Cargando...Por Aymara Massiel Matos Gil/ Parlamento
Mediante acciones de monitoreo desarrolladas entre diciembre y enero últimos, diputados cubanos comprobaron la atención que reciben personas y familias vulnerables en relación con la implementación de la Tarea de Ordenamiento en el país.
Llevado a cabo por integrantes de la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer, el control incluyó encuentros con los organismos correspondientes en los municipios, la participación en reuniones de los Consejos de la Administración y Consejos Populares, intercambios con delegados de circunscripciones, y visitas a puestos de mando creados para el seguimiento a esta política y a casos identificados en las comunidades.
Un total de 737 personas fueron contactadas en una muestra que abarcó 27 municipios de las provincias del país, excepto Camagüey, Ciego de Ávila, Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud.
Los parlamentarios identificaron como fortalezas el disponer de listados detallados confeccionados tras la localización de las personas vulnerables, indicados antes del inicio de la Tarea de Ordenamiento; y la integración de los grupos organizados en los Consejos Populares, que además de los trabajadores sociales, cuentan con representantes de las organizaciones de masas y una activa participación de los delegados de las circunscripciones.
Entre otras potencialidades, también constataron el completamiento de las plantillas de quienes están encargados de identificar las familias más necesitadas; y la aprobación de procesos de otorgamiento de «eventualidad» a quienes lo requieran.
No obstante, notaron que, en muchos casos, las evaluaciones realizadas por parte de los rectores se apegan estrictamente a las normas jurídicas, sin tener en cuenta en las evaluaciones de factores subjetivos que deben hacerse cuando se atiende un programa tan sensible.
«Se apela constantemente a la obligación de los familiares allegados, pero falta profundidad en las particularidades», indicaron los diputados en su informe final.
En este sentido, expusieron que no siempre se corresponden los criterios de los Trabajadores Sociales, apegados a las disposiciones establecidas, con los de los delegados y presidentes de Consejos Populares, conocedores de las características socioculturales de las familias en su área de atención.
«Si bien el diseño de la política aprobada ratifica la máxima de no dejar desamparada a ninguna persona, se impone mantener la actuación rigurosa en el cumplimiento de lo indicado y, a la vez, tener la capacidad para interpretar e identificar con la flexibilidad requerida, lo que sea adecuado para cada caso», precisaron en las conclusiones.
«Apreciamos, además, la expresada necesidad de interpretar este proceso en su continuidad, pues la condición de vulnerabilidad no puede verse de manera estática, ni todos los casos requieren una ayuda permanente. Por lo tanto, la atención a estas personas o familias conlleva un seguimiento sistemático que permita el cambio de la medida aprobada con agilidad, ante la solución de su vulnerabilidad o por el agravamiento de su situación».
La presentación de expedientes incompletos a la comisión evaluadora de los casos a dictaminar como familias vulnerables y las pocas ofertas de empleo para las madres desempleadas en edad laboral, fueron otras debilidades identificadas durante el monitoreo.
Los parlamentarios citaron ejemplos como el de Santa Clara, donde se encontraron familias necesitadas, con ancianos, y madres con 3 o más hijos, en las que no ha procedido la ayuda por tener familiares obligados, que en la práctica no asumen esa responsabilidad.
Otro caso mencionado fue el de Las Tunas, que al contar con muy pocos trabajadores sociales por Consejo Popular, se hacen más compleja las visitas a familiares que deben asumir el cuidado de los vulnerables, por lo que es poco el tiempo para desarrollar el proceso de certificación y muy lenta la tramitación.
La dirección de la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer señaló que este monitoreo permitió comprobar el alto nivel de prioridad que tiene esta tarea en los territorios; no obstante, destacó la necesidad de continuar preparando a los encargados de implementar estas acciones, para lograr mayor claridad en la evaluación de los casos y situaciones de vulnerabilidad, y asumir con más celeridad las respuestas o soluciones que correspondan.
«Cumplir la política aprobada y garantizar que ninguna persona quede desamparada es un enorme desafío para nuestro país en medio de la cruel hostilidad del bloqueo y las adversas condiciones agravadas por la situación epidemiológica que enfrentamos. La comprobación al cumplimiento de esta política continuará como una tarea permanente de los diputados durante los próximos meses», aseguró.
(Tomado de parlamentocubano.gob.cu)
