Cargando...La adecuación de la estructura judicial para garantizar una mayor calidad del servicio y la necesidad de completar los cargos de jueces legos fueron aspectos debatidos por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular al analizar este lunes el proyecto de ley de los Tribunales de Justicia.
Al presentar la propuesta, una de las cuatro normas que considerará el próximo periodo ordinario de sesiones del Parlamento, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, destacó que la organización de esos órganos no corresponde siempre con la división política administrativa, sino con los requerimientos de la ciudadanía para recibir un mejor servicio.
Ante una inquietud del diputado Raúl Palmero, el titular puso como ejemplo municipios como Santiago de Cuba y Camagüey, donde por la cantidad de casos que resuelven los tribunales a ese nivel podría ser preciso establecer instancias distritales, o municipios capitalinos colindantes que tienen determinada especialización en asuntos judiciales de diversa índole.
También trascendió que el TSP solicitó a la presidencia de la ANPP una convocatoria a elecciones parciales de jueces legos, porque hay 61 municipios con una situación crítica con la disponibilidad de esta figura esencial para el sistema de justicia cubano.
Remigio Ferro precisó que existen 13 mil 500 jueces legos que representan a la población ante los tribunales, de los cuales menos de la mitad están participando en la actualidad en los procesos judiciales, y entre esas personas hay quienes están planteando cesar en esas funciones.
Sobre el aspecto intervino además una diputada por Santiago de Cuba, quien alertó sobre la trascendencia de reforzar esa figura.
La participación directa de la ciudadanía en la impartición de justicia es un rasgo que caracteriza el carácter democrático de nuestro sistema, apuntó el ministro, al coincidir en la relevancia de dedicarle mayor atención a ese eslabón fundamental en las decisiones más destacadas de los tribunales.
Del Proceso Penal
Al conocer sobre el proyecto de Ley del Proceso Penal, los diputados valoraron especificidades técnicas sobre la protección a las personas vulnerables, y la correspondencia en el manejo del término con las convenciones internacionales al respecto.
También se precisaron elementos sobre el vínculo entre el proceso penal y las prácticas de medicina legal, así como otras garantías para las personas procesadas, con la participación de especialistas y académicos en las ciencias jurídicas que participaron en la elaboración de las nuevas propuestas legislativas.
El diputado Yusuam Palacios valoró además la modernidad de los proyectos, no solo desde el punto de vista técnico-jurídico, sino en general para la concreción de una mayor justicia y ejercicio de los derechos.
Yamila Peña, fiscal general de la República, respondió a preguntas de diputados sobre las potestades de quienes integran ese órgano, así como de los plazos procesales y el control a la labor de los fiscales, en función del fortalecimiento de los derechos y garantías de las personas sujetas a procesos penales.
El Ministro de Justicia, Oscar Silvera, por su parte, destacó lo progresista de esta propuesta, y resaltó la importante transformación que introduce en la responsabilidad civil de cara a las víctimas, para solucionar problemas que hoy existen.
El balance armónico que se logra en la protección de los derechos individuales y de toda la sociedad por parte de los cuatro proyectos de Ley, fue evaluado también por José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
Del Proceso Administrativo y del Código de Procesos
En la jornada vespertina los diputados se detuvieron en el proyecto de ley del Proceso Administrativo, la cual tendría un gran impacto en la vida institucional y de las personas, para el ejercicio de sus derechos, según resaltó el presidente del Tribunal Supremo Popular.
La ampliación de plazos para dotar de mayores garantías a los ciudadanos, el modo de dirimir las reclamaciones sobre infracciones electorales, la actuación legal ante afectaciones al medio ambiente fueron algunas de las problemáticas comentadas por diputados y expertos.
Por último, el proyecto de Código de Procesos centró la atención en los cambios sustanciales introducidos a 22 de sus artículos a partir de decenas de propuestas de modificación, al fijarse plazos a determinados trámites, fortalecer las medidas para hacer cumplir las sentencias de los tribunales y armonizar sus preceptos con las del anteproyecto del Código de las Familias.
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Diputados cubanos comienzan análisis de cuatro proyectos de leyes
Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, comenzaron las actividades previas al Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su IX Legislatura, previsto a efectuarse entre el 27 y 28 de octubre.
Esteban Lazo Hernández, presidente de la ANPP, dio inicio a la jornada de este lunes, en la cual los diputados analizarán cuatro proyectos de leyes:
- Proyecto de la Ley de los Tribunales de Justicia,
- Proyecto de la Ley del Proceso Administrativo,
- Proyecto de Ley del Proceso Penal y
- Proyecto de Código de Procesos.
Explicó que en condiciones normales este proceso se hace en comisiones, pero teniendo en cuenta que la sesión se realiza de manera semipresencial, el análisis se hará con una presentación de cada proyecto y se irán esclareciendo los planteamientos realizados por los diputados e invitados.
Lazo Hernández puntualizó que solo están presentes físicamente los diputados de La Habana, los parlamentarios electos por otros municipios del país que residen en esta ciudad, además de los miembros del Consejo de Estado, mientras que en las sedes provinciales están el resto de los legisladores participando mediante videoconferencia.
