas, Matanzas señaló que las definiciones de términos contenida en los anexos son muy importantes para adquirir conocimientos en esta rama.
La pertinencia o no de acoger el término femicidio fue ampliamente argumentada por la diputadas Mariela Castro Espín, Remigio Ferro agradeció su fundamentación, pero tanto él como otros diputados consideraron que en el texto estaba contenido el delito de femicidio en la figura de asesinato y específicamente se refiere a la violencia contra la mujer..
José Luis Toledo acotó que lo que nos debe preocupar es que queda un hecho delictivo sin reflejo y este no es el caso. lo que importa es que no queda nada impune..
Mariela entiende pero insistió y aseguró que lo intencionará por otras vías.
La diputada por Mayarí, Holguín,. María Armenia Yi Reyna, señaló que su condición de cristiana la lleva a rechazar la pena de muerte, a lo que Remigio Ferro respondió que no se trata de una posición filosófica o conceptual sino de defensa de nuestra sociedad y del país, aunque hace más de 20 años que no se aplica.
Los diputados aprobaron el Anteproyecto de Código Penal al igual que el de Ejecución Penal que reúne en un solo cuerpo legal regulaciones que están diseminadas en diferentes documentos e instituciones, texto que fue también ampliamente consultado.
La sesión concluyó con la aprobación del Anteproyecto de Ley de amparo de los derechos constitucionales, que permite a los ciudadanos actuar ante la vulneración de los consagrados en la Constitución, los daños y perjuicios que sufran por los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados con motivo de la acción u omisión indebidas de sus funciones y por particulares o entes no estatales, lo cual se corresponde con lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución, en la cual se precisa que este es un proceso preferente, expedito, es decir, ágil y concentrado, lo que significa que se ventila en una sola audiencia. De ese modo se procede a la reparación de daños o perjuicios o la restitución del derecho constitucional.a reparación de daños o perjuicios, o restitución del derecho constitucional.
Tres leyes más a debate en el Parlamento Cubano
Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba debaten este domingo tres proyectos de nuevas leyes, vinculados al ordenamiento jurídico y constitucional del país, tal y como corresponde con el cronograma legislativo aprobado para este período.
Reunidos en la quinta sesión extraordinaria de la novena legislatura, los parlamentarios analizarán las propuestas de Código Penal, Ley de Ejecución Penal y la normativa para el Amparo a los Derechos Constitucionales.
Sobre las legislaciones igualmente se pronunciará la comisión de trabajo permanente de la Asamblea que atiende los Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
La víspera, el Parlamento aprobó otras tres leyes, en este caso las referidas a la Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, a la Protección de los Datos Personales, y la del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.
Además, recibieron información sobre el proceso de consulta popular del proyecto de Código de las familias, desarrollado de febrero a abril de este año, y donde participaron más de seis millones de personas que realizaron alrededor de 434 mil 860 propuestas.
Acerca del autor
Licenciado en Comunicación Social. Economista y periodista. Escribe sobre asuntos económicos, agropecuarios, de la construcción y la cultura. Multipremiado en concursos de periodismo, festivales de la radio y otros eventos. Atesora las distinciones Félix Elmuza y Raúl Gomez García, los sellos Laureado y 50 aniversario del periódico Trabajadores, y la Moneda Conmemorativa 60 aniversario de la UPEC.