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Cargando...Cuando el pasado martes el primer ministro holandés Mark Rutte anunció la prórroga del confinamiento en su país hasta el 9 de febrero debido a la alta prevalencia de la Covid 19, pocos ciudadanos podían vaticinar que días después suspendería al gobierno en pleno.
Este sábado, al concluir su cita con el rey Guillermo Alejandro, el primer ministro hizo pública su decisión de recesar en sus cargos a todos los ministros.
Los móviles de una decisión
Lo que empezó por la denuncia de un caso de discriminación y corrupción administrativa, se incrementó dos, tres, una decena de veces en cinco años. Los casos fueron multiplicándose hasta convertirse en un escándalo que ha implicado a unas 10 mil familias injustamente acusadas de engañar al programa de bienestar social.
“El Estado de derecho debe proteger a sus ciudadanos del todopoderoso gobierno, y aquí esto fracasó de forma estrepitosa”, dijo Rutte en conferencia de prensa donde, en plena crisis económica- sanitaria por la Covid 19, hizo pública su decisión de recesar a los ministros cuando faltan apenas dos meses para las elecciones legislativas.
Este era el tercer mandato del cincuentenario liberal Mark Rutte, quien ocupa el cargo desde 2010. Durante los dos primeros integró gobiernos de coalición, pero en los últimos sufragios presidenciales pactó con la propuesta del diputado de extrema derecha Geert Wilders. Encuestas adelantaron que esa formación liberal-conservadora ̶ Partido Liberal por la Libertad y la Democracia (VVD) ̶ podría repetir su triunfo en los comicios del 17 de marzo.
Según explicaciones del mandatario, en el caso del supuesto fraude erraron todos los ministerios: Asuntos Sociales, Hacienda y Economía; también jueces y funcionarios. “Todo ha sido horrible. Se ha tachado de delincuentes a personas inocentes, sus vidas han sido destruidas y el Congreso fue informado de forma incompleta y errónea. El método para otorgar el subsidio debe reorganizarse totalmente”.
La dimisión parte de una pesquisa parlamentaria en la que se supo que funcionarios del fisco con la anuencia ,estatal, causaron la ruina financiera de miles de familias que enfrentaron falsos cargos de fraude por los que debieron reponer decenas de miles de euros de subsidios otorgados para garantizar el cuidado de sus hijos.
Como resultado del escándalo, primero (el jueves) renunció el Ministerio de Hacienda, luego el de Economía, y este viernes el bloque completo.
El “mal manejo” del tema durante casi una década salió a la luz gracias a las investigaciones de abogados como la migrante española Eva González Pérez, esposa del dueño de una guardería infantil, y Orlando Kadir, quien representaba a unas 600 familias en una demanda contra los políticos. Los letrados describieron a sus representados como víctimas del desempleo, en bancarrota, instados al éxodo, en fracasos matrimoniales y divorcios, que además eran “mal vistos” por funcionarios extremistas.
Eva, quien se involucró en el estudio desde 2014, dijo a la prensa: “Imagínese que de repente suprimen la asignación y los padres no tienen dónde dejar a sus hijos en horario laboral porque no pueden pagarlo. Lo normal es que si te quitan ese dinero te den explicaciones para que tú puedas demostrar que se equivocan; que sí tienes derecho. Pero se bloquearon las ayudas a pesar de que las familias presentaban la documentación en regla. Se les dijo que buscaran la respuesta en los tribunales”.
El esposo de la abogada, quien se desempeña como directivo de centros infantiles en varias ciudades holandesas, vio que muchos padres dejaron de llevar a sus pequeños por problemas de dinero. En algunos casos eran víctimas de sentencias que les obligaban a devoluciones que ascendían a 100 mil euros.
González Pérez descubrió que muchos de los sancionados eran turcos, marroquíes, o personas tenían doble nacionalidad, algo que ya no es obligatorio exponer en los datos personales en los Países Bajos.
Fue tal la crudeza del sistema de vigilancia sobre las ayudas a unos 26 mil padres desde 2013 que muchos de ellos perdieron sus hogares y empleos, sufrieron vejámenes por tener doble nacionalidad y por su origen étnico, además de vivir estigmatizados por un supuesto fraude a la seguridad social, denunciaron.
Aunque en diciembre el gobierno de los Países Bajos previó compensar en los próximos cuatro meses con al menos 30 mil euros (35.000 dólares) a cada familia afectada, la medida no fue suficiente para acallar el escándalo ni evitar que este llegara al Parlamento.
Lo simbólico de la dimisión del gobierno de Mark Rutte reside en dos elementos. Uno, la incapacidad del gobierno de asumir autocríticamente el racismo sistémico de esa sociedad. Dos, que, a pesar del anuncio, el gabinete se mantendrá activo de forma provisional hasta la realización de las elecciones el 17 de marzo con el pretexto de mejorar la gestión de cara a la crisis de la Covid-19.
Un último detalle interesante es la alta probabilidad de que justo el Gobierno responsable del “error”, será el encargado de distribuir entre las familias afectadas un monto de 500 millones de euros para resarcirles los “perjuicios ocasionados”.
