La primera mujer en ocupar el cargo de alcaldesa en una ciudad de Afganistán, Zarifa Ghafari, tiene apenas 29 años y ha dicho que está esperando que los talibanes “vengan por gente como yo y me maten”. Así lo afirmó en una entrevista al medio británico iNews: “No hay nadie que me ayude a mí o a mi familia. Solo estoy sentada con ellos y con mi marido. Y vendrán por gente como yo y me matarán. No puedo dejar a mi familia. Y de todas formas, ¿a dónde podría ir?”.
No es la única en riesgo. Los talibanes extenderán a todo el país su interpretación de la sharía, sistema legal islámico cuya traducción literal del árabe es el camino claro hacia el agua, y representa un código de conducta que, según los expertos, se nutre de diversas fuentes: El Corán (libro sagrado del islam), las enseñanzas del profeta Mahoma, así como las fetuas (dictámenes de valor legal emitidos por los muftíes). Hay muchas versiones de la sharía, y su implementación puede ser muy diferente en el mundo islámico.
La interpretación talibana de tales preceptos impacta en la sociedad, es estricta; impone, por ejemplo, el uso obligado de la barba en los hombres, y prohíbe el disfrute de productos culturales de occidente (televisión, música, cine…). Las que peor lo llevarán serán las mujeres, quienes ya lo tenían difícil y ahora se les negará todo derecho, incluso el de la identidad, serán la esposa de, la hija de, o la hermana del hombre mayor de la familia.
Luego de su entrada triunfal en Kabul el pasado domingo 15 de agosto, los jefes talibanes declararon que su postura acerca de los derechos humanos había cambiado con respecto al lustro en que ejercieron el poder (1996-2001), sin embargo, las acciones durante la más reciente ofensiva han hecho saltar las alarmas.
Hasta el momento el grupo no tiene representación femenina, reconoce que la educación a las niñas será hasta los 12 años, que las mujeres únicamente trabajarán en casa, y que se reinstaurará la figura del mahram (pariente hombre que debe acompañar a las mujeres a todas partes). En varias escuelas bajo control talibán se sustituyeron ya las clases de arte y civismo por materias islámicas.
A principios de julio de este año, los talibanes que tomaron el control de las provincias de Badakhshan y Takhar emitieron una orden a los líderes religiosos locales en la que exigían una lista de niñas mayores de 15 años y viudas menores de 45 para casarlas con combatientes. No sabemos el resultado de tal gestión, pero el peligro real de quedar atrapadas en el terrible ciclo de matrimonios forzados y violencia cotidiana explica por qué gran parte de las 900 mil personas desplazadas en los últimos tres meses en Afganistán son mujeres y niñas. Tales cifras, ofrecidas por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), son anteriores a la caída de Kabul. Hoy esa estadística podría superar el millón.
Las afganas no solo escapan de la guerra. Desde mediados de julio varias agencias de Naciones Unidas que operaban en el país habían advertido de una crisis humanitaria inminente. Civiles desplazados denunciaron, por ejemplo, la extorsión como práctica habitual de grupos armados no estatales que actúan con absoluta impunidad; que los servicios básicos padecen interrupciones constantes y que la inseguridad es creciente, entre otras razones, por la cantidad de artefactos explosivos que han quedado en carreteras y caminos.
La Acnur ha constatado que la resistencia del pueblo ha sido llevada al límite por un conflicto prolongado, altos niveles de desplazamiento, el impacto de la COVID-19, los desastres naturales recurrentes, incluida la sequía, y la profundización de la pobreza. Aproximadamente el 65 % de la población afgana, dentro y fuera del país, son niños y jóvenes, pues la mayoría de los adultos han muerto por la guerra, las enfermedades o la furia de la naturaleza.
Un informe de Oxfam, refería que en el 2002 solo el 5 % de las mujeres afganas sabían leer y escribir, y que el 54 % de las niñas menores de 18 años estaban casadas. Cifras más recientes hablan de que más del 25 % de los miembros del Parlamento derrocado por los talibanes eran mujeres, al igual que casi el 30 % de los empleados en las instituciones de la administración pública, algunas alcanzaron cargos de alto nivel como ministras y embajadoras de las principales misiones extranjeras. Muchas de ellas temen por sus vidas y han realizado desesperados pedidos de auxilio en estos días.
Semanas atrás, el juez talibán del distrito de Balkh, Haji Badruddin, fue entrevistado por medios occidentales. Dijo estar complacido con la victoria sobre el enemigo invasor (Estados Unidos y las tropas de la Otan) y que en los cuatro meses que lleva en el cargo no ha ordenado ningún castigo corporal, aunque “en nuestra sharía está claro: para quien tiene relaciones sexuales y no está casado, sea chica o chico, el castigo es de 100 latigazos en público (…), pero si están casados hay que apedrearlos hasta la muerte… A los que roban, si se demuestra, hay que cortarles la mano…”.
Denuncias de castigos como esos podrían comenzar a inundar los medios a partir de ahora, cuando para las mujeres se reinstaura aquella vieja sentencia local: la mejor es aquella a quien el Sol y la Luna no han visto.