Tarea Ordenamiento: Nuevas medidas de carácter salarial y actualización sobre precios y tarifas

El jefe de la comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, recordó que el ordenamiento monetario lleva dos meses y medio de ejecución, medida anunciada desde el 10 de diciembre con la posterior publicación de las normas jurídicas. 

Desde ese momento, en que comenzaron las opiniones del pueblo, se empezaron a revisar los elementos señalados. “Todo lo que se cambió en diciembre tuvo que ver con el diseño y muchas de las cosas que ocurrieron a partir de enero tuvo que ver con la propia implementación y errores que se cometieron”, reconoció.

Datos aportados por Murillo Jorge indican que en Cuba hay más de 3 000 000 de personas trabajando en el sector estatal, de ellos el 52% está en el sistema empresarial y el 48% en el sector presupuestado. “Un sector presupuestado grande, debido a las conquistas sociales de la Revolución, pero que habrá que ir revisando poco a poco porque es un gasto social grande”.

También hay 1 670 000 pensionados y unos 114 000 núcleos que reciben ayuda de la asistencia social. “Todo eso sumado se ubica en torno a los 5 000 000 de personas”.

Murillo Jorge reiteró que uno de los objetivos de la Tarea Ordenamiento es que a partir del incremento de salario, las pensiones y la asistencia social “esas personas tengan la percepción que ahora están mejor que antes”.

Reconoció que han ocurrido errores en la implementación, precios que se dispararon y sobre todo, los precios del mercado informal de la economía debido al déficit existente. “Hay preocupación en las personas sobre el tema ingreso-precio y es algo que estamos estudiando a profundidad y con lo que hemos tomado medidas que se han ido informando”.

Por tanto, ese objetivo de la Tarea Ordenamiento no se ha perdido. “Pero no es el único, el más importante es una corrección del precio relativo a los productos buscando que la economía reaccione”, dijo y reafirmó que “todos los objetivos se siguen y se toman medidas, en medio de una compleja situación económica”, por el recrudecimiento del bloqueo y el impacto de la pandemia.

Al referirse a la marcha de la Tarea Ordenamiento, argumentó que como método de trabajo, existe un chequeo constante por parte del Gobierno. Se han efectuado 53 reuniones presididas por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, donde se han analizado 167 temas, de los cuales 44 asuntos implican cambios en las normas jurídicas. En total, 67 normas, de las cuales ya están emitidas 27 y en proceso se encuentran 40. 

Se han tomado decisiones, continuó, relacionadas con los sectores presupuestado y el empresarial, en términos de tarifas, precios y vínculos entre las empresas, que de manera indirecta tienen que ver con la población.

“Muchos de esos temas son resultado de escuchar constantemente las opiniones de la población, como siempre ha indicado el general de Ejército, Raúl Castro”, destacó.

Revisando las medidas tomadas, Marino Murillo recordó que se modificaron las tarifas eléctricas en el sector residencial, con un presupuesto subsidiado previsto de 17 800 000 000 que pudieran ser superiores si crecen los precios del petróleo en el mercado mundial, “como lo están haciendo. Pero al menos en este primer año las tarifas no se subirán”, anunció.

“Si creciera el costo de la generación de electricidad sin subir las tarifas, el monto que tiene que asumir el presupuesto pudiera ser más grande, en el orden de 3 000 000 000 o 5 000 000 000 más. Pero depende de cómo se comporte el precio del petróleo en el mercado mundial”.

En cuanto al ahorro, dijo que en enero las tarifas ayudaron a que las personas ahorraran.

La segunda medida fue el establecimiento de tarifas eléctricas para las formas de gestión no estatal. “Aquellas personas que tenían su actividad económica en su vivienda también pagaban la tarifa residencial y junto con la reducción de la tarifa, se les cambió la facturación. Incluso se les dio la opción de los primeros 250 pesos por la tarifa residencial con subsidio y de ahí en adelante por la tarifa no residencial que es más cara, pero no progresiva”.

“Algunas personas han dicho que ahora le vamos a pagar la electricidad a los cuentapropistas. No es correcto. Siempre la tarifa no residencial cubre los costos de la generación”, aclaró Murillo Jorge.

No obstante, a estas personas, cuya tarifa fue modificada, se le pidió “un actuar responsable y no poner a la población precios abusivos y especulativos”, dijo.

