Cargando...La viabilidad de los productores de negociar de manera directa con varias entidades, además de llevar a un perfeccionamiento de la gestión estatal en temas de mercado minorista, están entre las oportunidades que se vislumbran con la puesta en vigor de la Política de Comercialización en Cuba, a parir del venidero 4 de junio.
En la provincia de Granma, de manera particular, esas disposiciones, contenidas en 51 principios, han sido acogidas con beneplácito aun cuando resta camino para conocerlas a fondo, pues 31 de ellas son nuevas en su totalidad.
Así lo aseguró Rogelio Solano Socarrás, jefe del departamento de comercialización de la delegación del Ministerio de la Agricultura, quien acuña que lo que se busca es resolver los problemas que tienen hoy los productores para llevar al mercado el fruto de sus esfuerzos.
“También se pretende aminorar el monopolio que establece la Empresa de Acopio, al servir como único intermediario entre el campo y el destino final.
“A partir de la aplicación de estas medidas se abren las posibilidades mercantiles y pueden comercializar sus producciones tanto el campesino de manera individual, como la cooperativa, la empresa o un trabajador por cuenta propia, en consonancia con el programa de autoabastecimiento que se fomenta. Ahora el productor puede establecer relaciones contractuales con otros productores, con la industria o con las cooperativas”.
Teniendo en cuenta el necesario ajuste del marco legal apuntó:
“Estas disposiciones obligan a establecer un contrato, el cual juega ahora un mayor papel. Aun existen productores que no realizan el contrato de sus obtenciones y luego presionan a las instituciones para que les compren lo obtenido en las huertas”.
El especialista explicó, en ese sentido, que cuando el productor pacta su cosecha con una entidad y esta incumple con lo conveniado, o no está en condiciones de recepcionar esos volúmenes, el agricultor está en el derecho de buscar otro cliente, también con la mediación del formalismo.
Recordó que en los campos se quedaban, lamentablemente, altas cantidades de frutas, viandas, granos y otros alimentos, por diversas causas que iban desde la ineficiencia de las entidades acopiadoras hasta la no disponibilidad de recursos, como el transporte, una derivación más del bloqueo económico y comercial del gobierno norteamericano hacia la mayor de las Antillas.
Al ser la primera política de este tipo establecida en el país, Solano Socarrás insistió en que requiere ser estudiada y que sean dadas a conocer a las entidades y a quienes están en el surco.
En otro momento agregó:
“Hay que hacer que los productores conozcan y entiendan estas 51 políticas del Estado, para que puedan buscar las variantes en ese proceso de la comercialización”, concluyó.