Para dar cumplimiento al encargo del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, de presentar un proyecto de nueva ley de los tribunales populares, se constituyó un grupo temporal integrado por representantes de los tribunales, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Justicia, que analizó las investigaciones nacionales realizadas en el ámbito judicial orgánico, una amplia bibliografía internacional, los tratados suscritos por el Estado cubano y otros referentes normativos.
El diputado Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular se refirió a la amplia consulta que se llevó a cabo de estos documentos, sobre los cuales se recibieron 3 mil 295 criterios, 2mil 846 propuestas de modificación y se aceptó el 66%.
Del proyecto de Ley de los Tribunales de Justicia se recibieron 25 criterios de los diputados de las cuales se aceptaron 15. Además de la consulta en los organismos del sector jurídico, las universidades y otros vinculados al tema, la toma de criterios se hizo no solo con las estructuras de dirección, sino que incluyó a las personas que trabajan en la base, lo cual enriquece mucho los planteamientos.
De todas estas consultas se emitieron 147 criterios con 19 propuestas y se aceptaron 65. La población planteó 19 criterios se aceptaron 10. Se modificaron 42 artículos, siete de ellos contienen cambios sustanciales y los restantes se perfeccionaron en su redacción.
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Una información respecto a las consultas realizadas en encuentros anteriores sobre cuatro proyectos de leyes trascendentales para el país conocerán los diputados este lunes, como parte de la agenda parlamentaria que antecede al Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), que tendrá lugar los días 27 y 28 del mes en curso.
Tales normas jurídicas (de los Tribunales de Justicia, del Proceso Administrativo, del Proceso Penal y el Código de Procesos) dan continuidad al intenso programa legislativo previsto, y se corresponden con lo establecido en la Constitución de la República.
La marcha de la economía hasta el 30 de septiembre; la liquidación del presupuesto en el pasado año; la Tarea Ordenamiento y sus implicaciones en los ámbitos de la economía y para la ciudadanía; los aportes de la ciencia en el enfrentamiento a la COVID-19; y los resultados de la alta fiscalización al Ministerio de la Construcción, son algunos de los temas que se abordarán en la Asamblea.
Como en ocasiones anteriores, las sesiones serán de manera semipresencial, y solo asistirán al Palacio de Convenciones los diputados de La Habana, así como aquellos electos en otros municipios que residen en la capital; además de la más alta dirección del país y el Consejo de Estado en completa composición, entre otros dirigentes.
Homero Acosta Álvarez, secretario de la ANPP, explicó recientemente que, por vez primera en la historia de nuestro Parlamento, en julio pasado se pospuso el período de sesiones convocado debido al rebrote de la pandemia.
No obstante —precisó—, la actividad del Consejo de Estado en este tiempo no se ha detenido, cada dos meses se ha reunido y ha aprobado un grupo importante de decretos-leyes y otras decisiones sobre diferentes asuntos. (Alina M. Lotti)
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Graduada de Periodismo. Subdirector Editorial del Periódico Trabajadores desde el …
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Debatirán diputados proyectos de leyes trascendentales
Buenas deberían actualizar la ley de la vivienda, una sugerencia sobre el poder ampliar los aptos ya que el Reglamento 4 del año 1991 de la vivienda lo considero obsoleto para estos tiempos , este reglamento define cuales son estas áreas y deja bien claro que en estos espacios no se puede construir. A partir del año 2012 se comenzó a hacer el levantamiento de las construcciones ilegales que la mayoría fueron multadas por el Decreto 272/2000 del Consejo de Ministros y todas con la Obligación de demolerse, algo que considero injusto y es lo que pido que se analice, una porque si uno quiere incrementar la familia no puede por el tema vivienda, si dieran el derecho según las características de cada terreno con que cuenta el edificio y que Uds saben que los de la plantas de arriba no colaboran en nada de limpieza y más bien vierten cosa porque el área es común cuando les conviene. Entonces los que vivimos en planta baja pudieramos incrementar quizás hasta el número de cuarto y asi si se responsabiliza uno hasta con la limpieza del patio . Creo que alguna ventaja debe tener el de la planta de abajo ya que es el que le toca recoger el churre de los demás, eso sin contar que ayudaria a cientos de familia que viven apretados en apto y porque no dejan construir. Repito la autorización debe ser según las características y posibilidades de cada terreno. En el caso del mio no hay nada de beneficio para el edificio es decir no hay una lavanderia ni parqueo solo un patio que llena de yerba y desechos sólidos que tiran los vecinos y siempre limpiamos los mismos. La junta de vecino eso es un cuento no funciona , sin contar que aqui no hacen caso a las leyes. He intercambiado con varias personas y coinciden conmigo el estado deberia vendernos esos terrenos y darnos la posibilidad de construir por esfuerzo propio y más por lo que le expliqué anteriormente el crecimiento de la familia. Analicen nunca nadie de segunda, tercera, etc baja hacer nada en el patio que es común porque hasta su tendederas la tienen en su balcón, el de la planta de abajo tampoco tiene la posibilidad de tender en su balcón. Y como les digo casi todos lo que hacen es echar churre y luego nadie fue y paga siempre el de la planta de abajo. Por eso pido que se revise teniendo en cuenta todos mis argumentos, la ley como otras que han sido cambiadas, esta también lo puede ser.