Igualmente se actualizaron las tarifas para aquellos que generan fuera del sistema energético nacional, con fuentes renovables y cogeneradores independientes, de manera que se estimulen estas formas.

La cuarta medida consistió en la reducción del precio del GLP, en principio en 213 CUP y bajado a 180. “También ha habido una eficiencia en este consumo en las familias. Antes las personas que tenían un ciclo casi siempre consumían un cilindro antes del ciclo. Ahora, según nos informan de Cupet, se quedan un poquito más pasaditos del ciclo”.

Sobre la disminución del precio del keroseno en 50% en zonas no electrificadas implica un subsidio de 90 MMP del presupuesto del Estado.

Por otra parte, se amplió la nomenclatura de medicamentos con precios subsidiados que implica el crecimiento del subsidio del presupuesto a más de 3 000 000 000 de pesos.

Se tomaron asimismo medidas para el control de los precios abusivos y especulativos. Reiteró que existen condiciones objetivas para que se produzca un incremento de precios. “Uno, el déficit de oferta. Dos, se ha subido el ingreso de la población y por tanto, la demanda solvente. Tres, el incremento de los costos a las formas de gestión no estatal, y cuatro, el alto déficit fiscal del presupuesto relacionado de alguna manera con el proceso inflacionario”.

“Entonces, hacer la Tarea Ordenamiento aún con esos riesgos fue la decisión. Pero existe un grupo de medidas de corte administrativo para enfrentar precios abusivos y especulativos, las cuales se están tomando pero no con los resultados previstos. La población siente esos precios y se queja”.

Según el Ministerio de Finanzas y Precios, el 82% de las denuncias que se investigan resultan “con razón”, lo que indica que “existen violaciones porque el enfrentamiento tiene debilidades. Se estudian nuevas medidas, pero habrá que seguir batallando contra estos precios”.

La octava medida fue la ratificación de facultades de aprobación de precios a diferentes niveles. Por ejemplo, a rones nacionales, surtidos de cigarros y nuevo surtido de la compota de entrega normada.

Se ha trabajado, además, con el sector del transporte en la descentralización de facultades al Ministro para establecer tarifas de transportación pública, otros servicios especiales por ómnibus y de carga área; así como en la disminución de las tarifas de carga en el sector empresarial. “Se han bajado tarifas que exigen a las empresas transportistas una mayor eficiencia”.

En este sentido, resumió, han quedado tarifas máximas para el alquiler de ómnibus, minibuses y microbuses para el transporte a trabajadores y autorización a que las entidades asuman parte del costo. “Había lugares en que la transportación obrera casi le costaba a las personas 600 pesos al mes. Si la entidad paga la mitad o una parte, ayuda a esos trabajadores, sobre todo aquellos que deben recorrer largas distancias”.

También se transformó, prosiguió Murillo Jorge, la forma en que el Ministerio de Salud Pública paga las tarifas de transporte a los pacientes de hemodiálisis y el cobro de la tarifa de la empresa de transporte escolar. Por ejemplo, “en las escuelas esos transportes cobraban también las ocho horas que estaban detenidos esperando y si era así, se acabaría el presupuesto en tres meses. Son cosas chiquitas pero que dan paso a cosas grandes. Antes la tarifa era pequeña y no siginificaba nada, pero ahora las personas e instituciones han comenzado a revisar su presupuesto. Son las cosas de corte positivo de la Tarea Ordenamiento”.

A la par, se ha trabajado mucho el precio del cerdo, arroz, café, semillas de hortalizas, viandas y frutas. Por ejemplo, “el precio de la tonelada de cerdo en pie a los productores es 42 000 pesos y ellos no estaban de acuerdo porque no les daba utilidad producir cerdos. Pero la solución no fue subir el costo del cerdo. Sino bajar el precio a ellos de los piensos al 60%”.

El jefe de la comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos anunció que otras medidas relacionadas con el arroz y la leche están siendo analizadas y serán informadas próximamente, “resultado de recorridos por el país y discusiones en los territorios, pensando en el tratamiento especial al sector agropecuario”.

Otras revisiones tuvieron que ver con las tarifas de agua al sector productivo, que bajaron en un 20% aproximadamente. 

