Cargando...Por Msc. José Ángel Pérez García, del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial
En noviembre de 2019, luego de ganar limpiamente las elecciones presidenciales en ese país por cuarta vez consecutiva desde 2005, y superar por más de 10 % de los votos válidos al contrincante más cercano —el candidato presidencial Carlos Mesa— en la contienda electoral, el presidente Evo Morales fue conminado a renunciar por el ejército y la policía boliviana ante las acciones fascistas de los opositores.
Un informe de la OEA afirmó evidencias de un fraude que nadie ha podido probar, ni la propia OEA, y muchas instituciones de crédito han rechazado como Centro Carter, Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Washington Post, etcétera. Ese fue el pretexto perfecto para cuestionar la validez de las elecciones, echar el último combustible a la hoguera de la violencia y poner la última pieza de un rompecabezas que se llama golpe de Estado fraguado mucho antes de las elecciones del 20 de octubre de 2019.
Tiene Bolivia en su subsuelo mucho litio y otros minerales estratégicos decisivos para el ejercicio del poder global en el siglo XXI y que no están precisamente en manos de las trasnacionales estadounidenses. Por eso el imperio —ahora manejado por los antojos del presidente Donald Trump— no toleraría otro mandato a un presidente contestatario que ya había probado compromiso con el pueblo y la soberanía nacional, y que entre 2020 y 2025 se había propuesto iniciar la industrialización del litio, licitado a empresas rusas, alemanas y chinas.
La ejecutoria económica y social del presidente Morales en 13 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) no explica del todo el golpe de Estado, pues Bolivia alcanzó los mejores resultados macroeconómicos y sociales en un contexto de estabilidad política nunca antes registrada en ese país.
Sin embargo, todo lo anterior sí expresa que las élites burguesas bolivianas no quisieran la continuidad del presidente Morales pues a pesar de lo mucho que ganaban en su período de gobierno, una parte del ingreso nacional era captada por el Estado boliviano (renta de las exportaciones de petróleo y gas nacionalizada desde 2006) para ser mejor redistribuida a favor de la población más vulnerable.
Al mismo tiempo, la burguesía boliviana continuó empoderada a pesar de las transformaciones emprendidas por el gobierno (83 % de la economía es de propiedad privada y 17 % corresponde al Estado, el sector cooperativo y comunal) y reclamaba para sí todas las ganancias del país.
Los efectos de la mejor distribución de los ingresos se constatan en que la pobreza de la población bajó de 59,9 % en 2006 a 34,6 % en el 2018 y la pobreza extrema cayó desde 38,2 % a 15,2 % en ese período. La desigualdad de ingreso medida por el Índice de Gini también bajó desde 0,61 en 2006 hasta 0,43 en el 2019, ubicándose incluso por debajo de la desigualdad media de Latinoamérica y el Caribe que fue de 0,46 en ese año.
Las políticas de empleo aplicadas por el presidente Morales permitieron bajar el desempleo de la población en edad laboral desde 5,5 % hasta 3,4 % en el 2018 y la tasa de ocupación laboral se estabilizó en 70 % en ese período. Si bien se reconoce que alrededor del 50 % del empleo en Bolivia aún está en el sector informal de la economía, la mejoría del empleo formal en un contexto de aumento de salario mínimo nominal que se cuadruplicó entre 2006 y 2019 (525 bolivianos en 2006 – 2121 bolivianos en el 2019) y baja inflación (11,8% en el 2006 – 2,5 % en el 2019), permitió un aumento considerable de acceso al mercado para millones de trabajadores y gente humilde y una realización del salario nunca vista en ese país.
Por primera vez en la historia boliviana se registraron 11,9 millones de cuentas bancarias, casi la mitad de las cuales estaban en el orden de los 3 mil bolivianos (unos 500 dólares), lo que significa que una parte importante de los ahorristas no eran ricos, sino trabajadores y clase media beneficiadas por las políticas públicas del gobierno.
El consumo de los hogares creció como promedio 4,7 % entre 2006 y el 2019, en tanto la economía registraba una tasa promedio de crecimiento anual estimada en 4,8 % entre 2006 y el 2019, y el volumen del PIB pasaba de 9 554 a 44 885 mil millones de dólares en sólo trece años.
Si bien esos resultados económicos se ralentizaron algo desde el 2014 debido a la depresión del comercio mundial, la caída de la demanda en los principales mercados y de los precios de las exportaciones de bienes bolivianos, lo cierto es que el mercado interno fue capaz de halar el crecimiento económico del país.
La estrategia económica aplicada por el gobierno de Evo Morales si bien no se proponía metas antisistémicas en una primera fase de su gestión, sí fue exitosa al combinar las capacidades del sector privado de la economía, las del sector estatal con las de los sectores cooperativos y comunal que son parte de la multiculturalidad boliviana, incluyendo la inclusión social.
Para ello se basó en dos motores para el crecimiento, uno externo que se realizaba mediante las exportaciones de bienes al mercado internacional (en su mayor parte bienes primarios) y otro interno, reforzado por las políticas públicas de empleo, salario, inversiones y bonos sociales encaminados a reducir la pobreza y la desigualdad.
Todo eso está siendo echado abajo por el gobierno de facto encabezado por la usurpadora Yanine Añez quien aspira a borrar lo antes posible la obra económica, social y política del presidente Morales para entregar a Bolivia a las empresas trasnacionales americanas y retrotraer a ese país al neoliberalismo salvaje de los años 80 y 90 del siglo XX.
Las elecciones están fijadas para el 3 de mayo del año en curso. El MAS está mostrando suficiente fortaleza para protagonizar la lucha política electoral, ahora en un escenario muy complicado, pero trabajando sobre el núcleo duro del voto de su gente, que representa algo más del 30 % del electorado, y el respaldo que debe darle la pequeña y mediana burguesía, la cual fue beneficiada por las políticas del presidente Morales y que sabe va a ser devorada por la competencia trasnacional, en tanto la oposición va a hacer todas las alianzas necesarias -fraude incluido- para evitar que el MAS retorne de nuevo al gobierno. Así está planteada la encrucijada boliviana hoy.
