Aplican sanciones por violar normas dirigidas a controlar la COVID-19

Estimular el cumplimiento de las medidas aprobadas para enfrentar la propagación de la COVID-19 en el territorio habanero, tiene como fin el Decreto no.14, firmado el pasado 30 de agosto y que entró en vigor el 1ro de septiembre.

Orestes Llanes Mestre, coordinador de Fiscalización y Control del Gobierno en la capital, explicó que en los primeros cuatro días de implementación de esa norma, por el Decreto 14, se impusieron 1 843 contravenciones.

“Por organismos, la Policía Nacional Revolucionaria impuso 1 012 multas, la Dirección de Inspección, Supervisión y Control (DISC), 645;  la Inspección Sanitaria Estatal (ISE) del Ministerio de Salud Pública, 133;  la Dirección Estatal de Comercio, 17 y la Dirección de Inspección Estatal de Transporte, 65, para un total de 1 843”, detalló el coordinador.

Del total de multas, especificó, 1 757, por un monto de 2 000 pesos, sancionan las violaciones relacionadas con el no uso o el uso incorrecto del nasobuco, la medida que más se impone por ser la que más incide en la propagación del coronavirus.

En la etapa se aplicaron otras 48, por 3 000 pesos. De ellas, 25 se aplicaron a establecimientos estatales o trabajadores por cuenta propia, por violar alguna de las normas sanitarias obligatorias para la actual fase de transmisión autóctona: ausencia de pasos podálicos o las soluciones de hipoclorito o alcohólicas para la desinfección de las manos y los pies a la entrada de los centros. En estas 25, dijo, se incluyen directivos y cuadros responsables del cumplimiento de esas medidas.

Mientras, las otras 23, relacionadas con el inciso 10 del Decreto no.14, también por 3 000 pesos, sancionan la circulación de vehículos en el horario nocturno, cuando está prohibida la circulación, y también durante el día, sin tener el permiso para hacerlo.

Además de las multas, se han retirado 21 documentos –la matrícula del medio de transporte y el documento que lo autoriza. “Mientras perdure la medida no se devolverán los documentos a los infractores”, enfatizó Llanes Mestre.

Entre los centros multados, indicó, se encuentran panaderías, placitas de productos agropecuarios, carnicerías, punto de venta de productos agropecuarios de un trabajador por cuenta propia, punto de venta de gas y taller de ambulancias, en municipios como Cerro, Playa y San Miguel del Padrón.

También se ha operado en actividades cerradas para la actual etapa epidémica como renta de habitaciones, piscinas y transportistas privados, que han estado ejerciendo cuando están temporalmente suspendidas esas licencias. “En esos casos, además de las multas, se han retirado las patentes para ejercer y posteriormente se evaluará qué otras medidas adoptar”, dijo.

Por otra parte, el Grupo Provincial de Fiscalización y Control ha impuesto 29 de multas, que responden a las denuncias de la población, por ejemplo, piscinas prestando servicios. “Los grupos provincial y municipales mantendrán el chequeo sobre bares y paladares, pues aun cuando están cerrados nos llega información acerca de la realización de actividades por reservación, a puertas cerradas, y todo eso está prohibido en estos momentos. Al que se detecte cometiendo tal violación, se actuará con el rigor que se establece por el Decreto 14 y que el pueblo está exigiendo su cumplimiento”.

A juicio del coordinador, “la única forma que tenemos para frenar la propagación de la COVID-19,  es cumplir con las medidas que han dictado las autoridades sanitarias y que no siempre somos respetuosos con ellas”.

En estos días, se han impuesto también 16 multas por estar jugando en la calle o estar haciendo estancia en la vía pública, “algo no permitido en estos momentos, los jóvenes deben estar recogidos en sus viviendas, no jugando fútbol en las esquinas y en la calle, hasta tanto logremos controlar la situación epidemiológica que tenemos en la capital”.

Según dijo, en la ciudad operan más de dos mil grupos de trabajo político ideológico a nivel de zona, de Comités de Defensa de la Revolución y consejo popular, que tienen como objetivo de dialogar y persuadir a las personas. “Llevamos más de seis meses alertando, informando y haciendo llamados a la conciencia. El pueblo está reclamando de las autoridades una mayor actuación, más firme. Estábamos aplicando los decretos tradicionales que se establecen para estas cuestiones, aunque los niveles de indisciplinas no son tan elevados, tampoco son los que necesitamos para estos momentos”, consideró el coordinador de Fiscalización y Control del gobierno de la capital.

(Con información de Tribuna de La Habana)