• Se han dado facultades de los ministerios a los grupos empresariales, como parte de la política de centralizar las facultades de precios a las empresas.
• Establecimiento de subsidios a precios minoristas para productos de entrega específica al Plan Turquino – Manatí, Caimanera y zonas de difícil acceso.
• Se estableció la tarifa fija para el cobro de agua en edificios multifamiliares.
• Se acotaron los precios de los comedores obreros. “Por encima de 18 pesos lo tiene que pagar el centro de trabajo o una parte, pero los problemas dados inicialmente de una ración en 100 y 200 pesos ya se resolvieron”.
• Se le dio un tratamiento al procedimiento para el cobro del servicio de limpieza de fosas reiterativas y casos vulnerables “que a partir de una formulación lo más que te puede costar en el año es 280 pesos”.
• Aplicación de precios mayoristas de combustible a las cooperativas no agropecuarias, dedicadas a la transportación de pasajeros.

“El litro de diésel mayorista es 14 pesos y el minorista 30. Todo esto se hace para que se refleje en los servicios minoristas a la población y no haya precios abusivos y especulativos”, subrayó.

• Se revisaron las tarifas de los servicios jurídicos prestados por los bufetes colectivos. “Se bajaron en un por ciento importante”.
• Establecimiento de tarifas máximas de los servicios productivos en CUP para el cobro de los servicios que presta la Aduana General de la República.

“Las personas que habían importado antes del 31 de diciembre se le cobraron los aranceles anteriores a la Tarea Ordenamiento, debido a que estos servicios estuvieron detenidos por la pandemia”.

• Aprobación de los precios mayoristas de combustible para TaxiCuba.
• Bonificación de la tasa de peaje a personas jurídicas y naturales que lo requieren por sus funciones y lugar de residencia.

Murillo Jorge recordó que en enero cuando las personas no recibieron el mismo anticipo de 1 000 pesos de diciembre, se aprobó otorgar un anticipo salarial a quien lo necesitara con posibilidades de pagarse en cuatro meses, “una medida cuyo uso prácticamente fue mínimo, pero se atendió las opiniones de la población”.

Otra modificación consistió en el incremento de las escalas salariales superiores para los operarios de alta clasificación en el sistema empresarial (60 cargos y más de 12 000 trabajadores).

El jefe de la comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos dijo que el diseño de la tarea previó que no iba a haber pagos por resultado, sino a destajo, con la distribución después según las utilidades. “No obstante, se mantuvieron para un grupo de instituciones asociadas al resultado individual que no constituye un pago a destajo en agencia de taxis (TaxisCuba), empresa de transporte de La Habana (choferes y cobradores) y comercio minorista del turismo”.

Otra medida estuvo relacionada con la descentralización de la facultad al ICRT y al Ministerio de Cultura para la aprobación de las formas de pago a los trabajadores que participan en la producción y realización de los programas de radio y televisión, estudios de animación y obras audiovisuales. 

Igualmente se estableció un sistema de pagos para los gestores cobradores de multas, así como se pasaron a escalas salariales superiores a los maestros graduados de técnico superior (ciclo corto) en la enseñanza general y media. 

Con relación al tema del banco, argumentó, se tomaron medidas para apoyar al sistema empresarial. “Siempre que se haga una devaluación se produce el descalce de monedas por diferente tipo de cambio. Entonces, toda la deuda que había la concentramos en los bancos, quitándosela al sistema empresarial y al banco lo calza el presupuesto del Estado”.

“Hay unos 87 000 000 de deudas que las empresas no han pasado de su contabilidad a los bancos y se amplió la prórroga hasta marzo. Cuando se acabe el mes, la empresa que no lo haga y, después aparezca el dólar para pagar una deuda al exterior, le harán falta 24 pesos, pero esta solo tiene un peso porque esto se generó antes del tipo de cambio. Es decir, si la empresa no hace este proceso antes de que acabe marzo, esta tendrá que asumir el 23×1 que le falta”.

Murillo Jorge también se refirió a la aprobación de la entrega de financiamiento al grupo azucarero Azcuba, que se encuentra en plena zafra, con sus limitaciones. “Hay un incumplimiento importante de la producción de azúcar”, acotó.

También se entregó financiamiento a empresas agropecuarias de Artemisa y Mayabeque, que lo han solicitado, “con el espíritu de que no se produzcan cadenas de impago con los productores, pues estamos revisando los flujos financieros en este tipo de empresas”.

