Representantes de los 6 mil centros laborales de la provincia de Granma han participado en estos días en los actos para rechazar las acciones del 11 de julio último que atentaron contra la tranquilidad ciudadana, el sistema social cubano y la soberanía de la nación.
Uno de los primeros colectivos en accionar en ese sentido fue la fábrica de tabaco Moya, uno de los íconos de la ciudad de Bayamo por su antigüedad y buenos resultados productivos, cuyos afiliados se han mantenido en activo, pese a la pandemia, debido a la importancia de sus surtidos para la economía del país.
Migdalia Barreiro Cisneros, secretaria en la provincia de la Central de Trabajadores de Cuba, dijo que de todos los municipios e instituciones ha llegado la confirmación de proteger los inmuebles y recursos de los posibles ataques vandálicos por parte de provocadores.
Anunció que serán también los miembros de esta estructura de masas los que saldrán a las calles a defender la tranquilidad del pueblo a fin de preservar esa conquista, que ha sido una de las fundamentales de la nación y por la cual es faro en todo el mundo.
Al propio tiempo la dirigente obrera denunció la maliciosa actividad mediática orquestada desde Estados Unidos para provocar estallidos de protestas en el país y el sostenimiento del bloqueo por parte de esa administración, como principal causa de los lamentables sucesos ocurridos el domingo pasado.
Este viernes, en comparecencia televisiva local, la fiscal jefa de la provincia informó que continúan las investigaciones acerca del maniobrar de los implicados en los hechos y que se aplicará rigurosamente la Ley establecida en todo caso.
Dirigentes de las organizaciones políticas y de masas de Granma, en representación de los miembros de cada una en particular, declararon en el propio espacio que están abiertos a atender inconformidades, inquietudes y propuestas, siempre que sea sobre la base del respeto mutuo, la coherencia y la disposición de limar fisuras.
Por su parte, Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en este suroriental territorio, dijo que en la medida de lo posible se tratará de solucionar problemáticas particulares de los ciudadanos; y que no existe motivo alguno para ser permisibles ante actos de delincuencia que, lejos de construir, destruyen y provocan inseguridad en el pueblo.