Con la presencia de Esteban Lazo Hernández, titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, directivos de las Comisiones Permanentes del órgano legislativo evaluaron la ejecución de las tareas previstas para el mes de febrero.
Al pasar revista a los acuerdos adoptados en la reunión anterior, los diputados debatieron sobre la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales. En este sentido, coincidieron en la necesidad de establecer cronogramas de trabajo que permitan controlar de manera efectiva la implementación de las normas jurídicas aprobadas en el Parlamento.
Para ello, propusieron que los organismos que ejercieron la iniciativa legislativa rindan cuenta sobre el estado de aplicación de dichas normativas. «La leyes no son para guardarlas, son para actuar, y nosotros tenemos la obligación de controlar que se cumpla lo acordado», señaló Lazo Hernández.
En la reunión también se presentaron los resultados de la comprobación realizada a la producción y comercialización de los productos agropecuarios en La Habana, que incluyó visitas a mercados estatales y arrendados de la red comercial minorista en la capital, y a formas productivas en Artemisa y Mayabeque.
Ramón Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria, detalló las insuficiencias encontradas, fundamentalmente administrativas, y aseguró que durante los intercambios con los campesinos se pudo constatar la disposición de seguir aportando a la economía del país.
Dada la prioridad que se otorga a la producción de alimentos, el informe con los resultados de este control será analizado con el gobierno provincial de La Habana, y también será trasladado al Consejo de Ministros para evaluación.
Durante el encuentro, en el que también participaron Ana María Mari Machado y Homero Acosta Álvarez, vicepresidenta y secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, respectivamente, se analizó la participación de los diputados en los macroprogramas del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, se informó sobre la marcha del cronograma de la rendición de cuenta del gobierno de Sancti Spíritus y la alta fiscalización al Ministerio de la Construcción, y se abordó la implementación del Acuerdo 122 del Consejo de Estado.