Precisó que se han estudiado más de 100 temas durante estos primeros meses de Tarea Ordenamiento. “Las personas siguen teniendo muchos criterios. Algunos, incluso, dicen que han cambiado tantas cosas después de tantos años de estudios. Así es la vida: hemos reconocido que ha habido cosas de diseño e implantación, pero es preciso recordar que en un mismo día se hicieron muchos cambios (se quitó el CUC, se cambió el tipo de cambio, se hizo la reforma salarial y se eliminaron subsidios excesivos y gratuidades indebidas) y todavía hay un grupo de cosas en la economía que hay que seguir precisando a largo plazo”.

Por ejemplo, la actividad del transporte es transversal a la economía y como tal implica muchos ajustes. Reconoció que en los primeros días las tarifas de estos servicios dieron sus problemas, pero “con el paso del tiempo se ha ido enderezando, definiendo tarifas que exigen el máximo de eficiencia en las empresas de transporte”.

En términos de precios, dijo, ha habido un proceso de descentralización en la formación que aunque haya generado una primera etapa compleja, en el futuro será mejor porque los empresarios tendrán que negociar precios, ponerse de acuerdo. “Un país no puede tener la cantidad de precios que teníamos centralizados”.

Al intervenir en el programa televisivo, Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, se refirió en un primer momento, al incremento salarial aprobado para operarios de alta calificación.

“Existía una deuda con aquellas personas de categoría ocupacional técnicos, que tenían requisitos de calificación de técnicos de nivel medio, y cuando se hizo el incremento de salario en el año 2019 no se pudo subir el salario de manera tal que hubiera un escalonamiento entre el salario de los profesionales de nivel superior y los de nivel técnico medio”.

Dijo que había un espacio dentro de la propia escala salarial que estaba vacío, “porque no se pudieron hacer los movimientos de estos técnicos. En la Tarea Ordenamiento ese fue uno de los aspectos que pudimos solucionar”.

“Hubiéramos querido, desde el propio diseño de la Tarea, hacerlo también con los operarios que tienen requisitos de calificación, pero cuando se corren los equilibrios macroeconómicos-financieros, la diferencia entre los ingresos y gastos específicamente por la partida de salarios, no permitía en ese momento hacer esta erogación”.

La ministra abundó que se habían previsto un grupo de formas de flexibilización de los ingresos de los trabajadores en el sector empresarial, donde el salario se había subido en 9,6 veces, pero había un ingreso móvil a partir de los pagos a destajos y de la generación de riquezas y utilidades, que también de una manera flexible, podía erogarse. “Los trabajadores iban a tener permanentemente unos ingresos sostenibles e incrementados”.

Sin embargo, la situación que atraviesa Cuba por la pandemia, agravada por el recrudecimiento del bloqueo, “no ha permitido que el sector empresarial genere las riquezas e ingresos que se esperaban, para que este salario de los trabajadores incrementara en los niveles diseñados”, señaló.

Por tanto, “se decidió hacer un análisis que desgraciadamente no podía abarcar a todos los operarios. Se hizo una selección de operarios a partir de requisitos definidos para ser beneficiarios de esta medida. Ahí estaba no solo el asunto de la calificación, sino también los períodos prolongados que requieren para su formación”.

“No se forma un liniero en una semana. No se forma un operario de una termoeléctrica en tan poco tiempo. Sino, a partir de un grupo de cursos que se requieren, prolongados en el tiempo”.

De acuerdo con la ministra, otros requisitos que se tuvieron en cuenta fueron la realización de funciones de alta responsabilidad en puestos claves de sectores estratégicos, y las fallas en la operación que representan un alto costo económico y social.

“Hubo 11 organizaciones superiores de dirección empresarial que en ese momento pudieron concluir el análisis de este grupo de operarios y, como informamos en Mesas anteriores, constituyó el principio de una parte del estudio que abarcó 60 cargos, 12 398 trabajadores y tuvo un costo de 67 000 000 de pesos.

Además, añadió la titular, ese estudio continuó con un trabajo muy serio realizado en el resto de las organizaciones superiores de dirección empresarial. Se suma otro grupo de OSDE “como Gempil, la mayorista de alimentos, GEICOM, el grupo ganadero, la OSDE de recuperación, entre otras”.

(Tomado de Cubadebate)